El bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados denunció ayer una “operación política” contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, orquestada por el juez federal Claudio Bonadio y el PRO, tras el operativo en las oficinas del hijo de la presidenta en Río Gallegos por la causa Hotesur.
Ayer, Bonadio pidió información en las oficinas en la capital santacruceña de las empresas Idea SA, de Máximo Kirchner, y Valle Mitre, que administran los hoteles de la familia Kirchner, en el marco de la causa Hotesur en la que se investiga a la mandataria, a su entorno y al empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
“Esta es una operación política. La judicialización de la política es el camino que eligen los que no pueden ganarle a un proyecto político”, sostuvo la jefa de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, en conferencia de prensa en el Congreso.
En este sentido, la diputada nacional acusó a Bonadio de realizar una “operación política” junto a “la (Policía) Metropolitana de (el líder del PRO, Mauricio) Macri”.
“Lo hace con un partido político acostumbrado a la campaña sucia, el PRO, que la necesita como el agua para no perder por goleada y lo hace con un juez, el de la servilleta, que tiene nueve causas en el Consejo de la Magistratura”, resaltó la jefa del bloque oficialista en la Cámara baja nacional.
Y agregó: “No queremos más operaciones, queremos que nos ganen en las urnas, pero limpiamente”. Además, Di Tullio señaló que “la maniobra necesita espectacularidad”, ya que consideró que “son simples pedidos de informe los que ha pedido el juez que se transforman, a través del aparato mediático, en una especie de allanamiento cuando no lo es, y no lo ha sido. Se podría haber pedido por escrito. Cada vez que el juez solicitó información a la empresa, se le entregó en tiempo y forma”.
“Vamos a desenmascarar la falta de ideas y propuestas que tienen los partidos de la oposición que van a jugar en la próxima elección”, afirmó la diputada, al denunciar que los espacios opositores recurren “a la campaña sucia, hostigamiento y las mentiras” junto a un “minúsculo sector judicial”.
Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, manifestó que hay “un propósito político detrás de la medida que se podría haber hecho sin espectacularidad”.
“Una parte minúscula del Poder Judicial es parte de un proceso de manifiesta oposición política a nuestro gobierno”, resaltó el precandidato a gobernador bonaerense, al tiempo que denunció el “tamaño desprecio por el respeto a la independencia de poderes” de parte de ese sector. Y, en alusión al fallo que dictó la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de subrogancias, concluyó: “La Justicia se ha convertido últimamente en legislador: convierte en medidas inconstitucionales todas las medidas que toma el Congreso”.
En el despacho de la presidencia del bloque kirchnerista en Diputados estuvieron presentes Andrés “Cuervo” Larroque, Diana Conti, Leonardo Grosso, Guillermo Carmona y Mara Brawer, entre otros.
Una delegación de funcionarios del Juzgado Federal 11, que encabeza Bonadio, se apersonó ayer en diferentes lugares de Santa Cruz para entregar “órdenes de presentación” y así obtener documentación sobre la operatoria de la empresa Hotesur, de la familia Kirchner. Uno de los tantos pedidos de información del magistrado se dirigió a la empresa Idea S.A, que administra uno de los hoteles de la familia presidencial y tiene sede en la inmobiliaria de Río Gallegos donde están las oficinas comerciales de Máximo Kirchner.
Con relación a la causa Hotesur, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández señaló: “No hay nada, no encuentran nada, están dando vueltas desde hace meses con el mismo expediente, so pretexto de sabe Dios qué cosas y ahora encontramos cuál es el pretexto: que a 17 días de las elecciones aparecen con este tipo de medidas que son inconducentes, que podrían haber pedido por un oficio y presentado sin ningún inconveniente”.
Daniel Scioli opinó que la medida judicial es “llamativa”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, calificó ayer como “llamativas” las medidas adoptadas por el juez federal Claudio Bonadio, quien solicitó que se realicen peritajes contables para determinar si en la empresa Hotesur se cometieron maniobras de lavado de dinero, y consideró que “la justicia no debe ser funcional a un sector político”.
“Llama poderosamente la atención las medidas adoptadas a 17 días hábiles de una elección. Todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos esforzarnos para que no se judicialice la política siendo funcional a un sector político determinado”, señaló el mandatario bonaerense.
El magistrado pidió un nuevo peritaje sobre Hotesur y las cuentas del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa en la que se investiga presuntas operaciones de lavado de activos. Dentro de estas medidas, Bonadio también ordenó un operativo en la inmobiliaria que Máximo Kirchner tiene en Santa Cruz.
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