Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, “la seguridad no es incompatible con las garantías”. De paso por Santa Fe, el magistrado evitó meterse de lleno en el debate por el nuevo Código Penal, pero dejó en claro su postura: “Todos los poderes judiciales se han expresado en el sentido de que es legítimo tener un derecho a la seguridad y eso no es incompatible con tener garantías mínimas”.
Así, Lorenzetti se diferenció de los dirigentes opositores –como el líder del Frente Renovador Sergio Massa– que postulan que, de reformarse el código, “los delincuentes ingresarán por una puerta y saldrán por otra”. En la misma línea se pronunció la presidenta de la asociación Justicia Legítima, María Laura Garrigós.
Lorenzetti estuvo en la capital provincial para participar de las VI Jornadas para Ministros de Cortes, que se desarrollaron en los Tribunales de Santa Fe. Allí sostuvo: “Nosotros a veces hablamos demasiado, discutimos demasiado, cuando en realidad hay que poner en marcha las cosas. Los poderes judiciales, por ejemplo, han planteado mucho cuestiones más específicas, como mejorar la cantidad de jueces en áreas donde hay narcotráfico”.
El titular de la Corte Suprema reconoció que uno de los principales problemas tiene que ver con los plazos del Poder Judicial: “La Justicia debe ser mucho más rápida. La Corte el año pasado sacó una acordada para pedir a los jueces federales que digan cuáles serían las reformas necesarias para eso. Tenemos grupos de jueces que hoy están trabajando en propuestas para acelerar los procesos, para llevar a los otros poderes del Estado. Pero el mismo problema se ve en el fuero previsional, en el laboral. Entonces, no es algo que se pueda responder con una sola reforma: hay que aumentar la cantidad de jueces y la mediación. Es necesario acelerar los procesos”.
Consultado sobre el nuevo Código Penal, el magistrado evitó entrar en polémicas: “El Poder Judicial aplica la ley vigente; las reformas legislativas son otra cuestión en la cual nosotros no estamos involucrados”.
Después de un intenso debate por los medios, finalmente el anteproyecto para el nuevo Código Penal –redactado por una comisión presidida por el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni e integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, los legisladores opositores Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR, mandato cumplido), María Elena Barbagelata (Partido Socialista) y el ex juez del juicio a las Juntas Militares y ex ministro de Justicia León Arslanian– se comenzó a discutir en las universidades de todo el país. Acabado ese debate, en tres meses, el proyecto será remitido al Congreso.
“Aumenta las condenas”
La titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, sostuvo ayer en Santa Fe –donde participó de una charla sobre la reforma penal a nivel nacional– que el nuevo Código “aumenta las condenas en 160 casos” y desmintió así al diputado Sergio Massa, quien encabeza una movida en rechazo a la reforma con el argumento de que se bajarán las penas para los delitos más graves y se eliminará la reincidencia.
Garrigós destacó la importancia de contar con un nuevo Código y aclaró que el actual es “un cuerpo de leyes que fue Código en 1921 al que se le produjeron más de 90 modificaciones que rompieron su sistema”.
Garrigós indicó que el cambio central “es que no existe más la condena de prisión en suspenso: cualquier pena de prisión va a ser a cumplir y me parece que la amenaza de pena de efectivo cumplimiento es una amenaza mucho más fuerte, aun cuando la pena pueda ser más corta, que la amenaza de pena en suspenso”.
Gutiérrez y los recursos
En el marco de las VI Jornadas para Ministros de Cortes, el titular del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, volvió a reclamar la “autonomía financiera” del Poder Judicial. El juez pidió autarquía para que sea la propia Justicia la que resuelva cómo disponer de los recursos según sus necesidades.
“Queremos lo que quiere todo Poder Judicial, que es la autarquía financiera para poder manejar nuestros fondos de manera autónoma y no depender de cómo se aprueba el presupuesto en la Legislatura”, explicó. Gutiérrez puso como ejemplo la provincia de San Juan, “donde la autonomía financiera está contemplada en su Constitución”. El magistrado pidió destinar un porcentaje del presupuesto provincial a la Justicia “para que podamos manejar los fondos y destinarlos a donde consideremos más pertinente”.
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