El oficialismo aprobó ayer en el Senado la reforma del Código Procesal Penal con 39 votos a favor y 24 en contra, tras un rápido debate en el que la mayor parte de la oposición se encolumnó en el rechazo a la iniciativa luego de pedir nuevos cambios que no fueron concedidos.
La iniciativa fue aprobada y girada a la Cámara de Diputados tras un debate veloz que duró poco más de cinco horas y los únicos opositores que acompañaron al oficialismo en la votación fueron Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y Carlos Verna, del PJ-La Pampa.
El oficialista Aníbal Fernández calificó como “un cambio trascendental” el paso al sistema acusatorio y destacó que “prácticamente la mayoría de los países de América y 17 provincias han tenido experiencia”. Además, tildó de “pueriles, sin mucho fundamento, sin formación política” los argumentos del radical Mario Cimadevilla y de la peronista federal Liliana Negre de Alonso en contra de la iniciativa, que recibió más de 40 modificaciones.
Es que Cimadevilla sostuvo que la reforma debería haberse tratado “simultáneamente con una ley orgánica del Ministerio Público” y criticó que “en el anexo 2 del proyecto se crea un sinnúmero de cargos”. En el mismo sentido, Negre de Alonso criticó que en el proyecto “se mencionan instituciones que no están creadas aún” y cuestionó la designación de 1.866 cargos en el ámbito del Ministerio Público, y dijo que se está creando una “agencia de empleo”.
El proyecto plantea el paso al sistema acusatorio, en el que la investigación recae por completo sobre el fiscal y el juez asume el rol de garantizar la legalidad de todo el proceso, además de establecer la realización de juicios por jurados. En lo referido a la expulsión de extranjeros, el proyecto final excluyó toda referencia a la “situación irregular” del sujeto y dispuso que para definir su deportación deben darse dos condiciones: ser sorprendido en flagrancia del delito y que el mismo tenga una pena de prisión cuya mínima no sea superior a los tres años.
También se eliminó el concepto de “conmoción social” como una causa para dictar la prisión preventiva y se dejó expresado de forma más tajante que el nuevo Código regirá sólo para las causas que se inicien luego de su entrada en vigencia.
Argentina Digital, con dictamen
El Senado firmó ayer en comisión un dictamen favorable a la nueva ley de telecomunicaciones con modificaciones, como la ratificación de la declaración de servicio público para la red de telefonía fija y la decisión de que las telefónicas no estarán autorizadas a poder brindar servicio de TV satelital ni audiovisual inmediatamente.
En una reunión de la que los miembros de la oposición como Gerardo Morales y Norma Morandini se retiraron en disconformidad con las medidas, el oficialismo logró pasar a la firma el dictamen, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto la semana próxima.
No obstante, los senadores del Frente para la Victoria aclararon que el texto puede aún estar sujeto a más modificaciones, de las 40 que se ya se hicieron al texto original durante el debate en el recinto.
Entre las reformas incorporadas al proyecto de ley Argentina Digital, se incluyó la ratificación de la telefonía fija como “servicio público” y no de “interés público”, como se destacaba en la primera versión. Los senadores también determinaron que las telefónicas no podrán prestar servicios de televisión satelital y que su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual será gradual.
Habrá debate por Boudou
El oficialismo aceptó ayer discutir el martes próximo en la Comisión de Asuntos Constitucionales los planteos hechos por la oposición contra el vicepresidente Amado Boudou, aunque tiene mayoría en ese cuerpo como para rechazarlos. Al inicio de la sesión, el senador radical Ernesto Sanz le reclamó al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, que se trataran las cuestiones de privilegio presentadas durante los últimos meses para lograr el apartamiento de Boudou de la Presidencia de la Cámara, a raíz de su procesamiento en dos judiciales, siendo Ciccone la más grave de ellas. Y Fuentes aceptó el pedido.
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