Agustina Ramos
El Estado argentino reconoció su responsabilidad y asumió compromisos por la falta de adecuación a los estándares internacionales de la investigación del asesinato del prefecto Octavio Romero, ocurrido en junio de 2011, quien iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad en contraer matrimonio con otro hombre, su pareja Gabriel Gersbach, al firmar una acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cuerpo de Romero apareció a orillas del Río de la Plata, meses después de anunciar su casamiento y en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo, por lo que organizaciones LGBTIQ+ consideraron que se trató de un “crimen de odio”. Gersbach y las ONG que lo acompañan, consideraron que se trata de un hecho “histórico”.
“El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, subraya el acuerdo. Se trata de un acuerdo de solución amistosa en el marco del caso Octavio Romero y Gabriel Gersbach del registro de la CIDH.
En el Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, representantes del Estado argentino y la parte afectada integrada por Gersbach y las organizaciones que lo representan –Fundación Igualdad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)– firmaron el acuerdo en un acto que contó con la participación de Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas.
Acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio
El acuerdo también reconoce que “la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero”.
“Esto es bisagra porque nunca hubo nada igual a nivel país”, expresó Gersbach, quien firmó el acuerdo tras un año y medio de intercambios con el Estado argentino. En este sentido, el abogado y activista LGBTIQ+ Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, dijo: “Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de la Argentina y de la CIDH tenemos un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio. La justicia no ha llegado a ningún resultado, de hecho en el comienzo hizo todo lo contrario. No dejó participar a Gabriel como querellante, se perdieron los momentos más importantes para la prueba y la investigación. Nosotres sostenemos que sobran pruebas para decir que fue un crimen de odio”, agregó.
Octavio y Gabriel iban a a ser el primer matrimonio homosexual de una fuerza de seguridad, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina (N° 26.618). El joven, que en ese momento tenía el grado de suboficial de la Prefectura Naval Argentina, debió avisar a sus superiores que iba a casarse ya que era una petición obligatoria en ese momento; desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su lugar de trabajo y siete meses antes de la boda desapareció, en junio de 2011.
Ese día, Gabriel, que es taxista le había ofrecido llevarlo hasta el encuentro con unos amigos, pero Octavio desistió porque aún le quedaban cosas por hacer: “Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada”, dijo Gersbach en su momento a los medios. Seis días después, un lanchero halló su cadáver flotando en la costa del Río de la Plata, en Vicente López, dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo con la autopsia realizada, la causa de muerte fue “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”.
Compromiso de incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual por parte del Ministerio de Seguridad
La investigación sobre el caso estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires, pero ante la falta de avances en la investigación, Gabriel decidió, junto a las organizaciones que lo acompañaban, que eran la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la ACIJ, presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “A Gabi lo sentía especialmente solo, apesadumbrado, dolorido. Pero también profundamente aislado. Sin saber dónde seguir reclamando. Cada año que volvíamos a hablar al aire era peor porque la situación era la misma: la de la inacción judicial. Es la historia de una impunidad desorbitante”, dijo el periodista Franco Torchia, quien dedicó gran parte de su carrera a cubrir el caso en su programa radial No se puede vivir del amor.
En 2012, Torchia tuvo la oportunidad de conducir por primera vez la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires y subió al escenario vistiendo una remera con el rostro de Octavio que le ofreció Gabriel. Ese mismo año, le llegó tanto a él y a la fiscalía un informe que “narraba en detalle que Octavio había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza y que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas”.
Si bien en un primer momento el juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud de allanamiento de la fiscalía y la querella, terminó por aceptarla luego de varios intentos y el proceso se llevó adelante dos meses después, cuando los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados y el dispositivo no fue hallado.
En 2018, la CIDH decidió admitir el caso y finalmente desde 2021, el Estado argentino y la parte peticionaria tuvieron una serie de intercambios que desembocaron en el acuerdo de solución amistosa. El Estado nacional se comprometió a difundir el acuerdo, brindar apoyo al Ministerio Público Fiscal para que la investigación sobre la causa avance y realizar una serie de medidas de reparación simbólica y económica, entre las que se encuentran la elaboración de un documental y un mural en homenaje a Octavio, además una serie de acciones para garantizar la “no repetición”, como el compromiso de incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual por parte del Ministerio de Seguridad.
“El orgullo gay era un concepto que me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso. Cuando hablo para afuera de Octavio y de lo que siento por él, creo que él está viendo lo que está pasando y que estoy haciendo algo en su honor. Creo también que está agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita”, concluyó Gabriel Gers
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