El presidente de la Asociación Mutual Israelí Argentina (Amia), Guillermo Borger, advirtió ayer que la comunidad judía atravesaba un “momento difícil” tras el anuncio de la firma de “un memorándum inconsulto” entre el gobierno nacional con el de Irán y señaló que ese país era “un interlocutor no confiable”. En un primer momento, la comunidad judía se mostró favorable a este arreglo, pero en los últimos días cambió su postura.
Borger aclaró que desde Amia: “No confrontamos con el gobierno pero no vamos a aceptar ninguna cosa inconsulta y menos tratándose de la República de Irán”. Y argumentó: “Hay pruebas muy fuertes, irrefutables” en la Justicia sobre la participación de funcionarios iraníes en el ataque que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas y dejó más de 400 heridos.
El dirigente ratificó que su función era “trabajar para el esclarecimiento del peor atentado a la Argentina, en el corazón de la comunidad judía”.
“Queremos destrabar esta difícil causa tras 19 años de trabajo de la Justicia y ahora fuimos sorprendidos por el anuncio de esta propuesta, ya firmada, con un memorando de creación de la comisión de verdad”, señaló.
Y advirtió: “No podemos aceptar nunca que todo lo actuado en 19 años (sea revisto por la comisión) porque con ese título parece que fue mentira” la investigación.
En diálogo con radio Diez, indicó que cuando hace ocho días la Presidencia dio a conocer el memorándum alcanzado en Etiopía por las cancillerías de Argentina y de Irán “la propuesta aparece firmada, un hecho del que no hemos sido informados”.
Eso, dijo, fue “un memorándum inconsulto, el acuerdo ya estaba firmado”. “No podemos avanzar con ningún esclarecimiento, ni cláusula anexa para esclarecer el confuso memorándum hasta tanto Irán no acepte rehacer el memorándum como proponemos”, añadió Borger y reseñó que abogados de la Amia y otras entidades judías analizaban el texto para buscar modificaciones.
El memorándum impulsa la creación de una comisión para volver a analizar todo lo actuado por la Justicia sobre el atentado, tras lo cual Borger remarcó que en la comunidad estaban “absolutamente consternados porque todo lo actuado en 19 años parece que no hubiera servido para nada”.
“Este es un momento difícil”, acotó Borger. Y, señaló a Irán como un “interlocutor no confiable” para intentar avanzar en el esclarecimiento del atentado que tiene a funcionarios de ese país como principales implicados.
“Debemos abrir mucho los ojos”, advirtió y justificó: “Sabemos que ellos (los iraníes) no se van a declarar culpables nunca”.
Borger, siendo redundante, remarcó que si “en el mejor de los casos” logra la justicia indagar en Irán a los acusados llegará en algún momento “al pedido de procesamiento y ahí tiene que pedir la detención de quienes van a ser procesados”. Con una postura totalmente escéptica, planteó como “algo que nunca sucederá, que los ciudadanos iraníes se sometan a la Justicia argentina dándose por detenidos”.
Cuestiones del acuerdo
Argentina firmó el pasado 27 de enero un acuerdo con Irán, en Etiopía, para crear una comisión independiente que investigue el atentado con bomba de 1994 en Buenos Aires contra el centro judío Amia, por el que reclama extraditar a ocho iraníes.
Más precisamente, las autoridades argentinas intentan destrabar la causa judicial, en cuyo expediente la Justicia libró la captura internacional con “alerta rojo”, avalada por Interpol, de los nombrados iraníes.
Entre ellos se encuentran el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el ex presidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el ex canciller Alí Akbar Velayati. También están en esa lista Mohsen Rezai y Ali Akbar Velayati, quienes se postularán por la presidencia de Irán en las elecciones que ese país llevará a cabo en junio próximo.
Actualmente, Rezai es secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia iraní, en tanto que Velayati se desempeña como consejero del Ayatolá Khemenhei, líder supremo de la teocrática república islamista, sobre asuntos de relaciones internacionales.
Buenos Aires y Teherán también acordaron que el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa, se trasladen a la capital iraní para interrogar a los sospechosos.
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