Con más voces en contra que a favor, la propuesta del gobernador Miguel Lifschitz de desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo comenzó a generar polémica en los medios. Si bien el oficialismo en bloque y el fiscal general, más algunos fiscales provinciales, se manifestaron a favor de la medida, desde la Corte Suprema provincial sumaron las voces críticas a las de la oposición al proyecto del gobernador. La ley nacional 26.052 establece la desfederalización de la persecución del narcomenudeo pero cada provincia debe definir si adhiere o no. Esa ley se discutió en la Legislatura santafesina y tiene media sanción del Senado. El mandatario provincial pretende que Diputados la apruebe.
El propio Lifschitz abundó en los fundamentos de impulsar este cambio. “No se logró que la estructura de la Justicia federal se adecue para abordar la complejidad que tiene el problema del narcotráfico, sobre todo en las grandes ciudades. Y esto no es un cuestionamiento a la labor que realizan jueces y fiscales porque trabajamos juntos y sé que muchos le ponen esfuerzo”, le dijo a LT8, y aclaró: “Pero la estructura es insuficiente para abordar la complejidad del problema. Sobre todo en lo que representa en los barrios, donde las organizaciones dedicadas a la venta de drogas tienen relación directa con la violencia que se genera”.
Y remató en declaraciones a Radio Dos: “En cada barrio tenemos diez puntos de venta y si no combatimos eso no podemos cortar el círculo de violencia. En esto hay que ser audaz, porque si uno se queda esperando que las cosas se resuelvan solas…”.
Coincidió el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que sostuvo la importancia de la propuesta de Lifschitz en el combate contra el tráfico al menudeo de estupefacientes. “Indudablemente, por los mismos caminos vamos a obtener los mismos resultados, hay que innovar, hay que tomar decisiones”, señaló el funcionario. “Que se pueda contar con una ley que permita que no sólo las fuerzas federales puedan ir sobre el tráfico o el microtráfico de estupefacientes sino que también pueda avanzar la Justicia provincial, los jueces, los fiscales y la Policía provincial”.
“Los barrios, los puntos de venta, los lugares donde la gente dice que todo el mundo sabe que ahí se vende y hay abuso de arma de fuego, amenazas, hay diferentes conflictos en función de la venta de estupefacientes y parece que el Estado no se ocupa, no hace nada, más allá de que esos puntos están judicializados en la órbita de la Justicia federal”, dijo Pullaro y opinó sobre la iniciativa de Lifschitz: “Hay que animarse, hay que ser reformistas permanentemente y transformadores, y si un camino no nos ha dado resultados tenemos que buscar otro, nos tenemos que animar a innovar en políticas de seguridad pública”.
La Corte
El ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta se manifestó en contra del proyecto. “No es un tema nuevo, es un tema viejo, esta ley viene de la época del gobierno de Carlos Menem, es una ley muy particular porque es una suerte de desfederalización de la ley de drogas a la carta, o sea, a opción de cada provincia”, explicó el juez a Canal 5.
“En términos de eficacia, en las provincias en las que se ha adherido, no ha tenido ningún impacto en lo que considero debe ser la concentración de los recursos del Estado para combatir el narcotráfico”, ejemplificó y aclaró que, en caso de promulgarse, demandaría recursos extra para el funcionamiento de la Justicia provincial. “Desde que se sancionó, he tenido una posición crítica respecto de la ley, que no soluciona el problema ni lo va a solucionar. Es algo insólito en términos constitucionales, porque hace que un delito que es federal en una provincia que no adhirió a la ley y sea ordinario en una provincia que adhirió a la ley como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta y alguna más”, y destacó que en los distritos donde se aplicó no produjo efectos positivos en la lucha contra el narcotráfico.
Erbetta aseguró que la Nación debe darle a la Justicia federal los recursos para que pueda desempeñar su labor con eficacia, e indicó: “Si el problema es que los jueces federales a veces no tienen capacidad de respuesta para dar una orden de allanamiento o porque hay pocos o lo que fuera es un problema del gobierno federal y se tiene que hacer cargo”. Y aclaró que la decisión o no de que la ley de narcomenudeo se aplique en Santa Fe es “política” y aclaró: “Si toma esta decisión, no puede sumarle a una estructura una carga de trabajo sin pensar en transferir los recursos, más fiscales, más jueces, más presupuesto. No se le puede sumar más trabajo a la Justicia provincial sin proporcionarle recursos”.
Fiscales
Por su parte, el fiscal general Jorge Baclini se mostró a favor de la desfederalización del narcomenudeo. “Estoy de acuerdo en que la provincia se haga cargo, pero la posición adentro de la Fiscalía no es unánime”, dijo el titular del Ministerio Público de la Acusación a Radio 2.
“Para poder sostener un diseño de una política criminal es necesario que el órgano que se encarga de perseguir los delitos tenga la capacidad de investigar todos o gran cantidad de los delitos que se producen”, señaló el fiscal general, quien destacó las experiencias “satisfactorias” de Córdoba y Salta.
En cambio, para el fiscal federal Adolfo Villatte provincializar el narcomenudeo es fraccionar la investigación de un delito que es transterritorial, transprovincial. “Creo que si la respuesta que querés mostrar es tumbar puestos de ventas, se podría hacer. Pero agotar la cuestión en puestos de ventas es tener una mirada corta. Es criminalizar a los que están atendiendo que son personas vulnerables, que si bien cometen un delito son reemplazados por otra persona y están lejos de los grandes traficantes”.
También consideró que es poco realista pensar que en las condiciones actuales en las que se encuentra el Ministerio Público de la Acusación pueda dar respuestas. “Si van a actualizar estructuras es más saludable que se actualice las del fuero federal, así se evita fragmentar la investigación. La capacidad operativa del federal está colapsada, pero no es la solución provincializar el narcomenudeo. No va a significar acabar con el narcotráfico”.
Y aclaró que, en las provincias en las que se desfederalizó, “se redujeron las investigaciones de crímenes complejos, se quedó en eso y no avanzó hacia los traficantes”.
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