Centenares de quejas relacionadas con aumento del impuesto Inmobiliario impulsaron al defensor del Pueblo de la provincia, Edgardo Bistoletti, a recomendar al Ministerio de Economía “que realice las gestiones necesarias ante la Administración Provincial de Impuestos (API) para que se disponga dividir el pago del impuesto, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales”. Al mismo tiempo, el ombudsman instó a la dependencia gubernamental a que “se agilice y facilite al máximo posible el trámite para acceder” a las exenciones de jubilados, pensionados, y discapacitados y ex combatientes de Malvinas.
En la resolución N° 020/2010, que lleva fecha del 23 de febrero, el funcionario recuerda que las numerosas quejas recibidas en la Defensoría motivaron un pedido de informes a la API, canalizado a través de la administradora regional del organismo recaudador. En la respuesta, la API indicó que el aumento se produjo en función de lo dispuesto en la ley 13065 y enumeró algunos datos de interés. “Los avalúos que constan en las boletas datan del año 1993 y, por la mencionada norma, en el caso de los inmuebles urbanos y suburbanos se dispuso un coeficiente uniforme de actualización por tres, además de la aplicación de alícuotas progresivas”, detalla el documento.
La API también explicó que “no sufrieron modificaciones quienes, durante el año 2009 tributaron el impuesto mínimo”. Y agregó que “en el caso de los inmuebles rurales se estableció un incremento equivalente a dos veces lo abonado durante el año pasado”. Por otra parte, la API también informó que el Servicio de Catastro e Información Territorial puede haber ajustado durante 2009 el valor de avalúo por incorporación de mejoras, lo que llevó, en determinados casos, a que el incremento supere dos veces el impuesto del año pasado.
En ese sentido, la resolución firmada por Bistoletti considera que “es obvio que un incremento de la magnitud del indicado, es decir hasta tres veces el impuesto anterior, ha causado un importante impacto en las finanzas personales de un amplio universo de los contribuyentes que no están exentos o no abonaban el mínimo del impuesto, lo que se ve potenciado por la forma de liquidación y puesta al cobro del tributo en cuestión que, como es sabido, se produce en cuatro cuotas trimestrales, habiéndose ya emitido dos de ellas, las que vencen en febrero y mayo del corriente año”.
Es por ello que, “en aras de tratar de atenuar el esfuerzo que en muchos casos significa cumplir con las obligaciones tributarias”, el defensor del Pueblo resolvió “sugerir al Ministerio de Economía que realice las gestiones necesarias ante la API para que se disponga dividir el pago del impuesto Inmobiliario, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales”.
Asimismo recomendó, respecto de las exenciones de jubilados, pensionados, discapacitados y ex combatientes de la guerra de Malvinas, que la API “agilice y facilite el trámite para acceder a las mismas a quienes resulten pasibles de beneficiarse con ellas”. Al respecto se destacó que, según el informe que la API envió a la Defensoría del Pueblo, están en condiciones de acceder a las exenciones los jubilados titulares de vivienda única cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 1.946 pesos y no desarrollen en ella actividad comercial alguna.
Comentarios