Agustín Aranda
“Se guían por la gorrita o las rastas. Un negro de la villa para ellos seguro está haciendo algo malo”, decía Nelson, una de las 7 personas que la madrugada del 23 de marzo de 2018 fueron detenidas en Mendoza y Provincias Unidas, también conocido como Las Cuatro Plazas, muy por fuera del centro de la ciudad.
Su testimonio está en el libro «Que el narco no te tape el bosque», un grupo de textos elaborados por periodistas de Rosario y allí se describe cómo siete agentes de la Policía de Santa Fe terminaron imputados por golpear a Nelson y su grupo luego de detenerlos sin motivo aparente. Con los días los y las agentes de Policía involucrados hicieron su descargo. Dijeron que los jóvenes vendían o tenían droga encima –cosa que nunca pudieron comprobar– y que estaban en “actitud sospechosa”.
El grupo de Las Cuatro Plazas coincidía con un estereotipo perseguido por las fuerzas de seguridad en Argentina. Eran jóvenes juntos de noche en los barrios y uno, Sasha, un técnico electrónico de 22 años, tenía rastas. Siempre según la denuncia, la Policía lo golpeó y le cortó el pelo en la comisaría.
Para la antropóloga que estudia el activismo de los usuarios y usuarias de drogas, Florencia Corbelle, las fuerzas de seguridad no solo justifican su trabajo con las palabras “actitud sospechosa”. Algunas veces usan “condición de nocturnidad”, “peligrosidad” y “estado de nerviosismo”.
La defensora federal de Rosario, Rosana Gambacorta, encuentra esas palabras a diario cuando recibe los partes de las causas que intentan ingresar las fuerzas de seguridad al Poder Judicial. “Con el «estado de nerviosismo» justifican procedimiento ilegales para hacer estadísticas”, dice a El Ciudadano y opina que cualquier persona estaría nerviosa si la frena un patrullero y la “invita” a que le muestre sus pertenencias.
“Generalmente eligen a personas vulnerables desde lo económico, escolar y familiar. Muy pocas veces esas personas están consumiendo en la calle”, completa la defensora que desde 2008 trabaja en la jurisdicción de Rosario. De acuerdo con las estadísticas del Procunar para esa zona, en los últimos 6 años no hubo una sola causa por el artículo 12 de la ley, también conocido como de “uso público”.
Según Gambacorta, la gran mayoría de las causas por consumo personal en las que interviene son contra jóvenes de entre 18 y 35 años. Muy pocas son a mujeres que durante un allanamiento les encuentran plantas de cannabis que, por su poca cantidad y sin otro elemento que de cuenta de comercialización, definen que para uso personal.
Siempre según las estadísticas de acceso público de la Nación, el distrito de Rosario generó casi una nueva causa por día de consumo personal entre 2016 y 2020. Un total de 1.165 personas tuvieron que pasar tiempo detenidas y con un proceso judicial abierto por llevar una escasa cantidad de droga de venta ilegal encima.
El trabajo que involucra a las fuerzas de seguridad y todo el aparato del Poder Judicial cuesta, según estimó la organización Reset en 2019, dos mil dólares por causa. “Es tiempo y recursos que podrían usarse para perseguir grandes cantidades y organizaciones. Armar causas por pocas cantidades de drogas es como armarle una causa a alguien que falsificó un billete de 10 pesos”, describe Gambacorta haciendo un paralelismo con otro delito federal.
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