El Concejo Municipal se apresta a aprobar la semana próxima la excepción que autoriza a un grupo de inversores a instalar en la esquina de bulevar Oroño y Rivadavia la licencia de la cadena de origen británico Hard Rock Café. El proyecto será abordado nuevamente este lunes en la comisión de Planeamiento y sólo resta que ediles y privados acuerden la forma en que se insonorizará la terraza del inmueble con el fin de que los ruidos no interfieran en el descanso de los vecinos.
Sin embargo, el desembarco trae aparejado un hecho más profundo que promete una áspera polémica. Y es que en el Palacio Vasallo se está comenzado a cuestionar con fuerza el hecho de que uno de los inversores es investigado por lavado de dinero y evasión impositiva por la Afip. Esa situación puso en alerta a algunos ediles, quienes no avalarán el desembarco de la franquicia en la ciudad.
El expediente que proyecta instalar una sucursal de Hard Rock ingresó al Palacio Vasallo el 30 de diciembre pasado, y comenzó a analizarse en marzo de este 2015.
Según describieron algunas fuentes del Concejo, la iniciativa tiene dos inversores. Uno es local y sería el mismo propietario del inmueble donde funcionó hasta 2009 la parrilla Cuernavaca. Desde entonces, ese local está en desuso. El otro es la firma bonaerense Hope Funds.
Los privados ya acordaron con los ediles de la comisión de Planeamiento la excepción que les permitirá avanzar con la construcción por sobre la línea de edificación permitida sobre bulevar Oroño. Lo harán con una estructura desmontable, algo similar a lo que desarrolló en la misma arteria el Rock and Fellers.
En tanto, se aguarda que este lunes los empresarios también presenten el proyecto edilicio definitivo con algunas modificaciones exigidas en el Palacio Vasallo en la zona de la terraza. Eso permitiría mitigar ruidos que afecten a vecinos de edificios linderos.
Todo parece indicar que una vez resuelta esa cuestión, que era la última exigencia planteada, los ediles de Planeamiento darán el visto bueno final a la iniciativa. Así, el proyecto será tratado el jueves en el recinto. Ya se han manifestado a favor del desembarco del Hard Rock el presidente de esa comisión, Osvaldo Miatello (ahora en el massismo), el vicepresidente, Alejandro Roselló (del PRO), y también se aguarda el aval de los socialistas Manuel Sciutto y Viviana Foressi.
Sin embargo, los sectores políticos que se oponen prometen ruido la semana próxima.
El bloque que lidera el ex intendente Héctor Cavallero (Partido del Progreso Social) se mantiene firme en la idea de negarle la instalación a la cadena internacional. Y uno de los motivos que plantea es el hecho de que Hope Funds es investigada por la Afip y la Justicia por presunto lavado de dinero y evasión tributaria.
El caso fue difundido a principios de este año por el sitio web porteño Infobae. Allí se señala que pesquisas de la Afip revelaron que el principal accionista de esa firma, Enrique Blaskley, no sólo no podría justificar el crecimiento de su patrimonio sino que ni siquiera tendría forma de explicar el origen de los fondos que utilizó para sus inversiones.
Eso llevó a que el ente recaudador alertara a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que a su vez presentó una denuncia a la Justicia. “Los múltiples indicios detectados sobre la inusualidad manifiesta en los negocios desarrollados por Blaksley Señorans a través de su empresa Hope Funds SA [son] elementos que sustentan con holgura el inicio de una investigación orientada al posible lavado de activos de origen delictivo”, señala un escrito del titular de la Procelac, Carlos Gonella, difundido en Buenos Aires hace algunas semanas.
Según medios porteños, Hope Funds compró la licencia del Hard Rock Café Argentina hace pocos años por unos 7 millones de dólares. La de Rosario, de concretarse, sería la segunda franquicia en el país luego de Buenos Aires y de un frustrado desembarco en Mendoza.
En tanto, lo que sorprendió a los investigadores es el alto perfil de las inversiones. Por ejemplo, la firma anunció tiempo atrás que se había asociado a la familia Messi para, entre otras cosas, abrir en España una cadena de cafés con su nombre, negocio que al final no se concretó. Por el contrario, sí logró traer a Roger Federer a la Argentina para una exhibición, pagó para que Usain Bolt viniese a correr contra el Metrobus porteño, adquirió el 47 por ciento del fondo de comercio del Buenos Aires Design por 20 millones de dólares, se quedó con el manejo de parte del merchandising de Boca Juniors y es auspiciante de la selección nacional de básquet.
Se estima además que Hope Funds y sus más de 50 sociedades vinculadas tienen empresas repartidas en varios países, lo que incluye la Argentina, España, Suiza, Perú, Panamá y los Estados Unidos.
Qué dicen acá
Es por estas cuestiones que la llegada a la ciudad de ese inversor se comenzó a mirar con recelo. En diálogo con El Ciudadano, la edila del PPS y compañera de bloque de Cavallero, Lorena Giménez Belegni, fue tajante. “Al no estar claro el origen de los activos con los que se planea construir el Hard Rock en la ciudad nosotros no vamos a votar el proyecto. Hay una investigación por lavado sobre el inversor que está en curso y no zanjada. Hasta que esa situación no se aclare no estamos de acuerdo con que se apruebe el desembarco. Es todo un interrogante y debería ser también un interrogante para nosotros. Ese es uno de los motivos por el que no avalamos la llegada”, sostuvo la edila.
En tanto, el secretario de Planeamiento municipal, Pablo Barese, respondió y dijo que si lo concejales tienen dudas “podrían generar una investigación” denunciando el caso “en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)”.
“Este es un tema que nos excede a nosotros. La de inversor no es una situación que nos hayamos planteado por ahora. Igualmente, más de una vez la intendenta ha pedido información en la UIF sobre algunas inversiones en la ciudad. De hecho, la propia UIF también podría actuar de oficio”, señaló el funcionario.
El origen de los fondos
Una de las referencias a las que aludió el secretario de Planeamiento municipal, Pablo Barese, a la hora de mencionar los pedidos de informes municipales sobre los orígenes de fondos que se invierten en la ciudad tiene que ver con el caso del boliche Esperanto.
La intendenta Mónica Fein reveló los primeros días de ese mes, en plena campaña política, que por entonces denunció ante la Unidad de Información Financiera (UIF) la instalación del polémico boliche, que con el tiempo terminó clausurado por la Municipalidad. Uno de los titulares de ese emprendimiento era el empresario Luis Medina, sospechado de dedicarse al narcotráfico en la zona oeste, quien fue asesinado de 13 disparos el 30 de diciembre pasado.
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