Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud firmaron hoy un convenio por el cual revisarán los antecedentes médicos de todos los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas, y así evitar situaciones de fuga como la ocurrida la semana pasada con los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi explicó que en “La medida apunta a verificar si realmente existen causales para requerir una atención determinada que, en caso de necesitarla, se prestará en el Hospital Central del Servicio Penitenciario de Ezeiza, que tiene servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para poder albergar a civiles y militares que están imputados por delitos de lesa humanidad”.
Para realizar las tareas de revisión de antecedentes médicos, los ministros Agustín Rossi, Julio Alak (Justicia) y Juan Manzur (Salud) acordaron la creación de la Comisión de Asesoramiento Médico, que integrarán médicos representantes de los tres ministerios: Pablo Kohan por Justicia, Eduardo Mario Bustos Villar por Salud, y Mario Perichón, por Defensa.
El objetivo es claro: “Que no haya márgen para situaciones como las que se produjeron la semana pasada”, aseveró el ministro Alak en referencia a Olivera y De Marchi, ambos condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan que se fugaron el último jueves aprovechando su atención médica en el Hospital Militar Cosme Argerich, en el barrio porteño de Palermo.
La justicia de San Juan había concedido a ambos detenidos el beneficio de su traslado transitorio a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, para ser atendidos en el Hospital Militar Central, por los servicios de dermatología, en uno de los casos, y de psiquiatría, en el otro.
“El Servicio Penitenciario Federal recibió una comunicación formal de la Justicia federal de San Juan para que realizara el traslado en tránsito de los detenidos -hoy prófugos- al Hospital Militar Argerich, dónde tenían turnos otorgados para dermatología y psiquiatría, cuestiones médicas que tranquilamente se podían subsanar en San Juan”, explicó Alak.
El viernes último, el Ministerio de Justicia firmó una resolución para que “el Servicio Penitenciario no vuelva a trasladar a los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas”.
En tanto, la cartera de Defensa dictó una resolución complementaria para que los detenidos por delitos de lesa humanidad no puedan ser atendidos en hospitales de las Fuerzas Armadas, ni para su internación ni para tratamiento ambulatorio.
Además, según detallaron los ministros Rossi y Alak, se ofició ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la gestión de una acordada que instruya a jueces nacionales y federales para que “los privados de libertad por delitos de lesa humanidad sean tratados en dependencias del servicio penitenciario y no en hospitales militares”.
“De ahora en más, de requerirse atención médica especial para civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad, ésta se prestará en el Hospital del Servicio Penitenciario Nacional de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad”, puntualizó Alak.
En cuanto a la Comisión de Asesoramiento Médico, se informó que realizarán un relevamiento de la situación de cada uno de los pacientes imputados, procesados o condenados en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, para luego sistematizar toda la información, y pasarla a cada uno de los tres ministerios, que luego transmitirá el relevamiento a la Justicia.
Los represores Olivera y De Marchi habían sido condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y 25 años de cárcel, respectivamente.
Olivera y De Marchi fueron trasladados desde San Juan hasta el penal bonaerense de Marcos Paz, donde permanecieron en forma transitoria para salir, el jueves último, rumbo al Hospital Militar bajo custodia del servicio Penitenciario Federal.
Una vez en el tercer piso del hospital Cosme Argerich, ámbos detenidos ingresaron a los consultorios donde debían ser atendidos, pero luego no se los pudo encontrar.
Por otra parte, en el marco de las medidas adoptadas para dar con el paradero de los dos represores, el Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos “destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención”.
La decisión, anunciada la semana pasada, fue formalizada hoy a través de las resoluciones 1199 y 1200, publicadas en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Julio Alak.
Quienes puedan aportar información deben comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, al (011) 5300-4020.
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