Más allá de la retórica inicial sobre la continuidad de la política de Estado para juzgar los crímenes de la dictadura y mantener activa la memoria, el primer paso significativo del gobierno de Mauricio Macri va en sentido equivocado y enciende las alarmas. La reunión del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), como mínimo, resucita la nefasta teoría de los “dos demonios” que iguala la violencia guerrillera con el terrorismo de Estado. La persistencia del intento nos obliga a reiterar: no hay punto de comparación ni cualitativo ni cuantitativo. Si se tiene en cuenta que este tipo de organizaciones, más allá de una pátina humanitaria para equiparar el dolor de las víctimas, pronto deja saber su intención de lograr impunidad para los represores y niega o relativiza la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura, el encuentro con el funcionario de derechos humanos del gobierno toma otra gravedad y envía una peligrosa señal.
El dolor de las víctimas de toda violencia merece respeto y justicia, pero nunca debe ser utilizado con un objetivo de tergiversar la historia. Los activistas del Celtyv se ocuparon de resaltar en las últimas horas la singularidad de haber sido recibidos por un gobierno democrático. Peor todavía, el encuentro sostenido el jueves último se torna ofensivo con la memoria al haber tenido lugar en la ex-Esma, el campo de concentración más atroz de la dictadura, que hoy alberga lugares para el recuerdo, edificios administrados por organismos de derechos humanos y a la secretaría de Avruj.
Si bien el Celtyv no reivindica la dictadura militar 1976-1983 tan explícitamente como abogados y familiares de represores encarcelados agrupados en Justicia y Concordia, sí manifestó plena coincidencia con el editorial del diario La Nación de diciembre pasado. Esa nota, rechazada con claridad por Avruj, expone un negacionismo más sofisticado que se desarrolló en los últimos años, incluso con la colaboración de ex guerrilleros que, en conflicto con su pasado, pretendieron avanzar hacia la siempre falsa “reconciliación”.
En 2015, la Universidad Católica Argentina hizo su aporte a la búsqueda de impunidad al organizar sesiones con víctimas “de ambos bandos”, dando cuenta de la vigencia de sectores de la Iglesia que no cesan en su prédica retrógrada.
Más por efecto del paso del tiempo que por su buen juicio, Macri se encuentra ante la posibilidad de no seguir ese camino. Puede incluso fundar una derecha democrática que condene de una vez y para siempre los métodos aberrantes que transitaron la historia argentina, sin dudas, ni atajos, ni complicidad. ¿Se animará?
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