El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad, pero con la abstención del bloque del PRO, la iniciativa para crear un “cupo laboral” en la administración pública local para personas transgénero. La idea fue llevada al cuerpo legislativo por distintas organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita y Putos Peronistas Rosario, que pertenecen al entramado peronista, y fue traducida a proyecto de ordenanza por los ediles María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, que forman parte del conglomerado radical. Todo un signo del consenso que fue gestando alrededor de la normativa, que se establece que la Municipalidad y otros organismos descentralizados deberán reservar puestos laborales, a razón de 5 por año, para que los ocupen personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad y las características que demanden las labores a realizar.
La ordenanza alcanza a la administración pública local, entes descentralizados y autárquicos municipales, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta “y todos aquellos organismos empresariales donde la Municipalidad de Rosario tenga participación mayoritaria en el capital”.
Además, la iniciativa aprobada establece que se deberá promover la inclusión “en todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado o de renovación y/o modificación de los vigentes”, disponiendo mecanismos de control de que así se cumple.
Como autoridad de aplicación para la implementación y seguimiento de la ordenanza, se designó al Área de la Diversidad Sexual municipal, que trabajará junto a la Oficina de Empleo la Dirección de Personal de la Municipalidad. El mecanismo establecido será la constitución de un registro de aspirantes, que estará apuntalado por programas de concientización “que tengan como fin remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e igualitaria”.
La ordenanza dispone además que el Ejecutivo avance en un plan para “homologar los cursos de capacitación y formación desarrollados en el marco del Programa de Inclusión Laboral Trans –creado por la ordenanza 9.123 aprobada a fines de 2013– para que puedan tener validez como antecedentes.
También se establece que un representante del Área de la Diversidad Sexual será miembro del tribunal examinador que se compondrá también con representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, de la Dirección de Personal, de la Oficina de Empleo, del consejo asesor del Área de la Diversidad y del directorio de cada ente si allí se produce la vacante. El tribunal actuará “en toda instancia de selección de personal” del registro único de aspirantes de personas travestis, transexuales y transgénero. Y se deberá anoticiar al Área de la Diversidad Sexual de las vacantes que se produzcan para aplicar el cupo aprobado, por el que podrán presentarse “únicamente” quienes se hayan inscripto en el registro.
Con todo, el tratamiento de la norma no pasó por aguas calmas, en particular cuando el bloque del PRO pidió abstenerse, una posición que implica quedar al margen de la votación que debe ser convalidada por la mayoría del cuerpo. Una catarata de cuestionamientos prolijamente replicados por miembros del bloque macrista y vueltos a replicar desde otras bancadas extendió por más de media hora el debate. El concepto de “discriminación positiva” para describir una norma dirigida a un sector específico y acotado –invocado por la edila Agustina Bouza– fue lo que más enardeció a sus pares, que llegaron a preguntarse si entonces la pensión a los veteranos de la guerra de Malvinas era también un acto de discriminación.
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