Un total de 139 países ahora consagran la igualdad de género en sus constituciones, 125 declararon la ilegalidad de la violencia doméstica y 115 garantizan derechos igualitarios a la propiedad, aunque las mujeres siguen experimentando injusticias y desigualdades en el hogar, en el ámbito laboral y en la esfera pública, reveló hoy el primer informe elaborado por ONU Mujeres.
“Las bases para la justicia para las mujeres han sido sentadas: en 1911 sólo tenían derecho a voto en dos países y ahora ese derecho es casi universal. Pero la plena igualdad exige que las mujeres se conviertan en verdaderas iguales de los hombres”, dijo Michelle Bachelet, secretaria general adjunta y directora ejecutiva de la nueva agencia ONU Mujeres.
Con el título de “El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia”, el informe de casi 170 páginas aborda todas las cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres en el mundo y hace un llamado enérgico a combatir las inequidades que aún persisten.
En este sentido, el estudio revela que, aunque la violencia doméstica está prohibida en 125 países, 603 millones de mujeres viven en territorios donde no se considera un delito. En este punto, el informe destaca la creación en la Argentina de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que facilita la coordinación entre los distintos organismos de atención a la víctima.
El informe también releva la situación laboral: 117 países cuentan con leyes sobre igualdad de remuneración; pero en la práctica las mujeres todavía perciben hasta un 30 por ciento menos que los varones en algunos países, según datos aportados por la Organización Internacional del Trabajo.
“A pesar de que las leyes sobre igualdad salarial llevan décadas de vigencia, la brecha en los salarios todavía es profunda y persistente en todos los sectores y regiones”, señala el informe, que pone como ejemplo a la Argentina (29 por ciento), Polonia (22 por ciento) y la República de Corea (24 por ciento).
Las mujeres además realizan una mayor cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en todas las regiones del mundo. Mundialmente, el 53 por ciento de las mujeres que trabajan –600 millones en total– se desempeñan en empleos vulnerables como el autoempleo o el trabajo no remunerado prestado en negocios familiares, que carece de la protección de las leyes laborales.
Además, explica el informe, existen “evidencias contundentes de países como Ruanda, Nepal y España”, según las cuales un mayor número de mujeres en el Parlamento acelera las reformas en favor de los derechos de las mujeres.
En el caso de América latina, Argentina encabeza junto con Bolivia y Ecuador la tasa más alta de parlamentarias de la región con más de un 30 por ciento, pero no es una proporción que se alcance en la gran mayoría de los países.
“Los cambios en las leyes, cuando se las observa adecuadamente, sientan las bases para cambiar actitudes y modificar la situación de las mujeres en la sociedad”, destaca “El progreso…”. E inmediatamente admite que “los avances se han logrado gracias a los esfuerzos de individuos, la sociedad civil y los gobiernos” que empoderaron a las mujeres a través de cambios jurídicos, incluyendo las garantías de igualdad salarial, la adopción de cupos parlamentarios y velando para que conozcan sus derechos y los hagan cumplir.
Sin embargo, “la reforma legal es sólo un comienzo; las leyes deben ser implementadas para que se traduzcan en verdadera igualdad”.
En general, el informe encuentra que muy frecuentemente las leyes no se cumplen de manera apropiada. Las razones son que “muchas mujeres no se atreven a denunciar los delitos debido al estigma social y a sistemas judiciales débiles; a los costos y las dificultades prácticas de buscar justicia”.
Actualmente numerosos gobiernos están adoptando medidas de carácter práctico para que la justicia sea más accesible para las mujeres, mientras otros deberían imitar el ejemplo, advierte el estudio.
Y en este sentido recomienda invertir en centros integrales de atención que aglutinen servicios judiciales, jurídicos y de salud en un lugar y reduzcan la cantidad de pasos que una mujer debe seguir para acceder a la Justicia, y emplear a más mujeres policías, como sucede en América latina, donde las comisarías de la Mujer han favorecido un aumento en las denuncias de violencia de género.
También insta a ofrecer asistencia y alfabetización legal para las mujeres como ocurre en países tan diversos como Pakistán, México, Fiji y Kirguistán, con el fin de garantizar que conozcan sus derechos y puedan manejarse en los sistemas judiciales o a crear tribunales móviles, como en la República Democrática del Congo, que llevan la justicia a las mujeres que habitan en zonas rurales remotas.
ONU Mujeres comenzó a trabajar en enero, con la esperanza de elevar la conciencia sobre la violencia de género y la discriminación.
En su primer informe pidió a los gobiernos derogar las leyes discriminatorias contra la mujer, e invertir en sistemas de justicia que satisfagan las necesidades de las mujeres, como la creación de tribunales especializados.
Comentarios