El sindicado jefe del narcotráfico en el Bajo Flores porteño, Marco Antonio Estrada González, alias “Marcos”, y otros 15 imputados fueron procesados con prisión preventiva acusados de integrar una organización destinada al tráfico de drogas que era manejada desde la cárcel.
La medida fue adoptada por el juez federal Sergio Torres, quien encontró al peruano Marcos, detenido por causas similares en la cárcel de Ezeiza, y a su esposa, la argentina Silvana Salazar, “jefes” de la banda y trabó un embargo de 630.000 pesos sobre sus bienes.
En el fallo, el magistrado sostuvo que todos los acusados están “debidamente organizados con el afán de llevar a cabo en el interior e inmediaciones de la villa 1-11-14 diferentes acciones de corte delictivo, entre ellas el tráfico ilícito de droga a gran escala y otras conductas ilícitas”.
El juez explicó que la banda se dedicaba a “la introducción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución definitiva de distintas clases de narcóticos, entre ellos marihuana, cocaína, y sus derivados, tales como paco, ya sea en grandes cantidades o en pequeñas porciones destinadas al consumo individual”.
También los acusó de almacenaje y uso permanente de todo tipo de armamento y municiones, con el claro objetivo de mantener la “hegemonía territorial” de la zona.
Según el fallo, se halló coautores de tenencia de estupefacientes a Dante Roosevelt Pacheco Ore, Roberto Hanco Bullón, Danny Mainza Contreras, Andrea Alejo Gutiérrez, Miguel Ángel Enciso, Luis Torres Astupiñan y Prisciliano Villalba Cristaldo.
También se les atribuye el mismo delito a Priscila Flores Núñez, Luis Reyes Cruzado, Giovanni Chulles Frías, Carlos Fleishman Culqui, Lucía Melgarejo, Yassir Ahmed Sánchez y Roberto Huamanchumo Alcalde y a cada uno se les trabó un embargo de 290.000 pesos.
Todos son ciudadanos peruanos, excepto Flores Núñez y Melgarejo, que son paraguayas, y varios son familiares de Marcos.
En una extensa resolución de 234 carillas, Torres explicó que la banda inició sus operaciones en mayo de 2009 y las extendió hasta octubre pasado, cuando algunos de sus miembros ya estaban presos y otros en libertad, los cuales ahora quedaron detenidos.
Las actividades de la organización pudieron comprobarse a través de decenas de allanamientos en los que se secuestraron droga, elementos de corte, balanzas, celulares, casi 200.000 pesos en efectivo, armas y documentos falsos.
También dio un gran aporte la declaración que prestó uno de los imputados, que se acogió a la ley del “arrepentido”, un testigo de identidad reservada y el entrecruzamiento de llamadas.
El fallo destaca que la banda operaba dentro de una zona de la villa conocida como El Sendero, entre las manzanas 15 y 23, pero últimamente también había ampliado su actividad a las 13 y 26, desde donde desplegó todos los movimientos necesarios para el comercio de droga a gran escala.
En la banda, cada miembro cumplía un rol: organizadores, financistas, control de operaciones, supervisión de ventas de droga y recolección del dinero de la comercialización.
En un escalón más bajo se ubicaban los “campanas” (encargados de poner en alerta sobre la presencia de extraños), “soldados”, “marcadores” o “perros” (individuos armados que impiden el paso hacia la zona protegida), “punteros” o “corners” (dedicados a la distribución de narcóticos al menudeo) y “mulas” o “burritos” (encargados del transporte de la droga).
En base a la declaración del arrepentido, el juez pudo determinar que Marcos, a pesar de estar detenido, continuaba manejando el negocio de la droga desde el penal, a través de celulares que les llevan sus familiares.
En tanto, su esposa, cumplía el mismo rol desde una casa de Ezeiza en la que se encuentra bajo arresto domiciliario.
Estrada González ya fue condenado en 2004 por liderar una asociación ilícita dedicada al tráfico de drogas, enfrenta un juicio oral por delitos similares y ahora se le suman estas nuevas acusaciones.
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