Por: Ezequiel Nieva
El ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, adelantó que estudia emitir títulos públicos y volvió a renegar de la posibilidad de que el Estado se endeude para poder afrontar su política salarial, pese a que la Legislatura lo autorizó. “Estamos convencidos de que el endeudamiento tiene que ser para obra pública”, señaló el funcionario, muy molesto porque la Legislatura –con la sanción del fondo salarial– le indicó al Ejecutivo la necesidad de reducir el gasto. “Este gobierno no necesitaba que ningún otro poder le diga que tiene que mejorar la eficiencia en los gastos”, apuntó Sciara.
En diálogo con El Ciudadano, el ministro de Economía comenzó refiriéndose a las esquirlas de la pelea por el aumento salarial a docentes y estatales: “Hay que mirar las dos partes del problema: lo económico y lo financiero. La reforma de 2008 más la de 2009 más las propuestas legislativas de 2010 intentaban resolver un problema económico que la provincia está teniendo desde 2007 en adelante, cuando se acaba la época de las vacas gordas y comienza la economía a disminuir su nivel de actividad. Ese problema no está resuelto porque el llamado fondo salarial es una falacia, es decir es un conjunto de elementos verdaderos pero que en su totalidad construyen un argumento falso”.
—¿Por qué es una falacia?
—Porque suma lo cierto con lo incierto, lo real con lo eventual, las deudas con los recursos genuinos. Suma partidas presupuestarias que van contra déficit y las considera como que van contra recursos, como el famoso monto contingente para aumentos salariales de 500 millones. En un presupuesto que tiene 1.600 millones de déficit, evidentemente esos 500 millones de gastos van contra déficit; nunca van contra recurso. Y además que limpiarlos de aquellas partidas estimadas de dificultosa recaudación, que estamos trabajando y negociando como los aportes, la deuda que tiene la Ansés con la Caja de Jubilaciones, por eso es una falacia: es una suma aritmética de partidas insumables. Pero la administración financiera no es un problema aritmético. De alguna manera es muy fácil llegar a 1.400 millones (el monto global del fondo salarial) y cuando me falta algo digo entonces esos 450 millones restantes vendrán de la derogación del impuesto al cheque: es una cosa realmente que no tiene seriedad.
—Sin embargo el fondo aporta nuevos recursos…
—Sí. Es lo positivo, pero no resuelve el tema económico porque lo único que se podría llegar a conseguir a través de la moratoria atenuada que se planteó son 100 o 140 millones de pesos, y eso contra una necesidad de 1.150 millones no alcanza. Sí nos permite mover con más fluidez nuestro propio dinero, nos ayuda en el problema financiero, pero no nos resuelve el problema. Dejo de lado la autorización para endeudarse por 250 millones porque eso ya estaba otorgado presupuestariamente; lo que hacen ahora es aumentar el período de reintegro.
—¿Ese endeudamiento ya está en trámite?
—Nosotros estamos trabajando en un endeudamiento mucho más comprensivo y estamos armando la arquitectura de la emisión de títulos públicos. Podría entrar allí o no, dependerá de las condiciones del mercado financiero para saber cómo, cuándo y con quién salimos a colocar títulos para obra pública, como lo hemos sostenido desde siempre. Estamos convencidos de que el endeudamiento tiene que ser necesariamente para eso. E insisto: esta autorización de endeudarse para pagar salarios, en lo personal, voy a retacear la autorización, salvo en un caso extremo en que pudiéramos estar necesitando recurrir a eso, pero siempre en el corto plazo. Nosotros consideramos que esto es simplemente hacer pagar a la sociedad intereses sobre deuda para pagar salarios y yo creo que ni las generaciones presentes ni las generaciones futuras tienen que caer en ese costo.
—¿Hasta cuánto dinero se podría invertir en títulos?
—Tenemos autorización hasta 1.600 millones, pero no creo que lleguemos a eso. Estamos pensando en cifras menores, armando toda la arquitectura, y vamos a seguir los pasos legales necesarios, incluso la autorización de la Legislatura para acordar los montos de costo financiero, los plazos y demás.
