Marcelo “Conejo” Gómez era jefe policial en diciembre de 2019, cuando se produjeron una serie de balaceras a edificios judiciales y terminó imputado por reasignar al personal policial que custodiaba el Centro de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Colegio de Jueces de Rosario. Lo imputaron en febrero del 2020 por el hecho y ahora fue condenado mediante un acuerdo abreviado. El juez Gonzalo López Quintana, homologó el acuerdo presentado por las partes y lo condenó a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por 2 años por el delito de abuso de autoridad. Por el mismo plazo deberá cumplir reglas de conducta.
Según la imputación fiscal que llevó adelante Paola Aguirre, el entonces Jefe de la Unidad Regional II, el 13 de diciembre de 2019 en las instalaciones del comedor de la Sub Jefatura de Rosario, ubicada en Ovidio Lagos 5250, en ejercicio de sus funciones ordenó en forma verbal al entonces Jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II Sergio Cantero, la reasignación del Personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que estaba apostado en el Centro de Justicia Penal en calle Sarmiento 2850; la sede del Ministerio Público de la Acusación ubicada en calle Montevideo 1968 y el Colegio de Magistrados y Funcionarios sito en calle Balcarce 1651.
Dispuso que el personal que prestaba servicios en dichos edificios judiciales fueran destinados a cubrir el servicio denominado “Felices Fiestas”. Cantero informó la orden al entonces jefe de Orden Público, quien dejó asentado en el libro de memoria Unidad de Orden Urbana y dispuso el levantamiento del servicio.
El ex jefe de Policía fue imputado por sacar la custodia edificios judiciales
La decisión comenzó a trasmitirse por Whatsapp y llegó hasta la coordinadora de la Oficina de Gestión Judicial que tras comprobar la veracidad de la información y corroboró que había sido verbal. La fiscalía se notificó de la situación y se comunicó con el entonces ministro de seguridad provincial Marcelo Sain quien contacto a Gómez a través de whatsapp.
Los audios entre el ministro y el jefe policial se hicieron públicos donde el primero le ordenó que restituyera la custodia en forma inmediata y si no lo hacía en una hora lo iba a denunciar penalmente “… le aconsejo que cumpla con su deber porque usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando nada con nosotros, con la conducción política y policial, respecto de lo que tiene que ver y hacer para llevar adelante el cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante. Haga lo que tiene que hacer”. A lo que Gómez contestó “Buenas noches ministro. Ya está establecido”.
Para la fiscal Gómez tomó esta decisión a sabiendas de que era arbitraria ya que no contaba con basamento legal alguno en la normativa existente al momento del dictado de la orden y por ser totalmente contrapuesta a la orden que se encontraba vigente a la fecha por el Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe.
La disposición, de fecha 04 de agosto de 2018, fijaba servicios de custodia y seguridad en los edificios públicos precitados, con motivo de los diversos atentados sufridos a propiedades de funcionarios y edificios públicos vinculados al Poder Judicial, los que iniciaron en 2018 tras la condena a la banda de Los Monos.
Este lunes, en una audiencia de procedimiento abreviado la fiscal Aguirre propuso junto a la defensa de Gómez una condena de 1 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por dos años y el cumplimiento de reglas de conducta entre ellas someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria y fijar domicilio por el delito de abuso de autoridad.
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