Ezequiel Nieva
“Hasta aquí llegamos”. “Capítulo cerrado”. En esos términos se refirió el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, al fracaso de la segunda reunión entre el gobierno santafesino y la empresa Vicentin en el marco de las audiencias de conciliación convocadas por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso preventivo de acreedores de la firma oriunda de Avellaneda.
Este jueves se reunieron representantes de la provincia –Somaglia y la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta– con los representantes de Vicentin en el despacho del juez Lorenzini. En la primera reunión, el 15 de julio, las partes habían llegado a un principio de acuerdo para conformar un fideicomiso que administre la empresa mientras se tramita el concurso y, de esa manera, evitar la expropiación anunciada a principios de junio por el presidente Alberto Fernández.
La propuesta del fideicomiso, por parte del gobierno de Omar Perotti, aparecía como “superadora” de la intervención que pretendía el presidente –como paso previo a la expropiación– y que rechazó el juez Lorenzini a mediados de junio. Las negociaciones parecían encaminadas, pero los directivos de Vicentin se negaron a ceder sus acciones al fideicomiso y a dejar sus cargos –las dos condiciones que había puesto el gobierno santafesino– y ante esa negativa la provincia se retiró de la mesa de conciliación.
La Justicia federal allana Vicentin para comprobar si existió un proceso de fuga de dólares
“Lamentablemente no pudimos acordar ni llegar a un acuerdo fructífero ya que las únicas dos condiciones que solicitaban el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, que los directivos de la empresa dieran un paso al costado, renunciaran a sus funciones de manera inmediata y que sus acciones pasaran al fideicomiso, ellos sostuvieron que no iban a ser transferidas para que sean administradas por los estamentos estatales”, explicó Somaglia después del encuentro celebrado en Reconquista.
“Sin esas dos condiciones, que son las necesarias para que el Estado pueda articular con los acreedores, lo que permitiría recobrar la confianza, me parece que no es menester continuar estas reuniones. Para nosotros es un capítulo cerrado hasta ahora; nunca se sabe cuál va a ser el final definitivo, pero en esta instancia le hicimos saber al magistrado que hasta aquí llegamos”, agregó el secretario de Justicia de la provincia.
Para el funcionario provincial, “la herramienta de salida es el fideicomiso porque es un contrato que le da viabilidad a ambas partes: tanto a la empresa como a los acreedores. El Estado ha intentado articular un plan de negocios con los acreedores que se sumaron y nos veían con confianza, pero ante la negativa de la empresa, sobre los dos postulados que solicitamos, no podemos continuar”.
Sin embargo, según Somaglia, “la empresa argumentó que no están dadas las condiciones internas para que ellos se puedan retirar. A mí me parece que no es tan así, pero ellos tienen la libertad y son los que deciden. Por lo tanto, todo esto quedará en manos del juez, que deberá resolver sobre el pedido que hizo la provincia” para que se intervenga la firma y se designen en la administración a representantes del Estado nacional y de la provincia de Santa Fe.
El desacuerdo
El objetivo del gobierno provincial consiste en convencer a algunos de los acreedores de que capitalicen en forma de acciones sus créditos y buscar financiamiento local o internacional –tanto de actores del negocio como de entidades financieras– para que la cerealera retome su actividad y genere los recursos para cancelar el pasivo.
Hasta el momento se presentaron acreedores que pidieron verificar en el concurso créditos por casi 100 mil millones de pesos, según consta en el expediente.
“Lo único que queda por delante es que se terminen de tramitar las pruebas del incidente que promovió la provincia para remover a los directores”, afirmó Somaglia tras la reunión en el juzgado.
Por su parte, al salir de los tribunales de Reconquista, el director de Vicentin, Alberto Macua, dijo que la continuidad del diálogo “depende de la voluntad” de las partes.
Según las fuentes consultadas por Télam, los representantes de Vicentin plantearon entregar las acciones para que operen “como garantía” del fideicomiso, pero no aceptaron que sean administradas por un encargado fijado por la provincia. Además, expusieron que los actuales directivos de la compañía concursada son quienes deben darle continuidad al giro del negocio.
Para el gobierno santafesino, si el administrador del fideicomiso mixto que buscaba conformar no posee el derecho sobre las acciones es imposible negociar con los acreedores una capitalización y salir a buscar financiamiento para la continuidad de la empresa. “Si el administrador no tiene la conducción, los acreedores no tienen por qué confiar”, explicó Somaglia.
Además del Estado, la posición de reemplazar a los actuales directivos de Vicentin en la administración de la empresa esa compartida tanto por el comité de bancos extranjeros conformado en el concurso como por la mayoría de los acreedores comerciales que expresaron su desconfianza en los actuales gerenciadores.
Comentarios