El titular dela UCR, Mario Barletta, presentó ayer ala Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que denunció amenazas al “ejercicio del derecho a la libertad de expresión” en el país.
Entre los hechos contra la prensa, el radicalismo menciona los bloqueos a la planta del diario Clarín, la prohibición de vender ese diario en el Mercado Central y la clausura de los puestos que se negaron a obedecer la orden.
Junto a los presidentes de los bloques legislativos radicales, el diputado Ricardo Gil Lavedra y el senador Luis Petcoff Naidenoff, Barletta advirtió que durante 2011 la gestión de la presidenta Cristina Kirchner “intensificó su estrategia política” dirigida, según consideró, a “ahogar o presionar a aquella prensa crítica a las políticas del gobierno”.
Además, acusó al gobierno nacional de “aumentar significativamente la cantidad de medios afines mediante una utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria”.
En el informe que remitió a la relatora especial parala Libertadde Expresión dela CIDH, Catalina Botero Marino,la UCRacusó al gobierno de fomentar “la acción directa a través de grupos cercanos al oficialismo o bien la inacción de agentes estatales”.
El trabajo incluye la medida cautelar y el allanamiento a Cablevisión y la inhibición general de bienes al diarioLa Naciónque ordenóla Afip, en contra de la medida cautelar dispuesta porla Corte Supremahasta que se resolviera la pelea impositiva de fondo.
También sostuvo que se utilizaron “mecanismos de censura indirecta con amenazas de sanciones administrativas o penales; una utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria estatal castigando severamente a los medios críticos y premiando desembozadamente a los adictos” y “el uso de todos los medios de difusión estatales como propaladores de propaganda del gobierno”.
“Se utilizó el ciclo Fútbol para Todos para difundir exclusivamente propaganda oficial y se registró la creación y manejo arbitrario de señales digitales que se destinan a personas de derecho público no estatal y a empresas privadas absolutamente afines con el gobierno, aún antes de que se convoque a licitación o concurso alguno”, afirmó Barletta en su presentación.
Señala como un caso de censura indirecta las denuncias judiciales del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra varias consultoras que difundían índices de inflación superiores a los del Indec. “La presión surtió los efectos buscados, porque las consultoras dejaron de difundir sus índices para evitar persecuciones”, dice el informe, que recuerda que desde entonces un grupo de diputados de la oposición difunde esos índices desde el Congreso”.
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