Desde una de las cámaras que agrupa a empresas inmobiliarias de Rosario volvieron ayer a denunciar que existen intermediarios que ejercen esa profesión de forma ilegal.
El titular de Cadeiros, Carlos Rovitti, estimó que son cerca de 400 las empresas “truchas” del sector. El agente pidió a la población estar atenta y no establecer acuerdos con este tipo de firmas.
La cifra que entregó el presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) se enmarca en la resiente denuncia de algunas ONG en torno al fuerte incremento que se está dando en la ciudad a la hora de renovar alquileres.
Según la Concejalía Popular, entidad que pugna por los derechos de los inquilinos, la suba llega hasta el 78 por ciento en el caso de las propiedades horizontales ubicadas en el macrocentro. Así, el valor promedio que se pagaba por un departamento de un dormitorio en diciembre de 2012 era de 1.765 pesos mensuales; dos años después se pasó a abonar 2.963 pesos.
Desde Cadeiros culparon por esa situación a las inmobiliarias “truchas”, las cuales –dijeron– asesoran de mala manera a los propietarios que salen a poner sus viviendas en alquiler. “Son este tipo de negocios que no están registrados los que generan irregularidades y están trayendo conflictos al mercado”, insistió ayer Rovitti.
En ese contexto, el intermediario reveló que en Rosario ya hay unos 1.000 corredores inmobiliarios habilitados que cuentan con (al menos) un profesional matriculado. En tanto, aún existen “entre 300 y 400 que son ilegales”.
El titular de Cadeiros admitió que la cifra no está establecida a “ciencia cierta” debido a la precaria situación de algunas de estas empresas. “Hay gente que ni siquiera tiene oficina y directamente trabaja en un bar”, aseguró.
Una larga historia
El conflicto interno entre los inmobiliarios surgió con la aparición del Colegio de Corredores santafesino, órgano en el que deben estar registradas las empresas del sector y encargado de investigar a las “truchas” y denunciarlas.
La sanción de la norma que habilitó la creación de esa institución se dio en la Legislatura a principios de 2011. Esa ley establece en uno de sus artículos más importantes que “los particulares o sociedades que tengan por objeto el corretaje” deberán contar con un particular matriculado, quien será el responsable en términos legales.
Para eso el Colegio comenzó a exigir a los operadores el título de corredor inmobiliario, una carrera de apenas dos años que se dicta en algunas instituciones privadas y es reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación.
Como antes de la sanción de la ley no era necesario contar con esa certificación, se empezó a notificar en 2012 a quienes desde hace tiempo ejercen la profesión de “oficio” que serían evaluados con exámenes vinculados con su actividad.
En ese marco, el Colegio comenzó a avanzar judicialmente contra quienes siguen en una situación irregular y realizó ya varias denuncias penales por “ejercicio ilegal de la profesión”. También se le dio de baja y se les quitó la matrícula a distintos profesionales, que fueron llevados a la Justicia.
La regulación que intenta llevar adelante la entidad se enmarca en la disputa que existe por un negocio que se desarrolló con fuerza en la última década en la ciudad. El crecimiento de la construcción en Rosario llevó de la mano al corretaje.
Según se desprende de datos del Colegio de Escribanos local, el año pasado se comercializaron, en promedio, unas 1.500 viviendas por mes. A pesar de que la actividad ha descendido, el inmobiliario sigue siendo un gran negocio.
Martilleros resisten
El control de la actividad también es resistido por el Colegio de Martilleros de Rosario. A poco de promulgarse la ley provincial que exige la matrícula, esa entidad inició una acción legal para que se declare inconstitucional la normativa y pidió un amparo judicial para seguir vendiendo propiedades. En abril del año pasado, y luego de atravesar distintas instancias, la Justicia rechazó el amparo.
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