“No es lo que esperábamos, pero peor es nada”, protestaron a coro en el gobierno provincial después de que en la noche del jueves el Senado introdujera cambios antes de darle media sanción a la reforma impositiva que propuso la Casa Gris en busca fondos frescos.
En el Senado todos se llamaron a silencio después de tres días de intensas negociaciones para, al fin, lograr el acuerdo “posible”, como coincidieron en señalar desde el vicegobernador Jorge Henn hasta los senadores más duros del PJ.
La hora de Diputados
Como se contó en esta columna la semana pasada, todas las negociaciones que se hacían en el Senado se consultaban con Diputados. Pero alguno de esos vasos comunicantes se pinchó, sino no se entienden los chisporroteos inmediatos posteriores entre el socialismo y el grupo de diputados kirchneristas que se referencia en el presidente de la Cámara baja, Luis Rubeo.
“¡1.200 millones al año es una cifra muy grande, no tiene que ver con las necesidades reales!”, exclamaron amenazantes en el bloque del FPV.
Según los cálculos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, lo que aprobó el Senado está muy lejos de esa cifra: 850 millones al año, de los cuales 600 serán para la provincia y 250 para municipios.
En cualquiera de las dos versiones hay una distancia sideral con los 1.500 millones que el gobierno pretendía. La oposición y algunos sectores del oficialismo parlan mucho de lo regresivo del impuesto a los Ingresos Brutos, pero a la hora de mover el inmobiliario rural, que grava patrimonio, privilegiaron otros intereses.
Cientos de millones más, cientos de millones menos, lo que parece haber ocurrido es un cortocircuito que sólo puede arreglarlo la política. El FPV hoy por hoy dice que “es una locura darle al gobierno del Frente Progresista 1.200 millones que van a Rentas Generales”. También amenaza trancar el paso por Diputados: “Vamos a citar a todos los sectores para escuchar opiniones, seguramente habrá demoras. El proyecto recién va a entrar a la Cámara el 2 de agosto, habrá debate en comisión; pero debate en serio… no es que cada uno dice si está a favor o en contra y se vota”, advirtió un diputado que el viernes pronosticaba que hasta septiembre no sale.
Fuego cruzado
El ministro de Gobierno Rubén Galassi salió a jugar el partido. Consultado por la reforma, apuntó los dardos a Agustín Rossi, el jefe político que define los pasos del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, y su bloque de seis diputados: “Tenemos el caso de Agustín Rossi que dice que la provincia terminó con déficit el 2011 y dice que se gastó mal, y la Nación ya proyecta un déficit de 30 mil millones y para él está gastando fantástico”. Rossi había dicho horas antes que la provincia necesitaba aumentar impuestos porque administró mal.
Mientras los senadores responden a una lógica territorial, los diputados a las líneas internas del PJ. La reforma impositiva es probable que ponga en tensión a los diputados justicialistas dificultando la tarea del presidente del partido José Luis Freyre, que pretende una posición lo más unificada posible entre ¡ocho bloques¡ Y la del gobierno, que deberá considerar múltiples interlocutores.
Interlocutores
El FPV es uno de los bloques de diputados del PJ conceptualmente afín a la reforma. Otro es el bloque Producción y Trabajo, cuyo jefe político es el sindicalista Alberto Maguid, pero sus votos, que son cuatro, “salen muy caros”, dicen en el gobierno.
Se refieren a que el propio Maguid ya deslizó que los estatales van por otro aumento de sueldo a partir de agosto, con lo cual se llevaría una tajada de lo que ingrese por reforma tributaria. Detrás va el resto de los gremios.
La provincia y los estatales santafesinos acordaron en febrero un 21 por ciento de aumento escalonado, al que se llegaba con un último 3 por ciento en julio. Las paritarias cerraron con el acuerdo de volver a sentarse a mediados de año para ver la evolución de la situación económica y en particular la inflación. Obvio, ATE, UPCN, Amsafé y otros ya están sentados a la mesa y a la espera.
No es el problema de los intendentes porque después de una dura negociación con la Festram cerraron 24 por ciento anual, con la condición de que no se discutía más hasta 2013.
Paso a paso
La intendenta Mónica Fein tiene otras preocupaciones. Los cambios en la movilidad urbana y la novedad de los carriles exclusivos resultan una política buena, bonita y barata a falta de recursos para grandes obras públicas.
Fein no quiere apresurar la toma de decisiones sobre el servicio de recolección de residuos, donde una licitación espera ser resuelta hace un año y medio, porque, dice, en materia de servicios públicos concesionados las opciones son todas riesgosas.
Hace notar que “nadie en el país mueve nada en materia de concesiones de transportes o residuos” a causa de la inflación, las disputas por los ajustes necesarios de tarifas y la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios, que son cruciales.
Uno de los oferentes es extranjero. Si resultase adjudicado, no hay seguridad de que pueda ingresar al país los camiones con tecnología de carga lateral que exigen los pliegos. En los próximos días sus directivos acercarán al Palacio Municipal un listado de qué elementos ya están en el país y cuáles dependen del okey de Guillermo Moreno.
Antes que alguien le pregunte, aclara que la municipalización total no es una opción: “Córdoba está pagando 50 millones al mes lo que nosotros pagamos 12”. No confronta con Héctor Cavallero, que asegura que la demora en adjudicar es porque la situación económica de la Municipalidad hace que no lo pueda pagar: “No será mucho más de lo que estamos pagando ahora, vale el esfuerzo porque estamos exigiendo la incorporación de mucha tecnología que mejora la prestación”, defiende.
Una camionada de plata
Otro aspecto clave es una exigencia del Sindicato de Recolectores. El moyanista Marcelo Pipi Andrada ya avisó en Buenos Aires 711 que habrá que indemnizar a todos los trabajadores sin importar que la licitación garantice las fuentes de trabajo y la antigüedad. ¿Sólo a los trabajadores de la empresa que se retira, que podría ser Cliba? No, a los de Lime y la estatal Sumar también aunque sigan, porque sino habría desigualdad entre los trabajadores.
Casualidad o no, a poco de las charlas que mantuvieron Mauricio Macri y Hugo Moyano, el jefe de Gobierno porteño ordenó mandar a la Legislatura porteña el pedido de autorización para emitir Letras del Tesoro por 200 millones sólo para pagar la indemnización a los recolectores de la Ciudad Autónoma. En Rosario ya hicieron cuentas: deberá disponerse de 100 millones.
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