Guadalupe Carmona
Juan Monteverde se convirtió en el tercer precandidato a concejal más votado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). De cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, el dirigente de Ciudad Futura, quien pretende regresar al Palacio Vasallo, conversó con El Ciudadano.
—¿Cómo afectó la pandemia los niveles de pobreza y empleo en la ciudad?
—La ciudad se perdió plantear medidas estructurales ante una situación excepcional. Tenemos una sociedad mucho más desigual y empobrecida. Según el último informe del Indec, si ganás más de 60.000 pesos formás parte del 20% más rico de la Argentina. Habla de una sociedad totalmente pauperizada. El 80% de la sociedad está excluida de diferentes maneras y para esa gente no hay políticas. Hay una crisis de representación política.
Nosotros presentamos la idea de una Empresa Pública de Alimentos. La pandemia mostró que para mucha gente una semana sin trabajar es una semana sin comer. El Estado empezó a tener una respuesta alimentaria. La Municipalidad compraba y repartía por un lado y la Nación, por otro. Planteamos centralizarlo. Ponemos la idea, la mano de obra, el trabajo, la logística; la Municipalidad pone el lugar; la provincia los alimentos y la Nación las máquinas. Así podríamos sacar a los intermediarios de la cadena y hacer un sistema de distribución masiva.
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—¿Esa propuesta fue tomada por los distintos niveles del Estado?
—Estamos trabajando articuladamente, con muchos problemas, pero está avanzando. No sólo trae posibilidades en términos de precio testigo, de llegar directo al productor, de desarrollar las economías regionales. También, ante una posibilidad de desabastecimiento -a causa de los formadores de precio que no quieren respetar alguna norma que se les pone-, tener la posibilidad de autonomía. Hoy el Estado no tiene, aunque quiera, poder para enfrentar a esos grupos. Está bien controlar precios, pero es de corto plazo. El mercado tiene que dejar de formar los precios y lo tienen que empezar a hacer los productores.
—¿Cuál cree que es el principal problema del transporte público hoy? ¿Qué propuestas pueden resolverlo?
—Hay que solucionar lo urgente: el financiamiento. El gran problema es quién lo financia. Presentamos un proyecto para que haya un aporte de los que hoy ganan en Rosario: bancos, financieras, grandes concesionarias de autos, supermercados, que también se benefician con el sistema de transporte. Tenemos que empezar a trabajar la posibilidad de que Rosario tenga por lo menos dos líneas de subte. El Concejo tiene que salir un poco de la dinámica del día a día de los temas cotidianos y pensar en grande.
—Desde el Ejecutivo presentaron un proyecto para la revitalización del centro que tuvo críticas. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué proyectos hay para los barrios?
—No lo votamos. Lo que necesita el centro para reactivarse no es un plan de beneficios para las constructoras. Necesita llevar más vida, más actividad, más residencia, más cultura, más movimiento, no más cemento. Para nuestra generación, tener una vivienda propia es imposible. No hay crédito. Vivimos en un país donde podés comprar una heladera o un par de zapatillas en 12 cuotas y una casa la tenés que pagar en efectivo. Si seguimos incrementando esa lógica, y les damos beneficio a las constructoras, no vamos a hacer que el centro tenga más vida, vamos a hacer un negocio rentable para ese sector. Hay que pensar un plan estratégico y tenemos que convocar a los actores que hacen la ciudad, a los constructores pero también al resto.
En el centro hay tres grandes áreas o zonas de reserva, que son generalmente las playas de estacionamiento. La idea de que ahí haya un edificio es correcta. Pero si vamos a hacerlo para la gente que tiene capacidad de ahorro y compra un departamento como refugio de la inflación, no suma. Planteamos agarrar uno de esos lugares, hacer un acuerdo con los dueños del suelo, y llevar adelante la primera experiencia de Vivienda Pública de Alquiler. Es una alternativa para que exista una opción pública y prefigurar la idea de inmobiliaria pública para cambiar la correlación de fuerzas entre el Estado y el mercado.
—¿Cómo funciona el proyecto de urbanización que presentaron para Nuevo Alberdi?
—Peleamos 15 años para que esas últimas 500 hectáreas que le quedan a la ciudad no sean un barrio privado. Con una ordenanza que sancionamos en el Concejo y un convenio firmado con la Nación vamos a hacer la urbanización más grande de la historia de Rosario. No solamente vamos a hacer procesos de integración sociourbana del Nuevo Alberdi histórico, donde viven 1.800 familias, sino de lo que hoy es zona rural. El privado hace inversión, tiene rentabilidad, pero la planificación es una potestad irrenunciable del Estado, porque tenemos que planificar para el bienestar general.
Es un plan único porque es el primero que respeta el medio ambiente y la cuenca de inundación del Ludueña. Este plan protege toda esa zona de humedales y además deja áreas productivas. En el marco de ese proceso de urbanización hay lugar para todos los sectores.
—¿Cómo se va a acceder a las viviendas en este proyecto?
—Va a haber diferentes formas. Las familias que ya viven van a poder ser dueñas de su tierra y mejorar sus condiciones de vida. Vamos a hacer convenios con sindicatos para que los trabajadores puedan tener su vivienda y vamos a hacer experiencias de inmobiliaria pública, tanto en propiedad como en alquiler, gracias a tener tierra pública. Por un proceso de diálogo llegamos a no expropiar como dice la ley nacional, sino que los privados van a tener que donar el 30% de la tierra para proyectos públicos, basado en que es el Estado el que está agregando valor a esa tierra porque es quien hace las obras.
—¿Cómo se resuelve el problema de la inseguridad?
—Rosario cuadruplica la tasa de homicidios con respecto al resto del país y es la ciudad más violenta. Se convirtió en el último tiempo en la capital nacional del lavado de dinero. Se instaló el narcotráfico porque en el mismo lugar donde generan cifras millonarias pueden lavar esa plata en el sistema formal a través de grandes construcciones, de urbanizaciones, a través de concesionarias de autos de alta gama, de bares, de taxis.
Si cortamos el lavado cortamos la violencia. Presentamos un proyecto que casi ningún bloque quiso discutir. Es la Agencia de Justicia Urbanística para que, desde Rosario, juntemos toda esa información acerca de dónde va esa guita, llevarla a la Justicia y decir: “Acá hay lavado de dinero, vayan y actúen”.
—Se trataría de actuar sobre aquello que sostiene el narcotráfico.
—Actuar sobre lo que habilita la violencia. Si cortás la ruta del dinero, el narcotráfico se traslada inmediatamente a otro lado porque no sabe qué hacer. Por abajo, se trata de urbanizar los 112 barrios populares que tiene la ciudad, dándole una oportunidad real y concreta, un proyecto de vida distinto a los pibes que son la mano de obra de este sistema. Si desde la ciudad no les damos una oportunidad a esos pibes de construir un proyecto de vida distinto, no importa cuántos policías por metro cuadrado pongamos, esos pibes van a seguir matando y muriendo.
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