Luego de que le negaran el envío de información clave que podría develar si la droga fue cargada o no en la Argentina el juez en lo penal económico Rafael Caputo planteó la posibilidad de viajar a España para tomar contacto con la causa que tramita en ese país por los 944 kilos de cocaína que transportó hasta Barcelona un avión de la empresa Medical Jet.
Asimismo, y a raíz de últimos allanamientos en una empresa de seguridad que tenía a cargo la custodia de uno de los dos portones a la base aérea de Morón, bajo responsabilidad de la Anac (Administración Nacional de Aviación Civil), se determinó que los controles eran débiles.
El juez Caputo también firmó en las últimas horas un oficio en respuesta a un pedido de su par Norberto Oyarbide, quien le reclamó copias de la investigación que tiene a su cargo para ver si guardan relación con la megacausa por la “mafia de los medicamentos”.
En el mismo, Caputo, a cargo temporalmente del juzgado (el juez titular Alejandro Catania está de licencia), le negó copias de los quince cuerpos que tiene el expediente sobre la base que la investigación está bajo secreto de sumario y aún hay medidas de prueba que se están realizando.
Como opción, le ofreció como posibilidad a Oyarbide que algunos de sus secretarios se presenten en los Tribunales de avenida de los Inmigrantes para en persona leer lo pesquisado hasta el momento.
En los últimos días y mediante un nuevo exhorto en el que Caputo solicitó información a España, además le planteó la posibilidad de que alguien de su juzgado viaje a ese país para poder tener acceso a la investigación que se sigue, y en la que están detenidos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret.
La alternativa que ofreció el juez fue a raíz de que en reiteradas veces desde España le negaran copias de la causa, fundando en que también allá está bajo secreto de sumario; la última respuesta que recibió Caputo fue vía Interpol donde sólo hacían mención a que la investigación está bajo reserva.
La información que le interesa sobre todo al juez, es los datos de la computadora del Challenger, para saber el peso del avión en el trayecto Buenos Aires-Cabo Verde y desde esa Ciudad a Barcelona, y donde estaba oculta la droga, lo que permitiría inferir el tiempo que se tardó en cargarla.
Mientras tanto, Caputo avanzó con un allanamiento realizado a mitad de semana en la empresa de seguridad privada USS SA, ubicada en la localidad bonaerense de Vicente López, la cual está contratada por la Anac para realizar el control de uno de los dos portones de acceso que tiene bajo su mando en la base aérea de Morón.
En el allanamiento se secuestraron los registros que se hacían en un libro, donde los custodios se limitaban a anotaban “novedades” o bien algo fuera de lo común que sucedía a diario, pero no quienes ingresaban por ese portón a la base.
A partir de allí se concluyó que los controles en ese acceso eran laxos, a diferencia de lo que sucedía en el portón principal bajo control de la Fuerza Aérea donde sólo se consignaba el nombre de las personas que ingresaban y los vehículos con los cuales lo hacían.
En uno de esos registros, se constataron al menos algunos ingresos de Eduardo Juliá a bordo de su auto BMW a la base aérea de Morón donde el avión Challenger estuvo estacionado durante casi dos meses antes de partir para Barcelona.
Mientras tanto, Caputo y el secretario Martín Castellano prosiguen con la gran cantidad de declaraciones testimoniales a personal de la Fuerza Aérea y a alumnos de la escuela de vuelo Flight Center, ubicada en un sector de la base aérea de Morón.
A cada uno de los testigos, se le hacen alrededor de 45 preguntas, entre ellas sobre los controles en la base y sobre los ingresos de los Juliá, al igual que con los más de doscientos integrantes de la Fuerza Aérea que trabajan en Morón.
Tal como definió el juzgado, las declaraciones proseguirán a un ritmo de unas veinte por día, y recién cuando el juez titular Catania reasuma el 18 de febrero podrían empezar a conocerse otras medidas de mayor trascendencia.
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