Por: Carina Ortíz
Un juez del fuero Civil solicitó a la Justicia Penal que investigue la actuación de cuatro abogados en diferentes causas relacionadas con una única vivienda ubicada en la zona noroeste de Rosario que fue embargada, rematada, adquirida y nuevamente vuelta a embargar producto de una extraña parábola judicial. Es que el magistrado entendió que la subasta de la propiedad estuvo viciada, y además que durante la tramitación de los expedientes surgieron elementos para investigar la posible comisión del delito de prevaricato, que se comete cuando un letrado patrocina o representa a partes contrarias en un mismo juicio, o perjudica deliberadamente a la parte que supuestamente defiende. Por ello, el fallo dispone también la notificación del hecho al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados para que examine la posible violación de conducta profesional por parte de cuatro abogados que intervinieron en el complejo caso.
Un divorcio y una propiedad en común son el puntapié inicial de esta complicada trama judicial. José y Silvia estaban casados y en 1981 compraron una vivienda en la zona noroeste. Trece años después, por mutuo acuerdo resolvieron separarse, pero los honorarios que generó el trámite de divorcio no fueron cancelados por José. Ello motivó que su abogado, Juan S. J. recurriera a la vía judicial: inició un apremio y logró el embargo de la mitad indivisa del inmueble que le correspondía al ex esposo. Finalmente en mayo de 2001 fue a remate el 50 por ciento de la propiedad, y resultó adquirida en la subasta pública por Brian, hijo de la pareja divorciada.
Hasta allí, no se trata de un caso que no tuviera antecedentes. Sin embargo, Brian nunca inscribió la compra de la mitad del inmueble en el Registro de la Propiedad.
Y comenzaron los problemas: en 2004, José debió enfrentar un nuevo juicio, esta vez por una deuda, donde embargaron la mitad de la propiedad, que aún permanecía a su nombre. Pero en 2008, cuando el nuevo remate era inminente, su ex mujer Silvia inició una acción llamada “de tercería” –una presentación de un tercero en una causa que no lo involucra directamente pero sí a sus intereses– donde solicitó la suspensión de la subasta. Al poco tiempo, su hijo Brian presentó una demanda similar con mismo objetivo. En ambos casos, José, patrocinado por el abogado Mario F., se allanó a la pretensión de su familia ya que en los dos juicios él era uno de los demandados.
Los tres juicios, la demanda ejecutiva contra José y los dos juicios de tercerías iniciados por Silvia y su hijo, tramitaron ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 9ª Nominación a cargo de Marcelo Bergia, quien al momento de resolver los pedidos, rechazó ambas demandas. El magistrado no hizo lugar a la solicitud de Silvia en razón de que el remate no afectaba a la mitad indivisa de la propiedad que le correspondía a ella, y rechazó el pedido de Brian al considerar que si bien pagó la compra de la mitad que fue rematada y que la subasta fue aprobada, nunca se realizó la entrega del bien al comprador a través del oficial de Justicia, como establece el procedimiento. Por ello consideró que se trató de un “acto simulado” que no puede oponerse a la acción iniciada por el acreedor de su padre.
Así, Bergia no sólo rechazó las demandas de Silvia y Brian, sino que además solicitó la investigación de la posible comisión del delito de prevaricato por parte de los letrados que asistieron a todos los miembros de la familia, ya que de la tramitación de las causas surgieron diferentes elementos que hacen presumir un trabajo en conjunto de todos los abogados, a pesar de representar a partes contrapuestas. El magistrado citó en su fallo una serie de irregularidades que observó en los expedientes, citando a modo de ejemplo que en el poder que firma Silvia para iniciar la tercería, figuran tres abogados –Julieta T., Juan Pablo S. y Juan S. J.– quienes fijan un mismo domicilio legal, que es el estudio del último. También tomó en cuenta que en el juicio compareció José sin que nadie lo haya notificado previamente, y que el abogado que patrocinó a Brian en su presentación figuraba también en el poder que firmó su madre.
Otro detalle que resaltó el magistrado, es que el abogado Juan S. J. hizo manifestaciones y retiró expedientes donde no tenía participación, e incluso devolvió un expediente con un escrito firmado por el letrado Juan Pablo S., que patrocinaba a Brian. Lo mismo sucedió con la letrada Julieta T., que retiró todos los expedientes y los ingresó con dos alegatos, uno firmado por ella y el otro por Juan Pablo S.
El juez refiere en su resolución que los escritos presentados por los distintos abogados son coincidentes en su redacción y tipografía, que las hojas de las diferentes presentaciones fueron abrochadas con ganchos similares de color rojo, y que la letra de las fojas de iniciación de juicio están completadas con una letra coincidente. “Es claro el trabajo en común de los cuatro profesionales con una amplia colaboración y coordinación entre ellos, representando sucesivamente a los diferentes miembros de la familia a pesar de se partes contrarias en los juicios”, considera el fallo de Bergia.
Por ello el magistrado concluyó que algunos o todos los letrados involucrados podrían haber incurrido en comisión de delito y violado las normas de ética profesional. Y en esa línea ordenó la notificación de lo sucedido a la Fiscalía de turno para que investigue los hechos. La causa penal quedó a cargo del Juzgado Correccional de la 9ª Nominación, que ahora deberá determinar si hubo o no actos fuera de la ley. Y la mitad de la propiedad avanza a un nuevo remate y con ello, posiblemente, a batir un récord.
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