¿Una “entidad pública no estatal” para beneficio de los empleados de los tres Poderes del Estado santafesino, o recaudación segura que un grupo privilegiado de dirigentes sindicales utiliza para su propio financiamiento?
Si se da crédito a las denuncias que desde hace años realizan los gremios ATE y Amsafé, debería rebautizarse la llamada “Caja de previsión social de los agentes civiles del estado” como Caja de Pandora. Es que no deja de ofrecer sorpresas cuando se hurga en los pocos números que dejan ver sus balances: tiene un ingreso calculado en más de 230 millones de pesos anuales provenientes del aporte de sus 140 mil afiliados cautivos, muchos de los cuales no saben por qué se le descuentan casi 170 pesos de su salario y qué pueden reclamar a cambio. Está comandada además por un directorio facultado para fijar sus propios sueldos, lo que aprovecha asignándose honorarios que multiplican por 20 el salario promedio de los aportantes. Por si fuera poco, los gastos administrativos y de funcionamiento lucen desproporcionados si se los compara con, por ejemplo, la obra social de la provincia, Iapos, o la Caja de Jubilaciones santafesina. Y, sin agotar la lista de singularidades, la elección de sus autoridades –se realiza cada cuatro años– fue denunciada sistemáticamente por “fraude escandaloso”.
El próximo 24 de agosto deberán renovarse nuevamente las cinco personas responsables de gestionar esta frondosa masa de dinero. Pero esta vez, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que por dos décadas monopolizó los cargos bajo la jefatura de su histórico titular, Alberto Maguid, enfrenta una oposición organizada que en la ciudad de Santa Fe va en lista única y en Rosario se divide en dos.
La Caja del Seguro Mutual, nombre abreviado con el que se la conoce, remonta sus orígenes a fines de la década del 30 del siglo pasado, cuando la Seguridad Social era sólo un deseo y el único beneficio que otorgaba era el del seguro de vida. Hoy funciona con prestaciones ampliadas según la ley 9816 de 1985, que incorporó subsidios por incapacidad, anticipos por carecer de familiares directos, edad avanzada, jubilación o enfermedades terminales, y préstamos personales a los afiliados.
Según la norma que la rige, la Caja tiene por “afiliados obligatorios” a los “empleados de la Administración Pública provincial” de los tres Poderes, además de los que trabajan en organismos descentralizados, entes autárquicos y hasta en sociedades en las que el Estado santafesino tiene mayoría accionaria. Son al menos 138 mil, según un padrón de 2006 objetado por su desactualización y que debería tener unos miles de apellidos más.
A cada uno de estos afiliados cautivos se le descuenta una suma fija mensual de 167 pesos, cualquiera sea su sueldo. La administración de este dinero está a cargo de cinco personas: dos representantes de los empleados activos –uno por el norte provincial y el otro por el sur–, dos por los jubilados –con igual lógica– y un quinto por el Estado. Es un directorio que debe renovarse cada cuatro años por medio del voto de todos los aportantes. Pero la saga de irregularidades en esos procesos es larga. Gustavo Martínez, secretario general adjunto de ATE Rosario y candidato por la Lista 2 (Unidad para el Cambio, que integran también los docentes de Amsafé Rosario y los médicos de Siprus, entre otros), enumera algunas. Entre ellas, la asignación de pocos lugares de votación para la cantidad de votantes y la ubicación de urnas en comisarías en vez de escuelas, sitios históricos de sufragio en todo proceso que se pretenda democrático. Y además, los “aprietes”.
“En urnas donde votaron 25 afiliados aparecían 200 votos y se arreglaban las actas. Se denunciaba, pero la Junta Electoral convalidaba el fraude. Esto se dio masivamente en el área de Seguridad, que en ese momento pertenecía al Ministerio de Gobierno”, relata Martínez sobre la renovación del directorio de 2006. “Lo más grotesco se dio en las mesas de la (ex) Jefatura de Policía de Rosario. Allí, gente que se presentaba como encargado de las elecciones terminaba apretando a los compañeros que reclamaban, y después uno se enteraba que era un comisario”, sigue el dirigente de ATE.
“La política fue impedir el voto, sobre todo de los docentes. En las pocas urnas que se pusieron en los colegios las elecciones pasadas, el grupo que hoy domina la Caja (UPCN) perdió por paliza”, ejemplifica Martínez. Y remite esto a la “indignación” de los afiliados mejor informados sobre el funcionamiento de la entidad. “Porque se hizo conocida cuando los salarios de los directores eran el nuestro multiplicado por 20. Maguid cobraba 7.800 pesos y César Hadad, que hoy integra la Junta Electoral, 11.000 mientras un juez cobraba 6.500 con vergüenza y al Neuropsiquiátrico Agudo Ávila se le enviaban cinco mil mensuales para gastos de funcionamiento”.
Martínez denuncia además los vínculos con un sector del poder político. “Cuando uno analizaba el listado de personal jerárquico de la Caja parecía que veía la nómina del Senado provincial. Porque los apellidos eran los mismos, era una bolsa de trabajo de un determinado grupo”.
Los balances de la Caja nunca dieron cuenta exacta de su situación real. Incluso, el del año pasado no puede encontrarse en la página web del Boletín Oficial, donde debería estar por ley. El directorio argumenta que “el 29 de junio de 2009 fue publicado completo, pero en «alguna tirada de papel»”, cuenta Martínez.
Sobre los gastos del directorio, ATE Rosario destaca que es proporcionalmente el doble que el de otras entidades públicas que muestran un movimiento sensiblemente mayor: un estudio propio de 2006 arroja que mientras un empleado de la Caja de Jubilaciones o de Iapos hacía más de 70 trámites por día, uno de la Caja Mutual cumplía con uno cada cuatro días.
En cuanto a los “gastos de funcionamiento”, las cifras son igualmente singulares: 970.000 pesos por “gratificaciones funcionales” de dudosa justificación, sueldos por 6.879.000, adicionales por 6.651.000 y pago de alquileres por 376.783, como ejemplo de lo poco que aparece en los balances.
Esta mañana,a las 10 y en el local de ATE de San Lorenzo 1879, la Lista 3 dará una conferencia de prensa para reclamar, además, la publicación de los padrones para las elecciones del 24 y un pedido de reunión con el ministro de Seguridad santafesino, Álvaro Gaviola, para exigirle garantías en el sufragio.
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