La aplicación de controles y restricciones cambiarias cumplió un año. La medida fue tomada por el Ejecutivo nacional después de una minicorrida del dólar, a pocos días del triunfo en las urnas que abrió camino al segundo mandato presidencial de Cristina Fernández. A doce meses de aquella disposición y a contramano de las sugerencias del establishment financiero, el gobierno volvió a poner el eje en el rol del Estado en la economía y envió al Congreso un proyecto de ley para actualizar la regulación del mercado de capitales, con la idea de incorporar nuevos jugadores al negocio bursátil.
“No es la solución para los problemas que tenemos, aunque el proyecto incorpora algunos mecanismos para un mejor funcionamiento del mercado. Dado que es imposible avanzar en una reforma de la ley de Entidades Financieras, estas reformas parciales (sumando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central) lo que hacen es arrimarle un poco de leña al fuego para que la actividad en el mercado de capitales no decaiga”, consideró Diego Añaños, docente de la Universidad Nacional de Rosario.
En diálogo con El Ciudadano, el analista económico indicó: “En el país tenemos un problema estructural que es mucho más grave. No tenemos profundidad dentro de nuestro sistema financiero. La actividad financiera está muy poco desarrollada. Algunos consideran que estas medidas pueden ahuyentar capitales, porque ponen restricciones. Otros creen que si no hay regulaciones los estamos induciendo a mayor volatilidad, a la utilización no productiva del capital, imperdonable para una economía emergente”. Y agregó: “No podemos tener capitales inmovilizados solamente funcionando en términos de operatoria financiera; se necesita volcar parte de ese volumen al sector productivo”.
El proyecto de reforma del mercado de capitales incluye la eliminación de la autorregulación y establece la fiscalización estatal permanente, la reorientación de las inversiones y la desmonopolización de la actividad de agentes de bolsa. La iniciativa ingresó al Congreso en una semana movida, con altibajos en la cotización de los bonos argentinos al compás de las notas rebajadas por las calificadoras de riesgo. También se sumó la discusión sobre el accionar de fondos buitre que no ingresaron al canje de deuda –el 7 por ciento del total de los tenedores de bonos argentinos–, los mismos que retienen la Fragata Libertad en Ghana (África), y la nueva decisión de la provincia de Chaco de cancelar en pesos otra parte de la deuda contraída en dólares. Como para calmar tanto agite, CFK ratificó días atrás que la Argentina cancelará sus próximos compromisos de deuda en billetes verdes.
“Todo esto tiene que ver con un contexto donde se toman medidas con una altísima restricción cambiaria. La Argentina está repitiendo una vieja historia de restricción externa, una cosa que ha sucedido de manera sistemática pero que se acrecienta en este momento por el impacto de la crisis. Asoma la incapacidad de la economía argentina de generar todos los dólares que necesita para desarrollarse”, señaló Añaños.
“El comercio internacional se restringe y la Argentina sufre el problema histórico de una estructura económica desequilibrada. En este contexto se busca generar dinero de donde se pueda. Una de las opciones es tratar de transformar las colocaciones financieras, en parte al menos, en colocaciones productivas”, sostuvo el docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
La propuesta de reforma del mercado de capitales da lugar a otros entes, como las universidades, a calificar el riesgo de un bono a la hora de orientar una inversión. “Las calificadoras de riesgo nunca han acertado un pronóstico ni han hecho una evaluación que sirva para una previsión. Los informes de las calificadoras no los tomo en serio. La misma semana que Moody’s le bajaba la calificación a la deuda con el argumento de que en Argentina los agentes económicos no tenían acceso a los dólares, el Banco Central habilitó el pago de 1.242 millones de dólares a bonistas privados”, recordó Añaños.
“En términos de derechos –continuó– lo que sostienen en Estados Unidos es que Argentina entró en default virtual porque se niega a pagar a los bonistas cuando un tribunal internacional está obligando a pagar; o está intentado trasladar un sitio de pago, cosa que también se considera un default virtual. Queda la opción de pasar el dictamen de (el juez de Nueva York Thomas) Griesa a la Corte de Estados Unidos. Aunque es posible que esta situación tenga una resolución política”.
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