La Asamblea Legislativa aprobó ayer 22 pliegos de jueces, fiscales y defensores, la mayoría para la ciudad de Rosario.
A diferencia de las anteriores convocatorias –que tenían por objetivo la designación del nuevo Directorio del Enress– esta vez sí hubo quórum y todos los sectores del oficialismo y de la oposición estuvieron representados.
De los 24 pliegos enviados por el Ejecutivo, la asamblea rechazó uno, otro fue retirado antes de la sesión y los 22 restantes resultaron aprobados, aunque no por unanimidad: los diputados de los sub-bloques Santa Fe en Movimiento (obeidistas) y Encuentro Santafesino (bielsistas) votaron en contra de los postulantes que no alcanzaron los 60 puntos en el concurso. Igual, quedaron todos designados.
Los nuevos funcionarios son Alicia Raquel Almada y Álvaro Guillermo Campos, designados como fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación para los Tribunales de Rosario.
También fueron votados diez defensores adjuntos para los Tribunales de la ciudad.
Además, fueron aprobados los pliegos de otros funcionarios judiciales que desempeñarán tareas en Santa Fe, Reconquista, Cañada de Gómez, Rufino, Vera y Rafaela.
Antes de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo retiró el pliego de Eduardo Hugo Lago, quien había sido propuesto inicialmente como fiscal del Ministerio Público de la Acusación para la ciudad de Venado Tuerto. En tanto, fue rechazada por 37 votos contra 21 la designación de Gabriela Alicia del Castillo como defensora pública del Servicio Público Provincial de Defensa Penal para los Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
Diputados: otra vez al ruedo
La Cámara de Diputados de la provincia retomó ayer su actividad después de dos meses de receso, aunque no fueron muchos los temas que se trataron.
En ese marco, se aprobó un proyecto de resolución de distintos representantes del Partido Justicialista (PJ) por el cual la Cámara encomienda a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por el obeidista Mario Lacava, llevar adelante un seguimiento del plan de obras de infraestructura de la Empresa Provincial de Energía (EPE) durante del ejercicio 2014, que tiene como objetivo reducir los cortes que se vienen repitiendo durante los últimos veranos.
Entre los pocos temas que se trataron, también se aprobó un proyecto de comunicación del diputado José María Tessa (Nuevo Encuentro) para solicitar al Poder Ejecutivo informes sobre “las razones, fundamentos e instrumento normativo que contempló el dictado, por parte del FBI, del Curso Básico de Técnicas de Investigación Criminal”, y otro firmado por varios legisladores del PJ relacionado con las funciones de la Subsecretaría de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada en relación a las actuaciones en aplicación de la ley nacional 25.938.
Por su parte, el PJ intentó en vano juntar los dos tercios necesarios para aprobar otros dos proyectos: la creación de una comisión investigadora del caso por el crimen del supuesto narcotraficante Luis Medina y una comunicación para pedir al Ejecutivo “separar temporalmente” de su cargo al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti, involucrado junto al ex jefe de la Policía Hugo Tognoli en un allanamiento ilegal ocurrido en julio de 2012.
Los proyectos pasaron a comisión ya que ni el PRO ni –naturalmente– el Frente Progresista Cívico y Social dieron su apoyo para el tratamiento sobre tablas.
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