Carina Ortiz
Fernanda Laconca y su hija de 2 años, Camila, fueron apuñaladas hasta el cansancio en su casa de barrio Acindar. El doble femicidio ocurrió en octubre de 2017. Junto a los cuerpos, brutalmente atacados, estaba el esposo y padre de las víctimas. Cuando llegó la Policía el hombre se encontraba en calzoncillos y balbuceando incoherencias. Al día siguiente fue llevado a una audiencia oral en la que se dispuso su internación y la realización de una Junta médica especial para determinar su capacidad para estar en juicio. Este viernes el fiscal Florentino Malaponte, tras la conclusión de esa medida, solicitó la absolución del hombre por considerarlo inimputable. Además pidió la remisión del caso a la justicia civil para que se aplique la ley de Salud Mental. Finalmente solicitó que se mantenga la internación del hombre en un hospital psiquiátrico. El juez Héctor Núñez Cartelle dispuso un cuarto intermedio para estudiar el planteo en profundidad y dar una resolución al caso.
La mañana del 24 de octubre Iván Lucas F. atacó a su pareja y su hija de dos años con un cuchillo en la vivienda de Villarino 3784. Las heridas se centralizaron en el rostro, oídos y el tórax de las víctimas. Cuando la Policía llegó, el cuadro era desolador: había sangre en todas las habitaciones, unos pantalones completamente manchados sobre la cama y un cuchillo en la bacha de la cocina. En enero de ese año, Iván F. había sufrido un primer brote psicótico y fue internado en una clínica psiquiátrica y, según la investigación, no tomaba la medicación que le había asignado su médico tratante.
Al día siguiente, aún con las marcas del macabro hecho que protagonizó, Iván F. fue llevado a una audiencia donde se dispuso su internación y la realización de una junta médica. Este viernes el fiscal Florentino Malaponte solicitó un nuevo encuentro, ya con los resultados de la medida judicial.
La audiencia
A Iván F. se lo vio balbuceante, con más peso y el pelo largo. Llevaba unos lentes; sólo habló para corroborar sus datos. Parecía que no estaba en la sala ni se hablaba de él. El fiscal explicó que se remitió para la medida la evidencia del caso: su historia clínica en un instituto privado, donde fue internado durante el primer episodio psiquiátrico, en enero de 2017. También las constancias de las atenciones ambulatorias que tuvo desde entonces, la documentación que se secuestró en su casa, entre ellas un cuaderno con escrituras místicas sin aparente sentido. Además de un expediente judicial que se abrió para su internación voluntaria de enero de 2017, del que surge un informe psiquiátrico. También las declaraciones de familiares de las víctimas y del muchacho; igualmente amigos, compañeros de trabajo, el jefe de Iván F. –contó que las actitudes que tenía derivaron en una licencia– y los profesionales que lo atendieron.
Para el fiscal la materialidad del crimen está acreditada, pero buscaba determinar la capacidad del hombre para entender la criminalidad de sus actos. El dictamen dijo que Iván F. se encuentra con un tratamiento por un cuadro psicótico agudo padecido en el mes de octubre de este año, con lo cual es el segundo cuadro de las mismas características que sufre.
Este cuadro psicótico, que tiene rasgos de cronicidad y pasaje al acto suicida, hace que Iván F. no haya podido comprender la criminalidad de sus actos al momento de los hechos ni pueda comprender y dirigir sus acciones actualmente, dicen los médicos. El tratamiento que se recomienda es la internación y concluye que implica un riesgo para sí y para terceros.
En base a este informe el fiscal solicitó el sobreseimiento por existencia de la causal de inimputabilidad. Pidió además la remisión del caso a la justicia civil para la aplicación de la ley de Salud Mental y la continuación de la internación, ya que se trata de una persona peligrosa para terceros y para sí mismo. Su defensor Juan Pablo Nardín apoyó la moción. Por su parte el juez Héctor Núñez Cartelle prefirió pasar a un cuarto intermedio y profundizar en los informes médicos hasta de dictar una resolución atento a la gravedad del caso y la pena en expectativa que implica.
¿No se pudo prevenir?
Al finalizar la audiencia, Nora Giacometto, integrante de una ONG que acompaña a las víctimas o familiares de víctimas de violencia de género, contó que la sensación que le quedó a los familiares de Fernanda, quien trabajaba en la tienda Falabella, y Camila es de “gusto a poco”.
Describió Giacometto: “No sabemos si al momento que sucedió el hecho él estaba en condiciones de saber lo que estaba haciendo y lo que le llama la atención a la familia es: ¿por qué la médica que lo atendía no dio una señal de alerta a la familia que convivía con él de la peligrosidad de un brote psicótico? Eso es algo que queda dando vueltas, porque creo que de alguna manera se pudo haber previsto ya que tuvo un antecedente”.
