“Cada vez que nos reunimos, inevitablemente volvemos a ese día”. Quien hace esta afirmación es Gonzalo Tellería, presidente de la Asociación Civil 6 de Agosto, que cada viernes reúne en la sede de la Mutual Cristiana, de Salta 1892, a un centenar de sobrevivientes, afectados, damnificados y familiares de víctimas de la tragedia de calle Salta 2141. “Nos juntamos para ver cómo seguimos, cómo paliamos las secuelas de la explosión, sobre todo las emocionales”, agrega.
La asociación comenzó a tomar forma en noviembre pasado. Sus integrantes se diferencian del grupo de familiares que activamente reclama justicia, “con métodos de escrache que no compartimos”, apunta Tellería, quien vivía en el 2º B de la torre que daba sobre Salta. La mayoría de sus vecinos murieron en la explosión. Por cuestiones laborales, aquella mañana fatídica el hombre se encontraba en Bahía Blanca y su mujer había salido 20 minutos antes de que se desencadenara el drama para llevar a su hija a la escuela. “No les pasó nada, pero perdimos todo”, resume.
—¿Cuáles son los objetivos de la Asociación 6 de Agosto?
—La necesidad de reunirnos surgió porque estábamos muy solos. Si bien en los primeros meses el Estado estuvo, con el paso del tiempo surgieron un montón de necesidades que no tuvieron respuestas. Discutimos mucho tiempo el objetivo de la Asociación, porque las necesidades son distintas: no es lo mismo el familiar que perdió a un ser querido que el damnificado, el afectado o el vecino. Pero hay necesidades comunes. La asociación se basa en cuatro pilares: justicia, memoria, ayuda y respeto. Todos los dolores son importantes, cada uno sufrió en menor o mayor medida y cada uno lo lleva como puede.
—¿Reciben contención psicológica?
—Nos contiene un grupo terapéutico sostenido por la Escuela de Psicología Social. Hay gente del barrio que no ha podio volver a trabajar; cómo afectaron las cuestiones físicas y emocionales, incluso, gente que perdió su trabajo por la forma en que fueron tratados después, o porque pedían licencias o permisos para ir al médico y finalmente los despidieron.
—¿Las ayudas económicas fueron insuficientes?
—El Estado dio una ayuda económica en las llamadas zonas 1 y 2, pero hay gente que vivía por calle Balcarce, que sufrió la onda expansiva y tuvo pérdidas importantes y no recibió nada. Somos casi cien personas las que formamos parte de la asociación.
—¿Por qué no pueden estar juntos en el pedido de justicia con el grupo de familiares que, por ejemplo, ocupó las oficinas de Litoral Gas esta semana?
—Desde el dolor ellos comenzaron con un movimiento de reclamos que entendemos y respetamos. A mucha gente que se sumó a la asociación no le parecía bien la manera de hacer el reclamo. Todos entendemos lo que significa la pérdida de un familiar directo, pero eso podía llevar a una escalada violenta. En su momento nos reunimos y se lo planteamos, quisimos trabajar con ellos, pero sentimos que no teníamos derecho a hacer el reclamo juntos porque nos planteaban una escala de dolor en la que una persona fallecida es más importante que nuestro dolor; nos decían que nosotros habíamos perdido un sillón únicamente. Es una posición que entiendo, pero es egoísta. En una reunión nos dejaron en claro que no querían participar de nuestros objetivos porque no coincidían con el pedido de justicia de ellos. Para nosotros fue una pena porque la explosión nos afectó a todos. Tenemos la puerta abierta, nos es que haya dos grupos, sino que tenemos objetivos diferentes. Ambos reclamamos justicia, seguimos la causa con nuestros abogados pero, por ejemplo, no puedo pedir de manera caprichosa que se impute a la intendenta porque a mí me parece que es responsable. Si lo es, lo dirá la Justicia.
—¿Participan de las marchas los días 6 de cada mes?
—Lo dejamos librado a cada uno. Hay gente que no va porque le afecta, gente que no va por el nivel de violencia. Hay gente que no acepta los escraches, gente que va a la convocatoria pero cuando comienza la marcha se va. Cada caso es entendible. Yo dejé de ir a las marchas porque nos han tildado de traidores, de que nos importaba la plata y no la justicia, cosas que me han dolido mucho y para evitar encontronazos dejé de ir.
—¿Tienen casos de gente que ha quedado con secuelas y no tiene ayuda?
—Las prepagas no cubren ciertos tratamientos u operaciones. Una chica, del décimo piso, profesora de inglés, perdió el 70 por ciento de la audición y le cuesta realizar su trabajo; debería operarse con un material costoso, importado, estamos viendo cómo la podemos ayudar. Otra chica, que llevó su embarazo con la séptima vértebra quebrada, con un tutor en la columna y tuvo a su hijo en diciembre, con muchos dolores, necesita un tratamiento porque sigue con un cuello ortopédico; o una mujer mayor a la que ayudamos hacer un trámite en la Anses porque no la atendían; hay un vecino que vivía enfrente del edificio, al que la puerta le cayó sobre una rodilla y su obra social le reconoció sólo dos resonancias, y la tercera ya le salió 1.500 pesos… Entonces, hay mucho por hacer.
Expropiar, ¿y quién conduce?
Desde la Asociación 6 de Agosto relevaron que al momento de la explosión en las seis manzanas que rodean Salta 2141 había 4 mil personas y los afectados directos fueron 2 mil, y más de 200 viviendas con problemas causados por la onda expansiva.
Gonzalo Tellería opinó sobra la posibilidad de que se expropie el terreno: “El derecho de pertenencia de ese espacio debe ser de todos. Si se logra la expropiación, nos deberemos reunir todos para tener un debate. Es un tema sensible porque hay propietarios que no tienen problemas en que se levante un nuevo edificio en el lugar, como un sentido de pertenencia. Además, los antecedentes de expropiación en este país no son los mejores, en general se paga mucho menos del valor real de mercado. Los familiares transformaron el lugar en un espacio para recordar a sus deudos y es totalmente comprensible; pero también hay muchos vecinos que no pueden pasar por la cuadra, que para ir a La Gallega dan toda la vuelta, o ven las cruces y no miran porque les choca… sostenido en el tiempo, a la gente le está afectando; pero a su vez es entendible, no por desprecio, sino que es gente que la pasó tan mal que prefiere no mirar. Es muy fuerte. No estamos en contra de la expropiación, no queremos que se avasalle el derecho de nadie. Si el Estado resuelve hacer un SUM habrá que ver quién lo maneja, de qué manera”.
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