—¿Durante cuánto tiempo la provincia no va a tener inconvenientes en pagar salarios con el aumento que se otorgó?
—Va a tener mucho que ver con dos circunstancias, dos actitudes de este gobierno que no necesitaba que ningún otro poder le indique que tiene que mejorar la eficiencia en los gastos y que tiene que contenerlos. Es un proceso que venimos haciendo desde que asumimos el gobierno y por eso hemos señalado muchísimas veces que la estructura de los gastos de la provincia tiene una gran rigidez y una gran inercialidad; dentro de ello, estamos tratando de mejorar la eficiencia en el gasto y en lo posible tener disminuciones acerca de las erogaciones. A veces es muy difícil encontrar disminuciones genuinas de erogaciones, a veces lo que encontramos son demoras en la ejecución del gasto, que aparecen como un ahorro.
—¿Eso ocurre con la obra pública?
—La obra pública es siempre la variable clave que se usa. La usaron los gobiernos justicialistas en la crisis del 2001; en ese entonces señalaban que la manera de resolver el problema era disminuir la obra pública y que se iba a recomponer en cuanto aparecieran créditos. Es más: utilizaron créditos internacionales para recomponer deuda mala por deuda buena. Deuda cara que había sido contraída oportunamente con el sistema bancario fue pagada con créditos internacionales bajo el supuesto de que esos créditos tenían un costo financiero menor. De todas maneras, la obra pública tiene una capacidad de reducción que en teoría uno podría decir que es total pero es un análisis teórico, porque hay obras que no conviene pararlas porque es más caro pararlas que continuarlas. Entonces, nunca la obra puede llegar a ser cero, pero evidentemente uno puede demorar las obras nuevas y encontrar otras fuentes de financiación.
—Antes dijo que para pagar a tiempo los salarios debía hacer más eficiente el gasto, pero habló de dos variables. ¿Cuál es la otra?
—Lo otro son algunos gastos de funcionamiento que, obviamente, tampoco podemos dejar de realizar. No podemos dejar de pagar a la EPE los casos sociales, ni dejar de pagar los gastos de funcionamiento de seguridad, educación y salud, con lo cual llegamos al 99 por ciento del presupuesto. Quedan los otros gastos y alguna obra pública. Entonces, cuando se habla con total libertad de un aumento enorme de los gastos de consumo, yo quisiera saber qué están tomando para suponer que todo sea un gasto dispendioso. ¿El gasto de consumo es el combustible de los móviles de la Policía, las jeringas, las placas radiográficas del sistema de salud? Hay que ser muy cuidadosos con el uso de las categorías. Hacer administración financiera no es un problema aritmético, no es sumar peras con manzanas para llegar a un monto. Pese a todo, en algún momento, no sé cuándo pero será en julio o agosto, podemos empezar a tener problemas. Porque el problema económico no se resuelve financieramente; en algún punto necesitamos ingresos genuinos, porque financieramente se agota. Uno no puede estar circulando el mismo dinero cuando la masa de gasto va permanentemente aumentando.
—Si en julio o agosto puede haber problemas para pagar salarios significa que se va a volver a discutir una reforma tributaria.
—Primero, hay un seguimiento de una comisión que tendrá que estar mirando el comportamiento de los salarios y de la inflación. Nosotros estamos haciendo nuestras propias estimaciones y ahí se verá. El problema de la provincia de Santa Fe, que hay que resolver, es un problema económico de largo plazo: no es coyuntural. Y la resolución del problema económico de largo plazo es un problema estructural de los tributos. Obviamente, uno puede hablar del cambio estructural del gasto, pero es mucho más difícil recomponer tendencialmente a lo largo del tiempo el gasto, aunque hay que hacerlo. Esto es como un edificio: es muy fácil de tumbarlo; con una buena carga de dinamita un edificio enorme se derrumba en dos segundos. Ahora, volver a construirlo requiere mucho tiempo y esfuerzo.
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