El Juzgado Federal de Orán, a cargo de Raúl Reynoso, fue allanado ayer en el marco de una investigación iniciada por el presunto cobro de sobornos para liberar a narcotraficantes, en tanto que el magistrado salteño fue citado a declaración indagatoria como líder de la organización delictiva y se detuvo a cinco abogados y a un funcionario judicial, dijeron fuentes del caso. Reynoso había sido designado días atrás por la Corte Suprema de la Nación como integrante de la flamante comisión de lucha contra el narcotráfico.
Voceros judiciales informaron que la citación de Reynoso fue fijada para el 11 de este mes, a las 10, y recordaron que el magistrado por ahora no puede ser detenido porque lo protegen sus fueros. Estas medidas fueron ordenadas por el juez federal de Salta, Julio Bavio, en el marco de una investigación que llevan adelante el fiscal Eduardo Villalba y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Además del juzgado, donde se secuestraron varias causas, Bavio, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), allanó otros domicilios de Orán y Salta capital y detuvo al reconocido abogado salteño René Gómez, quien quedó incomunicado. También fueron apresados otros tres letrados, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona y Lucinda María Segovia y el jefe de despacho del juzgado de Reynoso, Miguel Ángel Saavedra, quienes serán indagados.
La única que permanecía prófuga era la defensora particular María Elena Esper. En los estudios jurídicos se secuestró documentación, teléfonos celulares y equipos informáticos.
Los delitos que les imputan son “asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, en carácter de partícipes primarios en el caso de los letrados y autor respecto del magistrado, o exacciones ilegales y prevaricato”.
La principal imputación es haber liberado cambio de 350.000 dólares al empresario de transporte boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de haber ingresado al país una tonelada de cocaína y 35.000 litros del precursor tolueno en camiones cisterna, muchos de ellos con destino a Rosario y San Nicolás. Este empresario fue detenido en su país en septiembre pasado y está a la espera de la extradición.
El fiscal Iglesias manifestó tras los operativos que “se desarticuló una estructura criminal liderada por un magistrado” y que “el Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias” para lograrlo.
Al pedir la detención, los fiscales afirmaron que estos abogados, junto con Reynoso, formaban “una organización criminal que tenía por objetivo la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria de imputados y detenidos en el marco de expedientes tramitados en el Juzgado Federal de Orán, en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas”.
Además, señalaron que este grupo de personas trabajaba como una asociación ilícita, y entre los letrados diferenciaron a quienes participaron en forma directa como defensores, que son Esper, Valor, Gómez y Segovia, de aquellos que lo hicieron por interpósitas personas, como Gaona.
Por otra parte, destacaron la participación del funcionario judicial Saavedra, sospechoso de recaudar y redactar aquellas resoluciones que previamente habían sido acordadas con Reynoso, luego de percibir ciertas dádivas.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron que todos los imputados quedaron bajo custodia de la PSA en el aeropuerto de Salta, a excepción del juez Reynoso, quien tiene fueros y tiene que ser destituido previamente.
Los fiscales coincidieron en que los imputados, con Reynoso a la cabeza, construyeron un “aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal” y que la organización funcionaba al menos desde el 19 de marzo de 2010.
Entre otras pruebas, mencionaron las numerosas llamadas telefónicas entre los sospechosos: por ejemplo en los últimos dos años y diez meses, el abogado Gómez y el juez Reynoso se comunicaron al menos en 188 ocasiones.
Los allanamientos fueron impulsados por dos pedidos de los fiscales, basados en dos denuncias coincidentes contra Reynoso y los otros imputados: una de ellas fue formulada por la ex pareja de un acusado por narcotráfico; y la otra, por el abogado de Orán David Leiva, quien también se dedica a causas de derechos humanos.
El 19 de octubre, Leiva junto con miembros de organismos de derechos humanos denunciaron públicamente al juez federal de Orán por presunto cohecho y otorgamiento de beneficios a personas involucradas en narcotráfico, trata de personas e ingreso ilegal de divisas al país, entre otros delitos.
“Presentamos una denuncia porque tenemos conocimiento y muchos indicios de que en la Justicia federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente”, dijo el letrado en la ocasión.
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