El gobierno nacional comenzará la segunda semana del año lidiando en los tribunales nacionales a favor de la restitución del predio palermitano que explota la Sociedad Rural y de la constitucionalidad de la ley de Medios, al tiempo que litiga en Nueva York contra el fallo del juez Thomas Griesa que quiere que la Argentina pague el 100 por ciento de lo adeudado al usurero internacional Paul Sigman.
Al tiempo que celebrará con bombos y platillos el arribo de la fragata Libertad, que estuvo retenida ilegalmente durante 78 días en Ghana por el zarpazo de un fondo buitre.
Los diferendos por la ley de Medios y por la restitución del predio de exposiciones de la Rural se ventilan en la Cámara Civil y Comercial Federal, que el lunes le comunicará a las partes en conflicto la habilitación de la feria judicial para seguir trabajando.
Los tres jueces de ese tribunal echaron una de cal y otra de arena. Por un lado frenaron la restitución de los valiosos terrenos palermitanos al Estado con una medida cautelar, pero por el otro dan una muestra de celeridad en la consideración de la constitucionalidad de la ley de Medios, tal como lo solicitó la Afsca.
Sin embargo, el gobierno no tiene expectativas favorables en cuanto a los fallos de dos cuestiones de profunda significación política, ya que los tres magistrados que actúan en estas causas lo hicieron en contra en anteriores oportunidades: el juez Francisco de las Carreras está denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por haber realizado un viaje a Miami con los gastos pagos por Clarín; su colega Ricardo Guarinoni está acusado de irregularidades en la designación de jueces subrogantes para la sala 1, y Graciela Medina está casada con un abogado que asesoró a Cablevisión, del Grupo Clarín.
“Son la «Cámara en lo Clarín y lo Rural»“, dijo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
La cautelar sobre la restitución del precio palermitano revela la misma estrategia dilatoria utilizada con la ley de Medios, que lleva un freno récord de más de 38 meses. En realidad, la demora apunta a aguardar un cambio en el escenario político que no se dio en 2011 y que ahora esperan ocurra en las próximas elecciones legislativas.
En cambio, el gobierno cree que revertirá en la Cámara de Apelaciones de Nueva York el fallo del juez Griesa, que ordenó pagarle el 100 por ciento de la adeudado a un fondo buitre, poseedor de títulos de la deuda externa argentina que no aceptaron la quita propuesta por el gobierno de Néstor Kirchner primero y por Cristina Fernández después.
La apelación argentina ante la Corte recibió la semana pasada una avalancha de apoyos, que incluyó a la American Bankers Association (en respaldo del Bank of New York), Euroclear (el sistema de clearing más importante de Europa), la Clearing House Association (que reúne a los principales entidades de Estados Unidos), la otrora durísima ex directora del FMI, Anne Kruegger, y el ex titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, quien asegura que el país fue ya demasiado generoso con los fondos buitre, pese a que muchos aseguran que su propuesta de pago era superior y con asistencia del FMI.
Los apoyos no implican en realidad un respaldo explícito al gobierno argentino, sino una defensa del sistema financiero internacional, que entiende que el fallo de Griessa causaría un desbarajuste global, ya que pondría en tela de juicio cualquier renegociación de una deuda soberana.
Es obvio que el antecedente de Griesa tornaría insegura toda reestructuración, ya que luego podría reclamarse el ciento por ciento de lo adeudado. Para la Argentina, el fallo sería calamitoso, ya que obligaría al país a ingresar técnicamente en default o a pagar la totalidad de la deuda.
Pese a haber obtenido una quita de unos 70.000 millones de dólares, sería reclamada en las mismas condiciones que Griesa le otorga al fondo buitre de Paul Sigman. En suma, los apoyos no son motivados por un súbito brote de amor por la Argentina, sino de espanto a que la sentencia desate una hecatombe financiera internacional.
De todos modos, tan sólidos “Amicus” sugieren que el diferendo será saldado en una mesa de negociaciones a mediados de febrero, sobre la base de la propuesta racional realizada por el gobierno, que implicaría reabrir el canje por ley del Congreso para pagar un porcentaje similar al obtenido por quienes negociaron oportunamente.
Los zarpazos de los fondos buitre fueron celebrados por la oposición con el objetivo de erosionar al gobierno, pese a que fue la administración kirchnerista la que redujo la voluminosa deuda externa engordada por el menemismo y los gobiernos radicales, hasta llegar al default del 2001.
Como si esto fuera poco, los eventuales diferendos por esas acreencias fueron puestas bajo jurisdicción internacional, en una notable resignación de soberanía.
En la vereda opuesta, Cristina Fernández se apresta a recibir en triunfo a la fragata Libertad, que –pese a los malos augurios– regresa al país sin haber negociado ni un dólar con los fondos buitre que la amenazaron.
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