A mediados de mes arranca el juicio oral y público contra dos ex funcionarios del Ministerio de Seguridad que estaban al frente de la desaparecida Secretaría de Delitos Complejos durante el gobierno de Antonio Bonfatti. Se trata de Ana Viglione y Andrés Ferrato, quienes enfrentan un pedido de pena de 3 años por parte de la fiscalía y 5 por la querella por el delito de falso testimonio.
Gustavo “Gula” Pereyra era un comisario inspector que estaba al frente de la brigada policial que hacía las investigaciones de calle de la Secretaría de Delitos Complejos. Según definieron algunos de sus integrantes, Pereyra informaba sobre los resultados de las pesquisas que llevaba adelante en forma verbal a su superior Andrés Ferrato que a su vez le comunicaba a la mandamás de la Secretaría Ana Viglione, a la vez que enviaba información por mails a sus superiores.
Pereyra quedó involucrado en la investigación por asociación ilícita que se siguió a la banda de Los Monos. Ésta arrancó cuando el juez Juan Carlos Vienna que estaba a cargo de la instrucción penal por el crimen de Martín Paz que puso la lupa en la familia Cantero y su entorno tras el crimen del jefe del grupo Claudio Pajaro Cantero, en mayo de 2013 y la causa viró hacia el grupo delictivo. La banda de Los Monos fue enjuiciada y en 2018 muchos de sus miembros fueron condenados.
Según la investigación, un compañero de Pereyra fue el primer involucrado. Juan Chavo Maciel terminó condenado mediante un acuerdo abreviado como integrante de la banda mixta. A Pereyra lo imputaron y lo llevaron a juicio, el uniformado siempre clamó su inocencia en el caso, pero los testimonios de Viglione y su segundo Ferrato lo complicaron.
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Durante el debate Pereyra fue acusado como integrante de la pata policial de la banda de Los Monos. La fiscalía había pedido seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Durante el debate se conoció la información que mandaba por mail a sus superiores y terminó absuelto por el beneficio de la duda.
Viglione y Ferraro fueron investigados por el fiscal Aníbal Vescovo quién los imputó por falso testimonio al entender que cometieron falsedades o negaron verdades al declarar y adelantó en la audiencia preliminar — que tuvo lugar en diciembre de 2018 — que iba a pedir 3 años de prisión por el delito de falso testimonio y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A más de cinco años de la audiencia que dejó a los funcionarios camino al juicio oral y público y más de una década desde que Pereyra fue imputado, el debate finalmente tiene fecha. Tendrá lugar el próximo 14 de febrero donde la querella de Pereyra, quién es representado por el abogado Sergio Larrubia, adelantó que pedirá 5 años de cárcel contra los acusados.
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