Cuando Nélida Alicia Gutiérrez cuenta el calvario que junto a su esposo Juan Antonio Bustamente vive desde hace más de una década no puede contener las lágrimas. La mujer, de 74 años, llora sin consuelo ante la inminente orden de remate de la modesta casa de la zona sudoeste en la que viven y que compraron en marzo de 1974. Los dos son discapacitados, ella apenas puede incorporarse a causa de una afección degenerativa en la columna. El hombre, también de 74 años, sufre de trastornos psiquiátricos seniles y cardiopatías severas. Ella cobra la jubilación mínima. Él, algunos pesos más. Con angustia esperan que la Cámara de Apelaciones Sala 4ª contemple su situación.
El pedido de ejecución de la casita ubicada en un pasaje a metros de Provincias Unidas y La Paz fue iniciado en febrero de 2001 por el prestamista que les facilitó el dinero a los jubilados. El matrimonio pudo pagar sólo cuatro cuotas completas de la deuda y una quinta en forma parcial. Aseguran que trataron en reiteradas ocasiones de refinanciar la deuda, de modo que les fuera posible cancelarla. Sin embargo, el acreedor nunca les dio la posibilidad de negociar.
La causa siguió su curso en el Juzgado Civil y Comercial de la 10ª nominación en los Tribunales provinciales de Rosario, a cargo del magistrado Eduardo Oroño, quien en octubre del mismo año de haberse iniciado dictó sentencia. El oficio firmado por el juez ordenaba la ejecución y subasta inmediata de la vivienda del matrimonio Bustamante.
Según consta en el expediente, a partir del edicto se celebraron muchas audiencias de conciliación con el fin de llegar a un acuerdo de pago. “Nosotros queremos pagar, siempre quisimos pagar. La situación se fue de las manos, cuando sacamos el crédito el dólar y el peso estaban uno a uno”, explica Nélida entre lágrimas.
Malas decisiones
Mientras Nélida cuenta cómo fue que fueron a parar a manos de un prestamista, una luz débil que entra por la ventana de la cocina apenas le ilumina la cara. Confiesa que nada puede sacarle la sensación de desconcierto y temor que le genera el riesgo de perder su vivienda. La mujer, además, sufrió un ataque de presión que la dejó con limitaciones de movilidad en brazos y piernas, lo que se suma a las incapacidades físicas que ya tenía.
Está sentada y sin embargo se aferra a su bastón canadiense, como un intento por sentirse segura. La inestabilidad no es sólo corporal.
Así, recuerda que un hermanastro de su esposo, con quien el matrimonio tenía muy buena relación, quería ser pastor y poner una iglesia evangélica. Para eso, el hombre les dijo que necesitaba viajar a Europa para contactarse con las personas que le indicarían los pasos a seguir. “Me vendieron un paquete con moñito y todo y yo lo compré”, se lamenta la mujer. Según cuenta, su pariente volvió de España después de varios meses y sólo se hizo cargo de las cuatro primeras cuotas y de la quinta en forma parcial.
“Después nos dijo que no podía pagar más, que teníamos que hacerlo nosotros”, dice y vuelve a quebrarse por el llanto.
Para obtener el dinero, Nélida y Juan acudieron a Samuel David R., quien les concedió un préstamo hipotecario por 13 mil dólares en enero de 2000. De acuerdo a lo aportado en el expediente por la defensa de los jubilados, “se trató de un contrato con cláusulas predispuestas por el acreedor que el deudor no tuvo posibilidad de discutir, sólo de aceptar o rechazar, conteniendo un pacto de intereses abusivos”.
Condiciones abusivas
Según explicaron los ancianos, el contrato que firmaron con el prestamista establecía que, en caso de mora, los intereses punitorios serían del 80 por ciento anual, ya que además se pactó un 20 por ciento anual de compensatorios. Con esas condiciones, en el contexto de plena crisis de 2001 y con el dólar en aumento constante, los jubilados aseguran que “se hacía imposible de pagar”.
Nélida y Juan Antonio tuvieron un respiro cuando por diversas normas nacionales y provinciales se suspendieron los remates hasta 2010. En la ocasión, los deudores solicitaron en la Justicia la aplicación de la ley Nº 13.116 de refinanciación de créditos hipotecarios, para así hacer frente a la deuda contraída mediante el descuento de sus haberes como pasivos. No obstante, Samuel David R. pidió la inconstitucionalidad de la mencionada normativa y el juez Oroño decidió dar lugar a la solicitud del prestamista, cuya consecuencia es la subasta de la vivienda única y de ocupación permanente del matrimonio de jubilados.
Nélida y Juan Antonio despliegan en la mesa de la cocina de su casa un abanico de papeles. Algunos acreditan su discapacidad física, otros son los fallos de la Justicia.
También enseñan los recibos de los pagarés con que cancelaron las primeras cuotas al acreedor y sus últimos recibos de sueldos en los que consta que la mujer cobra de bolsillo 1.700 pesos y el hombre, algo más de 2.400. Hoy esperan el dictamen de los magistrados Jorge Peyrano, Avelino Rodil y Edgar José Bacarat, integrantes de la Cámara de Apelaciones Sala 4ª.
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