El gobernador Hermes Binner fijó posición ayer respecto del debate sobre quién debe establecer los derechos de exportación, y lo hizo en términos controversiales si se acepta como natural un contexto político en el que, exclusivamente, el deber ser de la dirigencia es estar “con” o “en contra de”. El mandatario provincial aseguró que las retenciones a la exportación de soja las debe determinar el Poder Ejecutivo y no el Congreso nacional, y provocó la reacción de la Federación Agraria, cuyo titular Eduardo Buzzi lo acusó de privilegiar “lo que recauda por el fondo sojero” y de anidar en su seno un espíritu unitario, que lo ubica “más cerca de la Casa Rosada que de los intereses de los santafesinos” (ver aparte). También lo cruzó el reutemismo, la Coalición Cívica versión Rosario y la líder de ese espacio, Elisa Carrió (ver página 8).
Para Binner, las retenciones forman “parte del plan económico” del gobierno nacional, por lo que “no es adecuado que la Legislatura decida cuánto deben ser las retenciones”. El gobernador realizó estas declaraciones ayer a la radio LT 29 de Venado Tuerto, donde lo entrevistaron a raíz de su próxima visita a esa localidad del sudoeste santafesino para participar de la Expo Venado.
No fue mucho lo que dijo Binner a la radio, pero suficiente para que la reproducción de sus dichos corriera más rápido que el Williams de Rubens Barrichello. “Es un tema muy controvertido, indudablemente no es lo mismo aplicar retenciones a la carne, al trigo, al maíz que aplicarlo a la soja, son cosas diferentes”, introdujo al gobernador.
Y, tras asegurar que “constitucionalmente le corresponde a la Nación” cobrarlo, añadió que “indudablemente es una forma más dentro de lo que significa el plan económico nacional”, para deslizarse hacia la frase que no quería oír la oposición legislativa.
“Nosotros somos respetuosos de esa decisión y creemos que no es adecuado que la Legislatura decida cuánto deben ser las retenciones”, disparó Binner.
—¿Usted considera que es el Ejecutivo el que debe fijar eso?, le repreguntaron, como si no hubiese sido claro en su concepto.
—Porque es parte del plan económico, repuso para allanar cualquier duda.
Luego, amplió que las retenciones son “técnicamente un impuesto a la exportación” y por ello potestad del Ejecutivo, aunque “el Congreso establece el marco general con un esquema de segmentación que proteja al peque;o y mediano productor”.
Con todo, el 24 de este mes vence la ley de cesión de facultades del Congreso en el Ejecutivo, que no se inició con el kirchnerismo en 2003 sino con la Constitución nacional en 1853. Desde la sanción de la Carta Magna el Poder Legislativo cedió en la Presidencia del país el uso de una serie de facultades, que fueron prorrogándose a lo largo de los años.
La oposición desea que el próximo 24, cuando vence la última prórroga otorgada a la cesión de facultades, las mismas no sean renovadas sino que caigan. Se trata de un par de millares de leyes –entre ellas la facultad de establecer derechos de exportación– que nadie sabe a ciencia cierta qué cosas regulan en su totalidad.
Lo cierto es que a partir de ese planteo, tanto los partidos opositores con representación legislativa cuanto las organizaciones patronales del agro comenzaron a discutir la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos –en los casos más radicalizados–, o su nuevo establecimiento parlamentario con esquemas segmentados de las alícuotas, en el caso de las posiciones más racionales.
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