En una sesión accidentada, luego de que los diputados del PJ dejaran el recinto en desacuerdo con el avance de una serie de proyectos que no fueron consensuados, el Frente Progresista logró aprobar tres iniciativas que considera clave: la ampliación por ley del Plan Abre a todas las ciudades de la provincia, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y la Ley de Turismo. Los tres proyectos fueron aprobados sólo con los votos del oficialismo.
Con la votación de este jueves, el Plan Abre –que se implementa por decreto desde 2014 y alcanza a cinco localidades– ya es ley. Lo más curioso es que el autor de la iniciativa por la cual el programa ahora se aplicará en todas las ciudades es el senador peronista Armando Traferri, quien logró luego de dos intentos que el proyecto se convierta en ley y pueda continuar luego del cambio de gobierno.
Los otros dos proyectos tuvieron media sanción y fueron girados al Senado, que sesionará el 17 y el 31 de octubre. La reforma del Código Procesal Civil y Comercial es una iniciativa del gobierno de Miguel Lifschitz y apunta a sumar instancias de mediación y oralidad en los procesos que se llevan adelante en ese fuero. En tanto, la Ley de Turismo fue elaborada por los diputados oficialistas Julio Garibaldi y Victoria Tejeda y tiene por objeto establecer los principios, criterios e instrumentos destinados a dirigir el accionar de los organismos públicos del Sistema Turístico Provincial.
Antes de la votación, los 11 integrantes del interbloque del PJ dejaron sus bancas y se fueron del recinto disconformes por la decisión del Frente Progresista de avanzar con los proyectos sin haber logrado acuerdos previos entre los distintos espacios políticos. En particular, al PJ le hizo ruido la sanción definitiva del Plan Abre ya que compromete a la próxima gestión de Omar Perotti. El diputado Luis Rubeo calculó que la ampliación del programa demandará unos 3.400 millones de pesos durante 2020, el primer año de gestión de Perotti.
Los diputados del PJ se fueron del recinto con fuertes críticas al oficialismo
Para toda la provincia
El Plan Abre funciona por decreto desde 2014. Se empezó a instrumentar en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez y luego se sumaron Santo Tomé y Pérez. El senador Traferri presentó un proyecto para darle fuerza de ley, que tuvo media sanción unánime de la Cámara alta el pasado 29 de agosto.
El objeto de la ley sancionada este jueves es extender el Plan Abre (cuyo nombre formal es Programa de Intervención Integral de Barrios) a todas las ciudades de la provincia. El programa busca “reducir los índices de vulnerabilidad, violencia e inseguridad que afectan a toda nuestra población”, según los fundamentos del proyecto elaborado por Traferri, además de “asegurar su alcance en la justa equidad que merecen todos los ciudadanos del territorio provincial”.
Es la segunda vez que se trata el tema; en la ocasión anterior, en 2017, los senadores también aprobaron la propuesta, pero luego no fue tratada en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. En esta ocasión, para sorpresa de los diputados del PJ, el oficialismo decidió llevar el tema al recinto y con sus propios votos lo convirtió en ley.
Si el gobierno promulga la ley, algo que deberán consensuar el actual mandatario Miguel Lifschitz y su sucesor Omar Perotti, el programa se aplicará en los 55 municipios de la provincia. De esa manera, el Ejecutivo podrá llevar adelante intervenciones urbanas integrables, pero además habrá recursos para que los municipios puedan comprar bienes de uso, equipamiento y contratar obras menores para los barrios más vulnerables.
El miércoles, intendentes electos y en funciones se reunieron con senadores y diputados provinciales para reclamarles la sanción del Fondo de Obras Menores (de tal manera de poder destinar la mitad de esos recursos a gastos corrientes) y de la ley del Plan Abre. El primero de esos temas deberá esperar, ya que se encuentra en estudio en el Senado. En tanto, el Plan Abre ya es ley, a pesar de los tironeos políticos registrados durante la última sesión.
Lo que más ruido generó en el PJ es el financiamiento del programa. El proyecto establece que provincia constituirá un fondo especial en el presupuesto que no podrá ser menor al equivalente del 6% del monto presupuestado el año anterior correspondiente al impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, la iniciativa contempla que el Ejecutivo provincial podrá destinar a las localidades créditos, aportes o subsidios aprobados por la Legislatura.
Código Civil y Comercial
Además, la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual se transforman los juzgados de Primera Instancia de Circuito en Primera Instancia de Distrito y las cámaras de Apelación de Circuito en Salas de Apelación en lo Civil y Comercial y se suma la oralidad y la mediación, entre otros cambios.
“Es una reforma muy trascendente para la provincia de Santa Fe, producto de un proceso participativo, y luego de dos años de intensos debates de todos los actores del sistema, que agiliza y simplifica los trámites y plazos”, resumió el jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi, miembro informante del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Los cambios incluyen modificaciones en unos 250 artículos para abordar “cuestiones funcionales y su adaptación a la Constitución Nacional y al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, indicó Galassi. “El objetivo es buscar un mecanismo más rápido, para que quienes demanden justicia la tengan en tiempos más acotados, siempre reafirmando la gratuidad y haciendo hincapié en los más vulnerables”.
Entre otros cambios, se introduce la notificación y el domicilio electrónico y se incorporan todos los medios tecnológicos disponibles para avanzar en la digitalización de pruebas e informatización de trámites como el expediente digital y las oficinas digitales.
Por su parte, el diputado de la UCR Jorge Henn señaló que “esta modificación va a tener un fuerte impacto en la vida de la gente ya que tarde o temprano las personas firman un contrato, alquilan una casa, se casan, se separan o intentan adoptar un niño/a por sólo mencionar algunos ejemplos. Para cada una de estas situaciones necesitamos un procedimiento civil y comercial”.
“Lo más importante –agregó Henn– es que le va a hacer más fácil la vida cotidiana a los santafesinos. Entre los cambios más importantes quiero destacar la implementación del proceso oral por audiencia, porque permite acercar el juez a las partes en conflicto. La oralidad es transparencia, es democratización y humanización del proceso”.
Una prueba piloto realizada recientemente en Tribunales de Rosario y Santa Fe, con miras a la implementación de la oralidad, arrojó resultados alentadores. “En principio –explicó el diputado radical– la duración de un juicio de estas características logra disminuir los plazos de resolución de un conflicto a un año, mientras que antes podía llevar diez años. Asimismo, más del 99% de los encuestados que participaron de las 2272 audiencias que se efectuaron con esta modalidad, respondieron que estaban satisfechos con el trato recibido”.
Ley de Turismo
La Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto que declara de “interés provincial” y “política prioritaria del Estado” a la actividad turística “por su capacidad dinamizadora de la economía e integradora de la sociedad. El proyecto apunta a darle un marco normativo a la política turística provincial y le otorga un carácter prioritario dentro de las políticas de Estado.
“El turismo receptivo internacional es una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas, resultando los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y educativo de la actividad turística aliados estratégicos del Estado provincial para su desarrollo, como así también el del turismo interno y social provincial”, sostiene el proyecto.
Entre las acciones que se promueven se encuentran “el desarrollo integral y equilibrado del turismo en la provincia de Santa Fe, la promoción en los mercados emisores actuales y potenciales de orden regional, nacional e internacional, la fiscalización de actividades y servicios turísticos en todo el territorio provincial, promover el desarrollo de emprendimientos ecoturísticos, en un marco de participación de las comunidades implicadas y del respeto de sus intereses, y la instrumentación del turismo social y del turismo integralmente accesible, para garantizar la inclusión en su disfrute y participación por todos los sectores de la sociedad, incentivando así la equiparación de oportunidades”.
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