En un megaoperativo comandado por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dos mil uniformados de las fuerzas federales irrumpieron en la ciudad para desbaratar lo que, según voceros judiciales, es “el residuo de las grandes causas de drogas de Rosario que se investigaron desde Capital Federal”. Según portavoces de la cartera nacional, 89 procedimientos buscaron terminar con los ingresos de dinero de los cárteles rosarinos, vinculados con investigaciones de los jueces federales Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque. “Es una ocupación de territorio para la cual, en contraposición con lo que ha ocurrido en las grandes favelas de Brasil, no se tiró un solo tiro. Estamos ante el operativo más grande de la historia de la Argentina”, declaró a El Ciudadano el asesor letrado de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), Juan Murray. Al cierre de esta edición, debido a la magnitud de los operativos, no se conocían datos sobre la cantidad de droga y dinero incautado, así como tampoco el número de detenidos.
Con las primeras horas de la tarde, los llamados y mensajes de texto sonaron sin parar en la redacción de El Ciudadano. Con nombres y términos diferentes todos informaban lo mismo: los grandes búnkers de la zona sur y norte eran allanados. Todos a la vez, como una orquesta.
Los primeros vehículos en los que llegaban a los puntos de expendio los miembros de Policía Federal no estaban identificados como tales; como ocurrió en barrio Refinería, en Francia y Junín, donde los efectivos arribaron cuando el reloj marcaba las 16 a bordo de un utilitario de una peluquería canina. Con ellos, se hacían presentes los grupos de choque de Gendarmería Nacional y Prefectura. Destruían puertas, arrestaban a las personas que atendían el comercio e incautaban estupefacientes y dinero.
De acuerdo con lo que señalaron fuentes del operativo, todos los allanamientos se llevaron a cabo en el marco de investigaciones realizadas por los jueces Vera Barros y Bailaque, apuntando a los centros de expendio vinculados con las dos causas paralelas en las que se procesó como jefes de una asociación ilícita a Delfín Zacarías e Isabel Reina Quevedo.
Buena parte de los 89 búnkers allanados ayer ya habían sido desbaratados en otras ocasiones. Sin embargo, en el grueso de los casos, tales bocas de expendio fueron reabiertas horas después de los procedimientos, en una construcción contigua o, incluso, en el mismo lugar. Pero, según los voceros, lo de ayer buscó generar un shock económico a sus regentes, para cortar con las cadenas de compra y pago; es decir, eliminar el flujo de dinero que les permite subsistir a los narcotraficantes. “Los narcos no tienen un solo punto de venta; sus ingresos se generan desde muchos búnkers. Si nosotros los destruimos de a uno, los tipos ni siquiera lo sienten; en cambio, si los atacamos a todos, en unísono, les generamos un problema muy grande”, explicó un vocero de la cartera nacional.
“Los procedimientos apuntaron a dos frentes: en la zona norte allanamos lo que quedó de la estructura que pertenecía a Zacarías, a quien arrestamos en septiembre de 2013. El resto de los allanamientos los hicimos en el sur de Rosario, golpeando lo que quedaba de la banda de Reina Quevedo, quien era una de las lugartenientes de Los Monos, y fue detenida en otro megaoperativo, el pasado febrero”, detalló un alto mando de la Procunar.
“Gendarmería se hace cargo del territorio para estar en el lugar de los conflictos junto con la Policía de la provincia; esto lleva mucho tiempo, pero no hay que bajar los brazos, como dijo la presidenta”, señaló el ministro Berni, explicando que los uniformados que llegaron a la ciudad, 1.500 hombres de Gendarmería y 500 de Prefectura, ya no la abandonarán, reforzando el concepto de “ocupación de territorio”.
A su vez, el gobernador Antonio Bonfatti agradeció a la presidenta Cristina Fernández por la ayuda recibida. “Quiero resaltar la decisión de la señora presidenta de la Nación, a la cual le agradezco enormemente el diálogo que venimos manteniendo desde hace meses en distintos ámbitos. Les consta que yo he manifestado un diálogo respetuoso, donde pudimos establecer relaciones con el Ministerio de Seguridad y en particular con el secretario de Seguridad de la Nación, con la Procuraduría General de la Nación, con los fiscales”, expresó Bonfatti.
