La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal le dio despacho a un proyecto que propone modificar una ordenanza con el fin de que el municipio deba informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) los datos tanto del vendedor como comprador cada vez que se transfiera una licencia de taxi en la ciudad. La propuesta busca limitar el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico, y podría ser aprobada en la sesión de hoy.
La iniciativa, que tuvo despacho ayer en Servicios Públicos, está vinculada con un hecho que ocurrió hace dos meses y tuvo fuerte repercusión.
En agosto, la Brigada Operativa de la División Judicial de la Unidad Regional II secuestró cinco taxis que operaban en la ciudad y funcionaban con chapas que eran propiedad de personas allegadas a la organización narcocriminal conocida como Los Monos. Aquel operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación sobre el modo en que esa banda blanqueaba sus ingresos.
Para obtener aquellos datos los pesquisas habían llegado hasta la Dirección General de Fiscalización de Transportes de la municipalidad. Esa repartición tuvo que poner a disposición su base informática y de allí surgió que figuraban como titulares de chapas dos personas que son las parejas de dos de los máximos líderes de la red criminal: Máximo Ariel “Guille” Cantero, que está detenido, y Ramón Machuca, alias “Monchi Cantero”, prófugo y con pedido de captura.
El autor de la propuesta que podría aprobarse hoy en el recinto es del edil Osvaldo Miatello, del PJ. La iniciativa propone agregar un artículo (el 3º bis) a la ordenanza 2649/1980, la cual regula el servicio público de taxis en la ciudad.
El proyecto exige al municipio (que es el que autoriza las operaciones) informar a la Afip los datos específicos tanto del vendedor como del comprador cada vez que se transfiera una licencia de taxi en la ciudad.
Si la adjudicación de la licencia se produce por parte de la Dirección General de Tránsito a un particular, la Afip deberá recibir datos sólo del adjudicatario.
La iniciativa busca limitar el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico. “Si la Afip luego de recibir la información detecta inconsistencias deberá dar parte a la Unidad de Información Financiera o a quien haga falta”, explicó Miatello.
Según estimaciones que realizaban ayer en Palacio Vasallo, actualmente se están transfiriendo licencias de taxis en la ciudad por montos que rondan los 70 mil dólares. En rigor son las chapas más antiguas porque las últimas licitaciones se hicieron con la condición de que son intransferibles
“Estamos hablando de cifras que son de casi el valor de un departamento. Igual, el tema es que precisamente muchas veces de esas operaciones no son transparentes, no se saben los precios reales que se pagan. Si bien la iniciativa no trae la solución de fondo al problema, sirve para limitar que el blanqueo de dinero se vuelque a los servicios públicos de la ciudad”, precisó el edil justicialista.
Salvo en el caso de las 360 nuevas licencias que en junio sorteó el municipio (las cuales serán adjudicadas por 10 años y no tienen posibilidad de transferirse), la posesión de las chapas en Rosario no tiene límite de tiempo. De allí que el valor de mercado sea tan alto y acceder a una licencia se convierta en un negocio propicio para el blanqueo de dinero.
A favor
El titular de la Asociación de Taxistas Independientes (ATI), Mario Cesca, se mostró a favor de la iniciativa ya que, dijo, aportará “transparencia al sistema”.
El dirigente explicó que el titular de una licencia “sólo está autorizado a designar a quien se va a transferir la chapa”.
“En general quien la entrega es gente mayor que decide retirarse y busca a un familiar o un allegado para transferirla. Pero es verdad que a veces sucede que viene una persona y hace una oferta mejor que la otra. El tema es que nosotros no tenemos información de quién es el que compra”, concluyó Cesca.
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