Corresponsalía Santa Fe
La provincia podrá endeudarse para construir, a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, viviendas para docentes y policías. Lo autorizó ayer la Legislatura, luego de que el Senado convirtiera en ley un proyecto que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. A partir de la puesta en marcha del convenio, se encarará la construcción de 3.120 unidades habitacionales: 2.000 para los docentes –que por primera vez serán beneficiados por un plan de viviendas del Estado–, 1.000 para agentes de la Policía y 120 para personal del Servicio Penitenciario.
La ley de endeudamiento aprobada ayer autoriza al Ejecutivo provincial a sumarse al programa nacional “Techo digno”. Cuando se promulgue la norma, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo quedará habilitada para ejecutar el programa habitacional con financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), a tasa subsidiada. La operación será financiada mediante el fideicomiso que la provincia suscribió con el gobierno nacional el año pasado.
Para la primera etapa, la provincia tomará un crédito por 280.800.000 pesos, a 15 años y con una tasa de interés del 14 por ciento, poniendo como garantía el recupero –a través del pago de cuotas por parte de los trabajadores beneficiados– de los distintos planes de viviendas ejecutados por la Dirección de Vivienda.
Para este caso, no se comprometerán aportes del Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda) para su construcción. Los préstamos serán de hasta 90 mil pesos por unidad habitacional y los terrenos deberán ser cedidos por los municipios y comunas en donde se decida destinar las viviendas.
En tanto, los trabajos de infraestructura necesarios serán subsidiados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
Los docentes y policías que quieran acceder al programa deberán acreditar ingresos, ser residentes en la ciudad en donde se vayan construir las viviendas, no tener ninguna otra propiedad y no haber sido adjudicatarios de una vivienda social, según se desprende del proyecto.
La cuota que deberán abonar los beneficiarios se ajustará anualmente según el incremento salarial y afectará hasta el 25 por ciento del salario. Se prevé como variable de ajuste el tiempo de cancelación de las viviendas: períodos de entre 20 y 25 años. La cuota mensual promedio, según estimaron, será de entre 700 y 800 pesos de acuerdo al período de tiempo elegido.
Para el sector docente, la ley sancionada ayer es un hito. Por primera vez el Estado santafesino los incluye en un plan de vivienda: uno de los reclamos históricos del gremio, que comenzó a ser saldado cuando se sancionó la ley de paritarias, ámbito en donde los maestros les plantearon a las autoridades la necesidad de viviendas.
La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, comentó que ahora se deberá discutir la distribución de las viviendas en el territorio provincial, el prototipo, la financiación y los plazos. Y aclaró que la ley es recién el primer paso para solucionar un problema muy extendido en su gremio, ya que en la provincia hay unos 7.000 docentes sin vivienda propia.
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