El verdadero impacto de los procedimientos de ayer se sabrá durante la jornada de hoy, cuando los voceros detallen la cantidad de estupefacientes y dinero incautados y el total de personas detenidas.
Operación Flipper
A diferencia de la foto conjunta de ayer con Bonfatti, el pasado 5 de septiembre Berni desembarcó en Rosario para desbaratar lo que denominó “la cocina de cocaína más grande de la Argentina”, en medio de cortocircuitos entre Nación y provincia. El Operativo Flipper tuvo lugar en una casaquinta de Funes donde fueron incautados 300 kilos de pasta base, cocaína y precursores químicos. Más tarde, el juez Vera Barros dictó el procesamiento de 15 personas, entre ellas dos policías, fallo confirmado por la Cámara Federal.
David Delfín Zacarías irá a juicio como organizador y financiador de una banda dedicada a la fabricación y comercialización de estupefacientes. La misma suerte corrió su esposa, Sandra Martín, y sus hijos Joel y Flavia, por los delitos de tenencia, producción y tráfico de estupefacientes; todos con los agravantes de la participación de tres o más personas para cometer el delito. También fueron procesados los hermanos Hugo y Alfredo Silva, y el hijo de uno de ellos, Javier, como proveedores de los precursores químicos.
La investigación judicial había sido iniciada por el entonces fiscal federal Nº 2, Juan Murray (quien hoy ocupa un alto cargo en la Procunar) por el presunto delito de lavado de dinero, ya que a la familia de Zacarías le detectaron 37 vehículos, 25 cocheras y varios inmuebles en localidades del Gran Rosario. Por eso también fue procesado por “administración y disimulación de bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de estupefacientes”.
En la ratificación de los jueces de alzada se confirmó el procesamiento del policía federal José Luis Dabat. Más tarde fue procesado y detenido Diego Comini, ex jefe de la Brigada Operativa Departamental de la Policía antinarcóticos provincial en la capital santafesina, sospechado de filtrar datos a Zacarías.
Reina destronada
El mismo Vera Barros fue quien procesó el mes pasado a Reina Quevedo, alias Chela, detenida en la localidad salteña de Metán el 9 de febrero de este año con 80 kilos de cocaína. Le adjudican liderar una banda de narcos y haber mantenido vínculos con el asesinado Martín “Fantasma Paz” y Los Monos. Tras su detención, continuaron las escuchas telefónicas realizadas desde distintos penales, de las que se dedujo un plan para atentar contra el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, quienes encabezaron la megacausa Monos, y el policía Luis Quevertoque, quien fue desplazado ayer de su cargo junto con sus superiores de la División Judiciales de la Policía local.
Cierran el célebre puesto de “La Refi”
La costanera de barrio Refinería se convirtió en uno de los barrios más coquetos de la ciudad. Las ostentosas torres que bordean el río son una suerte de Puerto Madero rosarino, aunque la postal la completan hileras de casas bajas y humildes. Enclavado en medio de esa geografía, en Junín y Francia, se levanta un concurrido búnker, célebre por la impunidad en la que opera día y noche, y porque es visitado por todo tipo de clientela. Pibes pobres que cuentan monedas para un cigarrillo de marihuana o la bolsita de alita, estudiantes universitarios que llegan en bicicleta o conductores de costosos autos importados. No hay taxista que no conozca el “búnker de La Refi”, aunque su característica más particular sea acaso que allí se entregan números para evitar quejas de algún “colado”. El sitio que debería funcionar en forma clandestina tiene su propio perfil de Facebook. Ayer fue uno de los 89 búnkers allanados, y como la mayoría de las bocas de expendio, ya había sido cerrado en varias oportunidades y vuelto a abrir.
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