Por: Ezequiel Nieva
“Los datos que teníamos no indicaban que en ese lugar y fecha pudiera ocurrir algún hecho”, dijo Oscar Blando, director del Programa de Protección de Testigos de la provincia consultado por este diario sobre el asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en la Causa Brusa –el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia–, muerta en Rafaela el pasado 29 de marzo. “Nadie nos avisó que en ese lugar, donde efectivamente ella no estaba protegida, podía ocurrir un hecho de esta naturaleza”, declaró el funcionario, desmintiendo así a los organismos de derechos humanos, que apenas conocido el asesinato salieron a asegurar que ellos le habían planteado esa hipótesis al gobierno.
El responsable del programa cuyo objetivo es velar por la seguridad de las personas que llevan a cabo denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura reconoció además que la Unidad Especial –integrada sólo por policías jóvenes, de modo de evitar que participen allí agentes vinculados a la Policía de los 70– no cuenta con personal ni recursos suficientes como para proteger a todos los testigos. Apenas el 10 por ciento se sumó al programa –después del asesinato esa cifra creció– pero la gran mayoría optó por someterse a un monitoreo telefónico en lugar de pedir custodia policial permanente.
Blando también admitió que “como consigna” y como “idea política” la hipótesis del crimen por encargo que plantean las entidades de derechos humanos “es válida” y “probable”. Aunque luego aclaró: “No teníamos esa información”.
—¿Cómo marcha el programa, después del asesinato?
—El suceso de Silvia Suppo ha producido un efecto negativo tanto en querellantes como en testigos y familiares. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde nuestro programa intensificamos los contactos con el juez, con el fiscal, con la Defensoría y con funcionarios judiciales en Rafaela. Les manifestamos la necesidad de profundizar la investigación en todos los sentidos. La investigación judicial indica que el hecho fue un robo, pero nosotros independientemente de ello y respetando el accionar judicial, lo que hacemos es brindar toda la información y los recursos que tenemos al servicio de posibles investigaciones que vayan en una línea diferente (de la hipótesis de robo seguido de muerte).
—¿Hay personal suficiente en caso de que todos los testigos se quieran sumar al programa?
—Nunca hay posibilidad suficiente si todos los testigos quisieran protección policial. Pero nuestro programa no es sólo eso: tiene acompañamiento y asistencia jurídica y psicológica, asistencia de seguridad civil con monitoreo telefónico y además seguridad policial, con custodia domiciliaria o de tránsito. Del total de los testigos y querellantes incorporados, 115 ó 120, sólo el 5 por ciento requiere custodia policial. Los dos hijos de Silvia Suppo, que ingresaron al Programa luego del hecho, requirieron sólo monitoreo telefónico.
—Para los organismos de derechos humanos, el hecho de que Silvia Suppo no hubiese pedido custodia policial no exime al Estado de su responsabilidad.
—Desde luego. Es una responsabilidad estatal, ya sea que el hecho fuera un robo o que hubiera tenido vinculación con una causa de lesa humanidad. Ahora, los datos que los propios organismos nos daban, los que ya teníamos por informaciones y la propia voluntad de Silvia Suppo no indicaban que en ese lugar y fecha pudiera ocurrir algún hecho. El 23 y el 24 de marzo nos reunimos con la Unidad Especial, el ministro de Seguridad y los organismos para que nos indicaran los lugares en donde era posible que hubiera intimidaciones, panfletos, volanteadas, como hubo otras veces en la ciudad de Santa Fe. Y nadie nos avisó que en ese lugar, donde efectivamente ella no estaba protegida, podía ocurrir algo.
—Hay sospechas porque la investigación está a cargo de la Policía…
—La Unidad Especial no fue creada ni con logística ni recursos humanos o financieros para investigar. Son agentes jóvenes que trabajan en protección. Sin perjuicio de ello, sería bueno que haya una unidad de investigación que dependa directamente de un juez, pero eso requeriría una decisión política del Ministerio de Seguridad.
—Suppo llevaba adelante una causa por la desaparición de su compañero que aún no había llegado a juicio. ¿Eso no hubiese merecido protección por parte del Estado, más allá de que ella no la pidiera?
—Yo hablo por el Programa de Protección de Testigos: nosotros a Silvia Suppo la hablamos, estábamos en contacto y ella no tenía ninguna motivación (para pedir custodia). El día que la enterraron en Rafaela, le pregunté a los hijos si había recibido intimidaciones y me dijeron que no. Nada hacía suponer que ocurriera este hecho.
—¿Qué puede decir acerca de la hipótesis que plantearon los organismos de derechos humanos, de un crimen político o por encargo? Ellos aseguran que le habían dicho al gobernador Hermes Binner que le podían “plantar un muerto”.
—Como consigna, es válida. Como idea política, es probable. Si esas informaciones aparecían como posibles para alguno de los 120 testigos, nos hubiera gustado que nos avisaran. No teníamos esa información”.
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