A pesar de que fue sancionada en el Concejo Municipal hace ya 10 años, la norma creada en la ciudad para regular la actividad de los administradores de edificios aún no fue puesta en práctica. Hace algunas semanas un grupo de integrantes de la filial Rosario de la Federación Argentina de Consorcios estuvo en el Palacio Vasallo para presionar con el fin de que se implemente la medida, ya que dicen será útil para controlar y frenar abusos que hoy cometen algunos administradores.
La ordenanza que regula la actividad de los administradores de edificios es la número 7.312 y fue aprobada por el Concejo en marzo de 2002. Pese a que cuenta con el visto bueno del cuerpo legislativo lleva diez años sin aplicarse porque no fue reglamentada por el Ejecutivo.
La norma propone la creación de un registro de administradores de consorcios que funcionaría bajo la órbita de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Allí deberían anotarse los administradores de consorcios, que tienen a su cargo la recaudación de fondos y expensas, contratación de porteros, pago de sueldos y reparación de daños, entre otras funciones. Para integrar la nómina deben cumplir con una serie de requisitos y no estar inhibidos.
En contacto con El Ciudadano, el máximo referente en la ciudad de la Federación Argentina de Consorcios, Juan Carlos Lagrange, explicó que actualmente los concejos de administración de un edificio funcionan sólo como órganos consultivos. “La decisiones o la participación de esos concejos, los cuales siempre están compuestos por algunos propietarios, no son vinculantes. Hoy sólo son nexos entre los propietarios y la administración. Pero no controlan ni auditan” sostuvo el dirigente.
Multas en espera
El representante en la ciudad de los propietarios de inmuebles de propiedad horizontal agregó que (si la normativa regulatoria estuviese en marcha) ante la posible existencia de un caso de sobrefacturación (por citar uno de los tipos de irregularidad más frecuente) el consorcista podría acudir con su denuncia a la oficina Municipal de Defensa al Consumidor, donde se materializaría el registro de administradores. “De allí, y si la gravedad del hecho lo amerita, se derivaría el caso a un Tribunal de Ética, órgano que establecería la sanción”, agregó Lagrange. La misma podría ir desde una multa de entre mil y diez mil pesos hasta la suspensión o la derogación de la matrícula.
Actualmente, para accionar contra un administrador el único camino es la vía judicial, una alternativa cuya resolución, como es sabido, lleva varios años.
Abusos graves sin sanción
En tanto, entre los hechos de abusos e irregularidades más frecuentes, Lagrange puso al tope los casos de sobrefacturación. Sin embargo, también mencionó el tráfico de influencias. “Cuando alguien no paga las expensas, a los tres meses se está en condiciones de ejecutar ese departamento. Muchos administradores entran en ese negocio. El de autodireccionar hacia ellos mismos o dirigir hacia amigos el remate de las unidades”, señaló.
En este sentido también mencionó la falta de control o la vista gorda que muchas veces se hace sobre el ejercicio de la prostitución en departamentos, negocios que se conoce como el de los “privados”. “El representante legal del consorcio es precisamente el administrador. Y si está sucediendo algo en un inmueble él no lo puede ignorar”, señalo Lagrange.
10 años de espera
La iniciativa que regula el trabajo de los administradores fue un proyecto presentado por el entonces concejal radical Federico Steiger. Desde el 2002 pasaron tres administraciones por la ciudad: el gobierno de Hermes Binner y los dos mandatos de Miguel Lifschitz, pero el decreto para hacer operativa la norma nunca se dictó.
Hace algunas semanas, integrantes de la filial Rosario de la Federación Argentina de Consorcios se hicieron presentes en la Sala de Acuerdos del Palacio Vasallo en la reunión de la comisión de Gobierno del Concejo para presionar con el fin de que se implemente la medida. En ese cuerpo, en tanto, quien puso en agenda el tema el año pasado fue la concejala radical Daniela León.
Problema de muchos
Según datos que entregan los consorcistas, la mitad de la población de Rosario vive o trabaja en edificios de altura. Los administradores actúan en edificios de viviendas, de oficinas, de consultorios, estudios jurídicos, locales o cocheras. Por citar uno de esos casos, de acuerdo a información que entrega la Federación de Paseos Comerciales a cielo abierto de la ciudad son unos 1.500 los negocios en Rosario que están bajo el régimen de propiedad horizontal.
Con todo, en la cámara que los nuclea no son más de 120 los administradores de Consorcios de propiedad horizontal adheridos. “Pero hay muchos que están trabajando; mas de mil. Hoy cualquiera administra un edificio”, señaló el dirigente, quien agregó que normativas similares a la aprobada aquí ya existen hoy en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.
En tanto, este medio también consultó a fuentes municipales para saber por qué la normativa nunca fue reglamentada. Las mismas vincularon ese hecho con “el carácter privado” de los consorcios, por lo que hicieron eje en las dificultades con las que se podría encontrar el Estado al inmiscuirse en el tema. Igualmente, no descartaron que en breve el tema entre en la agenda del Ejecutivo y así finalmente se ponga al menos en marcha el registro.
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