La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del dirigente social Luis D’ Elía en la causa por la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca en junio de 2004, cuando reclamaba la detención de un hombre por el crimen de Martín “el Oso” Cisneros.
Fuentes judiciales informaron que, en forma unánime, el Tribunal confirmó el procesamiento de D’ Elía, de Ángel Borello, que al momento de la toma era presidente de la Federación Tierra y Vivienda (FPV), y de Alberto Bordón, padre de un chico asesinado en Mendoza en 1997, que también participó de la ocupación.
Al evaluar la situación de D’ Elía, los jueces ratificaron su procesamiento por “lesiones leves y daño agravado por tratarse de bienes de uso público, en concurso real con el delito de atentado a la autoridad calificado” y “privación ilegítima de la libertad”.
En tanto que a Borello se lo procesó por “lesiones leves y daño agravado por tratarse de bienes de uso público” y “atentado a la autoridad calificado”, mientras que a Bordón se le imputó “atentado a la autoridad calificado” y “daño agravado por tratarse de bienes de uso público”.
Para los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, hay pruebas suficientes “para tener acreditado en esta etapa del proceso, la intervención y responsabilidad que en ellos les cupo a los imputados”.
En ese sentido, consideraron que esa madrugada D’Elía y sus compañeros ingresaron “de modo violento” a la comisaría de la Boca, “forcejearon y rompieron elementos”, y fue el dirigente quien “anunció” la toma de la comisaría “entre gritos”.
“No puede soslayarse que en oportunidad de prestar declaración indagatoria ninguno de los imputados negó su presencia en el lugar de los hechos”, recordó la Cámara. Y agregó que “contrariamente a lo expuesto por la defensa”, el acto que motivó la ocupación de la seccional policial “y, junto a ella, los destrozos de diversos objetos y las frases intimidantes dirigidas a los funcionarios allí presentes, en modo alguno justifica la comisión de los ilícitos acreditados”.
En ese sentido, los jueces advirtieron que “si bien el derecho a expresión, de reclamar, peticionar y quejarse ante las autoridades posee protección constitucional, la Carta Magna no ampara la intimidación, las lesiones, los daños, ni protege los hechos de violencia”.
El hecho ocurrió la madrugada del 26 de junio de 2004, cuando D’Elía y otros manifestantes ingresaron por la fuerza a la comisaría para reclamar por el esclarecimiento del crimen del dirigente barrial Cisneros, y la detención de un sospechoso, que años más tarde fue condenado por este hecho.
Policías denunciaron haber recibido golpes y también que hubo destrozos en el lugar, al tiempo que le habrían prohibido salir a ciudadanos que hacían trámites, entre ellos una embarazada que sufrió una crisis nerviosa.
La causa contra el dirigente fue cerrada en dos ocasiones por prescripción del delito, pero la investigación fue reabierta tras un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal por pedido de la Fiscalía.
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