Manuel Parola
Especial para El Ciudadano
Los trabajadores de la cooperativa Linares Trechel están entre los actores que esperan que la Corte Suprema de la Nación recuerde que tiene en uno de sus cajones el litigio que definirá el destino de los cotizadísimos terrenos fiscales donde está emplazada la empresa, justo en la zona ahora conocida como Puerto Norte. Carlos Gavio, presidente de la cooperativa, se muestra optimista ante lo que depare el futuro, pero es tajante al decir que las dos necesidades más imperiosas de la embotelladora son, por un lado, la llegada de un subsidio que pueda ayudar a sostener la actividad en forma asociativa, y la resolución favorable al conflicto en el histórico barrio Refinería que podría: o bien entregarle la propiedad al empresario gastronómico Gabriel Mana, o confirmar el control estatal de esas 3,6 hectáreas de terreno ubicado en avenida Francia entre Caseros y Junín, donde también habitan 70 familias de manera precaria, muchas desde hace décadas.
La disyuntiva apareció en 2016, al momento en que Mana, dueño del emprendimiento El Tortero, se presentó a través del Fideicomiso del Alto como el dueño de esos terrenos que eran del ferrocarril, apoyándose en la firma de algunas decenas de vecinos del asentamiento precario Islas Malvinas mediante la figura legal de usucación: reclamó al Estado nacional la “prescripción adquisitiva” de los terrenos en su favor, tras adquirir numerosas parcelas.
No pocos concejales y también funcionarios de la gestión socialista advirtieron ante este reclamo que, desde 2013, el empresario había comenzado a hacer firmar a los vecinos la entrega de los terrenos tras promesas de dinero, sin entender muy bien qué era aquello que rubricaban: una artimaña jurídica para hacerse de los terrenos, que son de propiedad del Estado nacional, denunciaron.
El litigio tuvo su primer revés en el 2017, cuando el reclamo fue rechazado, continuó hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que falló a favor del Estado tras volver a decirle no a la demanda en enero de 2018, y escaló hasta la Corte Suprema, tras ese último intento de Mana.
Los cortesanos no tienen plazos para sus fallos, y después de cuatro años, ese expediente sigue sin ser atendido: tanto los vecinos de Islas Malvinas como también los trabajadores de Linares Trechel aún no saben qué va a suceder con los terrenos en donde están radicados. A favor o en contra, están a la espera de la certeza de un futuro, que a lo largo de los últimos años tuvo diversas iniciativas tanto del municipio como de ediles de distintas bancadas, todas hipotéticas.
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En ascuas
Carlos Gavio, el presidente de la cooperativa Linares Trechel, ubicada en avenida Caseros 160, que otrora fuera el corazón de Refinería, cuenta que no dejaron nunca de trabajar desde que comenzó la pandemia, aunque admite que la situación “no es fácil”: los insumos que requiere la actividad están dolarizados, por lo cual condicionan la producción en un panorama de especulación constante por parte de los mercados paralelos y de presión cambiaria: “Son todos productos que vienen de afuera, que vienen de China, de Japón, que se usan para el amargo” expone Gavio.
“Los conservantes, las esencias, se compran en Buenos Aires pero todo al dólar oficial. Si se mantiene, más o menos va bien. La vamos sobrellevando dentro de todo. Del 2014 hasta la fecha, nosotros cuando arrancamos, un camión de botellas lo pagábamos 30 mil pesos, completo de botellas. Y ahora sale casi 300 mil (pesos), un camión” describe.
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La empresa elabora, fracciona, despacha y distribuye las distintas bebidas que produce, con el esfuerzo y organización de las 24 personas que integran la cooperativa: “Venimos luchando desde que se formó la cooperativa en el 2013” cuenta el presidente de la cooperativa.
“El 18 de marzo del 2013 se fueron los patrones, nos dejaron en Pampa y la vía y se llevaron todo”, salvo las máquinas para producir. Es que, según advierte Carlos, la maquinaria de la fábrica es muy vieja y frágil. Y eso a la vez conlleva un riesgo: “Si nos llegan a pedir los terrenos, movés las máquinas y chau: se destruyen. Pero hasta ahora nosotros venimos trabajando con esas máquinas, las vamos arreglando en la medida de lo que se pueda”.
Al ser consultado sobre la relación con el barrio y la situación de los terrenos en disputa, Gavio afirma que el vínculo con los vecinos es pacífico, pero que “hace mucho que no viene ningún político” y que no han podido tener ningún tipo de respuesta por parte del intendente Pablo Javkin ante las solicitudes de diálogo sobre el futuro de los terrenos, actitud que rompió con el ida y vuelta que habían tenido con la gestión inmediatamente anterior de la Municipalidad.
“Hemos tenido reuniones con las autoridades de la Municipalidad cuando estaba (Mónica) Fein, pero hasta ahora no ha venido nadie a que nos diga que nos tenemos que ir” relata el titular de la cooperativa, y continúa: “He hablado con (el secretario de Ambiente y Espacio Público Diego) Leone, y nos dijo que cualquier cosa que llegara a pasar, se sentarán las partes a hablar y nos tendrán que dar otro predio para poder seguir fomentando las fuentes de trabajo”, relató.
Gavio cuenta que ha tratado de comunicarse con el intendente Javkin, pero no ha obtenido ninguna respuesta. “Estaría bueno poder conversar, para que él sepa cómo está funcionando la cooperativa”, reflexiona el presidente de Trechel.
Sobre el litigio que decidirá el futuro de los terrenos, Gavio, aunque “hasta ahora no tenemos ningún indicio de nada”, no pierde el optimismo y espera que las parcelas donde está emplazada la cooperativa pasen efectivamente al Estado. “Nosotros mantenemos el terreno, cortamos el pasto… no nos sobra la plata ni tenemos una espalda para decir: bueno compramos tanta cantidad de insumos para seguir trabajando. Es el día a día y cuesta bastante, pero estamos trabajando, que es lo importante. Hemos recibido en otras épocas algún subsidio, muy poca plata que cuando te la daban no sobraba nada, pero todo sirve”, explicó.
“Nosotros estamos en manos de la jueza (Silvia) Cicutto, todavía no compramos la empresa con los créditos laborales. (Los abogados que acompañan a la cooperativa) Nos han dicho que, a lo mejor para este año la marca ya sea nuestra. Desde que formamos la cooperativa la jueza nos dio una viabilidad para poder seguir expotándola y seguir trabajando, que es lo más importante en este momento”.
El 4 de julio de 2013 la jueza Cicutto dictó la quiebra. Después obtuvieron la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y en marzo de 2014 la justicia determinó la viabilidad de la cooperativa, para la que trabajan hoy 24 personas. “Con los créditos laborales, de tantos años, se puede comprar la marca cuando se dictamine que nos la van a dar a nosotros. Pero van pasando los años, y en algún momento se tiene que dar”, dice esperanzado el cooperativista.
Gavio responde, aunque jocoso, contundentemente y sin titubeos ante cuáles son las principales necesidades de la empresa: “¡Plata! Algún tipo de subsidio que nos pueda ayudar a sostener la actividad” y la eventual resolución sobre lo que pasará con las parcelas de la Unidad de Gestión 3, así llamadas por la Municipalidad de Rosario: “No sé qué es lo que van a fallar (los cortesanos) con respecto a eso. Hay que esperar. Yo tengo fe de que todo se arregla y en el mismo lugar en donde estamos. si nosotros movemos las maquinarias de ahí, chau. Tendría que poner mucha plata el que se vaya a quedar con todo esto”, dice en referencia a los terrenos fiscales.
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