Cristina de Kirchner flexibilizó, y casi hirió de muerte, el filtro primitivo de la reforma política: obligar a los partidos a regularizar sus padrones de afiliados, caóticos, apócrifos y con fichas dobles, proceso que diezmaría el universo de sellos partidarios.
La presidenta firmó cuatro decretos que reglamentan, parcialmente, la iniciativa K y extendió, más allá de lo previsto al votarse la ley, el plazo para que los partidos normalicen sus listas de afiliados, eterno abismo de la política vernácula.
Uno de los decretos reglamentarios otorga 90 días hábiles a los apoderados de cada agrupación para que se pongan al día con los requisitos establecidos por la nueva ley. Entre ferias, feriados y fines de semana, tendrán tiempo hasta avanzado 2011.
En Casa Rosada justificaron esa decisión: “La voluntad es que todos los partidos tengan tiempo para regularizarse y poder competir en las primarias”. Cuando la ley se votó a fin del año pasado, se pronosticó que fulminaría a los partidos pequeños.
Con el último retoque, digitado entre Carlos Zannini y Florencio Randazzo, el plazo comenzará a regir cuando exista una notificación judicial lo que, se especuló, podría estirar el proceso de regularización hasta mediados del año próximo, casi sobre las primarias.
Además de traducir el alcance de los decretos –primera tanda de una secuencia–, Randazzo insistió con que las primarias se realizarán el 14 de agosto del año próximo, dato que alumbró apenas se votó la ley –deducido del cronograma– pero que esconde un mensaje político: el gobierno ratifica, a pesar de las versiones y sospechas, la decisión de realizar primarias.
Siempre queda, claro, un atajo: la Justicia podría declarar inviable la ley pero, quizá precavida de eso, Cristina eliminó uno de los elementos más inquietantes para los partidos: la regularización.
Simple: con más plazo, a los pequeños partidos –los grandes y medianos no tienen, respecto de padrones, problemas para subsistir– les resultará más accesible ponerse en línea para retener la personería legal.
Si, al principio, uno de los objetivos de la reforma fue liquidar los sellos vacíos –que animó a toda una industria de pymes partidarias, vende o presta sellos– ese propósito, avanzado el proceso, quedó desdibujado y, al otorgar más tiempo, Cristina prácticamente lo sepultó.
En gobierno, el argumento es lineal: que todos, aun los partidos “dibujados”, lleguen a la primaria porque será ésta, en rigor, con su exigencia de obtener un mínimo de votos, la que funcionará como filtro último y despejará el camino para los partidos con representación real.
A simple vista, parece un guiño teledirigido: los pequeños y nuevos partidos, como el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, tendrán más posibilidades para seguir existiendo legalmente pero, sin alianzas con partidos mayores, difícilmente puedan llegar a la general.
En paralelo, facilita el proceso de afiliación y desafiliación. En este último caso, se establecerá un modelo de desafiliación automática que se podrá ejecutar, gratuitamente, desde el Correo.
Tensiones
Los decretos reglamentarios que, en Olivos, frente a Zannini y Randazzo, firmó la presidenta avanzan con otras cuestiones de la ley, una de las cuales es producto de una sigilosa batalla entre los juzgados de primera instancia y la Cámara Nacional electoral.
La reforma política modifica un statu quo histórico en la Justicia: le quita el manejo de los padrones a los jueces federales con competencia electoral y se lo transfiere al tribunal de alzada, la Cámara nacional, transferencia que nada agrada a los magistrados, entre los que se destaca María Servini de Cubría.
La oposición, a su vez, se montó en ese capítulo porque la ley establece que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) será el ámbito que haga circular la información que usará la Cámara para confeccionar los padrones. Ricardo Gil Lavedra, Graciela Camaño y Gustavo Ferrari, entre otros, ya impulsaron en el Congreso un pedido de informes al respecto.
Para opacar, siquiera en parte esa queja, Cristina firmó otro decreto que crea el Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Generales, que estará integrado por delegados de cada partido que compite. Un recurso para sacarle a la oposición el argumento de que la elección se pilotea desde el Ministerio del Interior.
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