“No hay cambios mágicos”, definió el gobernador Hermes Binner ayer, en el acto en que se firmaron convenios de colaboración para dotar de bienes muebles y equipamiento al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa Penal, los nuevos organismos creados a partir de la reforma del Código Procesal Penal. Con esa frase, Binner graficó lo complejo del proceso de transformación en la Justicia provincial, que se inició en 2006 y que se completará recién a fin de año, cuando la reforma entre en vigencia en forma integral. El mandatario anunció además el reenvío a la Legislatura de un proyecto para crear 800 cargos para los nuevos organismos.
“Estamos transitando un cambio fundamental para la democracia”, afirmó Binner luego de firmar, junto al ministro de Justicia, Héctor Superti, los convenios de colaboración con las nuevas autoridades del sistema penal: el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y el defensor provincial, Gabriel Ganon. Los acuerdos permitirán el suministro de bienes y servicios básicos para el montaje del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal. “Estamos ante un momento importante en la historia de la provincia: este cambio cultural que se está produciendo a nivel de la Justicia y que necesita, lógicamente, de tres pasos fundamentales: tener el proyecto, el presupuesto y el tiempo. Un cambio cultural no se puede realizar de un momento a otro: necesita un proceso para ser incorporado”, dijo Binner.
El gobernador instó a las autoridades del nuevo sistema penal a “tener constancia en el planteo permanente de las necesidades”. “Van a encontrar siempre de nuestro lado la disposición para aportar todo lo que esté a nuestro alcance, porque estamos transitando un cambio fundamental. No olvidemos que nos llevó cuatro años, desde la gestión anterior y lo que va de ésta, consolidar este proyecto de cambio y aprobar todas las leyes vinculadas al nuevo Código Procesal Penal. Por lo tanto, vamos a necesitar tiempo para avanzar en la incorporación de las pautas que este cambio implica. Se pueden acelerar tiempos, pero el cambio no es mágico porque tiene que ver con personas, con instituciones y con la incorporación de saberes”, señaló.
Tras la asunción de las nuevas autoridades, la semana pasada, comenzó el plazo de 180 días para la organización de los organismos específicos, que serán dirigidos –por seis años, hasta que se elijan nuevas autoridades– por Ganon y De Olazábal. Para el ministro Superti, “el camino es difícil porque la transformación es muy grande”. “Estamos armando una Justicia penal distinta, que va a cohabitar con la Justicia anterior. Se tienen que poner en marcha los concursos para los numerosos fiscales y defensores, ya creados por ley y con respaldo presupuestario. La Legislatura encomendó por ley la reglamentación y llevar adelante esos concursos para dar la estructura funcional a la Fiscalía y la Defensa”, agregó el ministro de Justicia.
Superti recordó que a fines del año pasado el gobierno envió a la Legislatura, en el proyecto de presupuesto 2011, la creación de 800 cargos para el nuevo sistema penal. “Las partidas fueron aprobadas pero, como ocurrió con todos los cargos que se habían enviado, fueron devueltos a la espera de que se reenvíen por proyectos de leyes especiales”, explicó el funcionario. Y luego anunció: “Se firmará el proyecto de ley por el cual se reenvían esos 800 cargos a la Legislatura y el decreto para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Un aporte del Poder Legislativo sería tratar cuanto antes la creación de esos cargos, que ya tienen soporte presupuestario y que son esenciales, con lo que la Legislatura pidió en plazos y formas para la implementación de la transformación procesal penal de Santa Fe”.
El ministro no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje a la Corte Suprema de Justicia de la provincia: “A la Corte también le compete un rol muy importante que viene algo demorado: el de ir decidiendo qué jueces quedan en el viejo sistema y cuáles pasan al nuevo. Eso nos va a permitir rediseñar la organización judicial en material penal”. Superti explicó que por ley se crearon y tienen soporte presupuestario 20 cargos de jueces de primera instancia y 10 cargos de jueces de segunda instancia. “Pero obviamente la distribución y asignación de esos cargos, depende de la decisión que tome la Corte sobre qué jueces quedan y cuáles no”, agregó.
“La reforma procesal penal a partir de ahora va a entrar en la recta final si los tres poderes del Estado y cada uno desde su lugar hacen lo que les corresponde. Ésta es una tarea compartida y en el fondo estamos esperanzados de que cada uno la cumpla desde su lugar para que Santa Fe, en el plazo fijado por la Legislatura, tenga el sistema procesal penal que se merece y los santafesinos mejoren su calidad de vida”, concluyó Superti. Los 800 cargos que pidió el gobierno a los legisladores corresponden, en su mayoría, a personal administrativo y de servicios.
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