Gustavo Franceschetti (*)
Especial para El Ciudadano
Se ha propuesto desfederalizar (o provincializar) el narcomenudeo como respuesta a la violencia explícita en torno a la comercialización de drogas en la Provincia de Santa Fe. Ello sería posible con una ley provincial que adhiera a la ley nacional 26.052 que permite a la justicia provincial investigar y juzgar un numerus clausus de delitos que originariamente son de competencia federal.
La desfederalización supone asignar una gran cantidad de recursos humanos (policías, fiscales, jueces, defensores, empleados; inclusive creación de cargos) a la persecución del narcomenudeo entendido como los delitos de comercio y tenencia con fines de comercialización, o la entrega y suministro, que por la cantidad de dosis fuese inequívoco que están destinadas directamente al consumidor, la tenencia simple, la siembra y cultivo para consumo personal, la entrega o suministro ocasional y gratuita, la falsificación de recetas médicas o el expendio irregular de sustancias estupefacientes.
Desfederalizar implica insistir en el fracasado paradigma prohibicionista – represivo que capea la política de drogas (pues propone más sistema penal para abordar el fenómeno en torno al consumo y tráfico de estupefacientes) y posponer un cambio de paradigma que vuelva a poner a la salud pública en el centro de la escena y establezca un marco regulatorio estatal que lleve el sistema penal a su mínima expresión.
Las estadísticas disponibles demuestran que las provincias que han adherido a la llamada ley de desfederalización, han aumentado la persecución de los consumidores mediante los delitos asociados al consumo (en un 200% en algunas provincias) y nada han aportado a la desarticulación de la cadena de comercialización del narcotráfico. Se aumenta la cantidad de droga secuestrada, se aumenta la cantidad de personas detenidas, pero el narcotráfico sigue gozando de buena salud.
Más sistema de salud, menos sistema penal
Como el consumo de estupefacientes altera la conducta de las personas y de ello se derivan daños al usuario y a terceros, desde los albores del siglo anterior se transitó el camino de la prohibición absoluta y en la segunda mitad se redobló la apuesta: se incentivó a los países a adherir a tratados internacionales bajo la lógica de la prohibición penal, se dictaron leyes más duras, se tipificó el lavado de activos y se potenciaron agencias de seguridad especiales y se aumentaron los controles limítrofes, a tal punto que llegó a calificarse el fenómeno como “guerra contra las drogas”.
Nadie duda hoy que las políticas de criminalización han sido totalmente inefectivas porque no disminuyó el consumo de sustancias estupefacientes, no desarmó el crimen organizado en torno a la cadena de comercialización, y, por añadidura, alejó al usuario de drogas prohibidas del sistema de salud y privó el acceso a ese tipo de sustancias a quienes las necesitaban con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.
Lejos de potenciar la criminalización del usuario de drogas mediante la desfederalización, deberían derogarse los tipos penales de la ley de estupefacientes relacionados directa o indirectamente con el consumo (como la tenencia y el autocultivo) y consolidar un sistema de salud que atraiga al consumidor (prevención primaria, reducción de riesgos, atención de trastornos provocados por el consumo de drogas, rehabilitación y asistencia) y abandonar un sistema penal que expulsa al consumidor (el usuario de drogas no acude al sistema de salud por temor a terminar preso o a ser tratado compulsivamente).
Es preferible profundizar el camino iniciado con la ley 26.657 de protección de la salud mental y ley 26.934 que crea el Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que insistir con la intimidación penal que no tiene incidencia alguna en el consumo (en tanto éste obedece a múltiples razones culturales, sociales y económicas).
A poco de andar uno se da cuenta que, cuando todo un sistema represivo ha sido justificado para proteger a las personas de las drogas, resulta que ese sistema es el que impide esa protección. La irracionalidad y contrariedad de la política que criminaliza al usuario fue señalada por la Corte nacional en los fallos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009) al declarar la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal y la necesidad de abordar a los consumos problemáticos de sustancias como asunto de salud pública fue exigida por diversos organismos de Naciones Unidas (el Comité Científico de la Oficina de NU contra la Droga y el Delito, el Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos, el Programa Conjunto de UN sobre VIH/Sida, la Universidad de UN, el Programa de UN para el Desarrollo), por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es mucho más efectivo trabajar sobre la demanda (prevención del consumo y tratamientos) que sobre la oferta (vendedores). Si no hay quien compre, no hay quien venda. También más económico financiar campañas preventivas y mejorar el sistema de salud, que agrandar y mantener el exorbitante cúmulo de recursos humanos y materiales que implica el aparato represivo. En Argentina es al revés: según datos de la SE.DRO.NAR de 2011, un 95% del presupuesto se destina a controlar la oferta (tráfico) y apenas un 5% a reducir la demanda (prevención y tratamiento).
Más estatalidad, menos ilegalidad
Ante el fracaso mundial de la “guerra contra las drogas” y su enfoque prohibicionista-represivo, se debe considerar el desarrollo de políticas de regulación de sustancias prohibidas que quite las mismas de las manos de las redes criminales. Si el Estado asume el control de las drogas y monopoliza la cadena de valor, puede dar un golpe de mercado que disminuya el precio y, con ello, la capacidad operativa y corruptora de las organizaciones dedicadas al tráfico.
Se trata de usar la misma lógica que el Estado tiene con otras sustancias que no son inocuas como el alcohol y el tabaco. El abocamiento regulatorio institucional brinda mayores posibilidades de control del fenómeno que la fallida prohibición. La extensión y consolidación de la legalidad y la estatalidad debiera estar en el centro de toda estrategia sobre las drogas. El narcotráfico y el crimen organizado se nutren de la ilegalidad y se fortalecen con la ausencia estatal. Sin ley y sin Estado prosperan poderosos actores violentos que se enraízan socialmente mediante la regulación mafiosa de los negocios ilícitos.
La extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal así como la corrupción y descomposición de las instituciones públicas, no surgen como efecto directo de los narcóticos sino de los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos. Si hay más muertos por la lucha violenta en el control del negocio ilegal, que muertos por sobredosis, es hora de replantear la situación porque es más caro el collar que el perro.
El camino de la regulación estatal no es sencillo y difícilmente pueda transitarlo aisladamente la Provincia de Santa Fe, pero debe ser aceptado como norte al cual dirigirnos ante el fracaso comprobado del prohibicionismo y para evitarnos los pasos en falso hacia el destino equivocado. No es fácil hablar de políticas sustentables y de largo plazo en medio de una balacera, pero no por ello deja de ser imperioso y necesario.
(*) Defensor Regional
Comentarios