A pesar de los esfuerzos del presidente uruguayo José Mujica por buscar un acercamiento entre su gobierno y las Fuerzas Armadas, las relaciones sufren tensiones sin precedentes. El último frente de una serie de desencuentros fue el arresto hace pocos días del general Miguel Dalmao, el primer militar en funciones que será procesado por delitos cometidos durante el último gobierno de facto (1973-1985).
Al uniformado –jefe de la División de Ejército IV– se lo acusó de ser el co-autor de la muerte por torturas de la militante Nibia Sabalsagaray en 1974, en momentos que toma color una medida del oficialismo para derogar la ley de Caducidad. Nada más lejos de lo que había planteado el propio mandatario el 2 de marzo, un día después de su asunción. “No somos aficionados a vivir de la nostalgia ni de páginas amarillas, todos los días amanece, la vida comienza. Siempre estamos comenzando, la vida se vive con coraje y hacia delante”, había aseverado Mujica sobre la posibilidad de insistir en el procesamiento de quienes hayan atentado contra los derechos humanos durante esa época oscura. Pero el esforzado tono conciliador del principio se diluyó en el transcurso de meses.
Ante la detención de Dalmao –actualmente recluido en un centro militar– el comandante en jefe, Jorge Rosales, solicitó una reunión urgente con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, al que le transmitió su preocupación por el futuro de las Fuerzas Armadas. “Le hicimos saber al ministro que lo que le pasó a Dalmao puede pasarle a cualquiera. Ninguno de nosotros está libre”, afirmó uno de los asistentes al diario local Últimas Noticias. “Este juicio abre una cantidad de juicios posteriores y, lo que más duele, es que la Justicia no es tan justa como habitualmente se puede pensar”, aseveró, en palabras que causaron malestar en diferentes sectores.
Luego varios días de silencio oficialista, fue el propio Mujica –ex tupamaro– quien se refirió al respecto: el fallo “no es opinable” y “se acata”. Un gesto en la dirección contraria para la cúpula castrense, que denuncia que detrás de esta medida se esconden “intenciones políticas”. Desde la fiscalía salieron al cruce de las versiones y la abogada Mirtha Guianze afirmó: “No me siento satisfecha cuando una persona va a prisión. La satisfacción va en el sentido de que fue una investigación trabajosa. Cumplí lo que tenía que hacer. Estuvo en posición acorde con el cargo y el juez (Rolando Vomero) sopesó la prueba en forma adecuada”.
Desde las agrupaciones que nuclean a familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar, se insiste en la necesidad de derogar tres artículos de la ley de Amnistía, aprobada en 1989 y ratificada en plebiscitos, en 1989 y 2009. Si bien la petición encontró el resguardo de algunos miembros del variopinto Frente Amplio (FA), en otros aún genera resistencia. El proyecto ya obtuvo el visto bueno en la Cámara de Diputados y todavía se aguarda la votación en el Senado.
La polémica normativa vigente obliga a que el gobierno y la Corte Suprema autoricen individualmente cada investigación que se emprenda sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia (2005) que comenzaron estos trámites. El caso Dalmao se enmarca en ese amparo.
Los roces entre ambos bandos tocaron fondo luego de las declaraciones de Rosales en contra de la ley de Caducidad y a favor de Dalmao. “Ojalá Dalmao pueda probar ante la Justicia lo que afirma: confío en que es inocente de los casos imputados”, había asegurado a finales del mes de octubre. Y a comparación de ocasiones anteriores, el Ejecutivo esta vez entró en acción, y el jefe del Ejército recibió una “amonestación leve”.
Las aguas se agitan en el ámbito político y también en el social. La problemática copa las tapas de los diarios y es el principal tema en las calles. En una manifestación, familiares de miembros del Ejército denunciaron la falta de insumos en el Hospital Militar, y en medio de sus encendidos discursos, corearon “Volveremos, volveremos”.
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