Referentes del arco opositor y también del oficialismo salieron a cuestionar el proyecto de ley para “regular” los cortes de calle, mientras que el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, coautor de la iniciativa, afirmó que “el derecho a la protesta está garantizado”, y aseguró que el Frente para la Victoria “no va a aprobar el proyecto si no tiene un consenso más amplio”.
A pesar de que el PRO había apoyado el pedido de la presidenta Cristina Kirchner para sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”, lanzó ahora duros cuestionamientos a la propuesta de los diputados oficialistas Kunkel y Juan Pedrini, y pidió cambios.
“Celebramos que ahora el kirchnerismo quiera limitar los piquetes, pero queremos que no sea por simple oportunismo político, que no haya reglas lo suficientemente claras y que no hagan que, por ejemplo, unos puedan cortar y otros no”, sostuvo la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
También el jefe del bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo, señaló en declaraciones radiales que al proyecto “no lo pensaron más de tres minutos” y reclamó “laburar un poquito más” para desarrollar una iniciativa “con más detalles y más claridad”.
“La Policía puede actuar hoy y para eso no hace falta que digan nada. Hay que definir qué es legítimo y qué es ilegítimo. Hay que hacer una ley con más detalles y más claridad”, enfatizó Pinedo, y agregó que el PRO “siempre” estuvo “en contra de los piquetes”.
Por el Frente Renovador, el diputado Darío Giustozzi sostuvo que la iniciativa del oficialismo “llegó tarde” y destacó su propia propuesta, que reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de recursos para que la protesta pueda ser difundida a la opinión pública, mientras que, en caso contrario, dispone de sanciones, “traducidas en multas y trabajos comunitarios”.
“Hace años que digo que hay que terminar con los piquetes y en su momento recibí por eso duras críticas del gobierno. Cuántas ambulancias llegaron tarde, cuántos trabajadores perdieron el presentismo, cuántas horas de su vida perdieron los ciudadanos por quedar entrampados sin salidas en algún corte”, apuntó Giustozzi.
Por la UCR, en tanto, el diputado Miguel Bazze advirtió que, de aprobarse esta iniciativa, “serían penalizados los vecinos que debieron reclamar por los cortes de energía eléctrica” o “todas las protestas vinculadas con la inseguridad de manera espontánea”. Y denunció: “Con la excusa de terminar con algunas exageraciones por piquetes de grupos reducidos, el gobierno busca limitar las manifestaciones en un contexto de ajuste económico y falta de seguridad”.
También la diputada nacional del Frente Social por la Inclusión Social (FIS) Ramona Pucheta, ex referente del movimiento piquetero, tomó distancia del proyecto oficial y presentó una iniciativa para que las dependencias del Estado y las empresas de servicios públicos “amplíen los espacios de atención al público” para que los manifestantes puedan presentar en ese lugar su reclamo o petitorio.
La ex integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) planteó que “las personas o agrupaciones que llegan a la situación de cortar una calle lo hacen por las semanas, meses o años en que no han sido escuchadas”, por lo que propuso crear un registro nacional donde figuren los reclamos presentados por los manifestantes.
Su par Victoria Donda (Libres del Sur) también sostuvo que el proyecto es “autoritario”, ya que “sólo apunta a controlar aquellas voces que no le gustan, una línea que no debemos permitir que se cruce”.
“Uno puede estar de acuerdo o no con la protesta pero, si la limitamos, tarde o temprano terminaremos siendo rehenes de quienes ocasionalmente estén en el poder. ¿El gobierno decidirá qué protesta permite y cual no? ¿Permitirán que los vecinos se organicen por las redes sociales para que exista un nuevo 18N?”, se preguntó Donda.
D’Elía pidió debate
Pero también hubo voces críticas en el oficialismo: el dirigente Luis D’Elía se mostró a favor de que exista “un protocolo sobre los pasos” a tomar “en un conflicto”, pero señaló que “una cosa es que cien tipos corten la Panamericana (en Buenos Aires) impidiendo que un millón pase y otra cosa son las protestas sociales”, por lo que pidió “debate” sobre el tema.
“Cincuenta tipos no pueden cortarle el paso a un millón de personas”, advirtió D’Elía, quien señaló que el oficialismo tendría que haber “llamado a organizaciones sociales” para debatir este proyecto antes de presentarlo en la Cámara de Diputados. En declaraciones radiales, el dirigente oficialista dijo que el proyecto del oficialismo en principio suena “feo” y agregó: “A esto le falta debate, parece algo contradictoria esta ley”. Además, sostuvo que “para procesar el conflicto hay que agotar primero la vía administrativa y la política”, al tiempo que recordó: “Los piquetes están prohibidos por el Código Penal y tuve treinta y una causas”.
Sin embargo, Kunkel afirmó que con la iniciativa que presentó junto a otros legisladores del Frente para la Victoria “el derecho a la protesta está garantizado”, ya que sólo “establece medidas persuasivas y no limita el derecho a la legítima protesta de parte de los ciudadanos”.
Y afirmó: “El proyecto que presentamos no contempla penas específicas más allá de las que fija el Código Penal. Se trata de un conjunto de normas persuasivas en vez de represivas. El derecho a la protesta está garantizado”.
Busca “reglamentar, no perjudicar”
El diputado oficialista Juan Pedrini, coautor del proyecto para regular los piquetes junto con Carlos Kunkel, defendió su iniciativa y afirmó que sólo busca “reglamentar la protesta para no perjudicar a terceros”.
En medio de los cuestionamientos de la oposición, el oficialismo salió a defender la propuesta elevada a la Cámara de Diputados, que responde a un planteo hecho por la presidenta Cristina Kirchner durante la apertura de sesiones del Congreso, cuando pidió buscar una forma de regular los cortes de calle.
Pedrini explicó que el proyecto apunta a diferenciar protestas “legítimas” e “ilegítimas” pero “no tiene sanciones previstas de ningún tipo”, ya que “son normas de procedimiento que sólo buscan reglamentar la protesta para no perjudicar a terceros”.
En este sentido, el diputado definió que “una protesta es legítima cuando es notificada con 48 horas de antelación” y “cuando no se impide la circulación de servicios públicos, o el paso a gente con capacidades diferentes”.
El Cels, preocupado
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) difundieron un texto con los “primeros comentarios sobre el proyecto de ley para la regulación de la protesta social” que diputados kirchneristas presentaron en el Congreso, que rechazaron por recortar derechos.
“Nos preocupa el proyecto de ley «convivencia en manifestaciones públicas» porque es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años. Por ejemplo, al clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la Policía y establecer plazos exiguos para la mediación”. Para el Cels, “el proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma”.
El texto de la organización no gubernamental que preside el periodista Horacio Verbitsky concluyó: “La participación en manifestaciones y protestas no es un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos”.
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