El borrador final del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial llegará mañana a la Bicameral sin que casi ningún diputado o senador tenga alguna idea de las modificaciones que el gobierno, en negociaciones múltiples, terminó introduciéndole.
No es el final que imaginaban ni siquiera los más fervorosos kirchneristas cuando Cristina de Kirchner anunció, casi como anticipando una epopeya, el envío al Congreso de ese proyecto de reforma destinado a ser uno de los monumentos que recordarán para la historia su paso por la Casa Rosada.
El proyecto convocado para un debate abierto y sin restricciones, que tuvo largas audiencias públicas en paseo por todo el país, llega de nuevo a la Bicameral con pedido de trámite urgente y sin que se conozca su contenido. Es decir, pasó también a ser un típico ejemplo de cómo se votan desde hace años las leyes en la Argentina.
En el camino quedarán algunos retazos del proyecto original que el gobierno ahora promete serán debatidos en otras leyes futuras. Como el caso de toda la nueva legislación sobre fertilización asistida, la inclusión de la maternidad sustituta y los cambios en las definiciones sobre el comienzo de la vida que, negociación con la Iglesia mediante, parecen quedar postergados para más adelante. Son las concesiones que llegaron tras el acercamiento con el papa Francisco, negociadas con el gobierno por las manos de monseñor José María Arancedo.
También se esperan en el Congreso precisiones sobre otro punto en conflicto dentro de la reforma: el tratamiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de daño sobre particulares. En el proyecto que se conoció hasta ahora ese tratamiento fue eliminado. Es decir, se dejó para una ley aparte la legislación sobre la responsabilidad que pueden generar las decisiones de funcionarios públicos que afecten a cualquier ciudadano.
Hasta ahora, más allá de esos debates, son pocas las precisiones sobre lo que definitivamente quedará en pie de la reforma y unificación al Código Civil y Comercial que idearon Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.
El hecho en sí mismo es una afrenta del gobierno a la Corte Suprema. Las largas sesiones de análisis fino sobre el nuevo derecho civil que protagonizaron los tres juristas incluyeron saltos en la doctrina local hacia lo más avanzado en el mundo; el pulido directo de las concepciones humanas en que se basó el Código de Vélez Sársfield que tanto explicaron Lorenzetti y Kemelmajer quedó a merced de una orden clásica del kirchnerismo: votarlo ya. Apareció entonces el proyecto tras meses de parálisis y sólo porque el momento ameritaba mostrar un regreso a la actividad.
Mañana, oficialismo y oposición estarán en la Bicameral. Allí, según se prometió, aparecerá el borrador definitivo. “Recién ahí nos vamos a enterar de cómo quedó el proyecto”, se confesaba ayer el radical cordobés Mario Negri, integrante de la Bicameral.
Negri alerta, como el resto de los opositores, que “a las atropelladas no vamos a ir. Si hay consenso podemos hablar”.
En medio de esa pelea está Julián Domínguez. El presidente de la Cámara fue el encargado de hablar con cada bloque opositor para garantizar el relanzamiento del debate del Código y calmar las aguas.
De esas conversaciones a los radicales les quedaron algunas certezas. Creen que finalmente el gobierno no avanzará en modificaciones sobre limitaciones a la responsabilidad civil del Estado, por ejemplo.
Más allá de la reunión de la Bicameral y el dictamen final, Domínguez ya le anunció al gobierno que se deberá tomar otra decisión: convocar a sesiones extraordinarias para poder debatir el proyecto en el verano. A esta altura, parece imposible que se vote antes del 30 de noviembre.
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