El senador radical Mario Cimadevilla renovó ayer sus duras críticas contra la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, mientras se espera que esta semana la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, se pronuncie sobre las numerosas impugnaciones contra la elección popular de los consejeros de la Magistratura.
Luego de que se conocieran tres fallos más vinculados a la elección de Magistrados: dos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien ratificó la suspensión de las elecciones, y otro del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, que se declaró incompetente, se espera que Servini resuelva sobre la validez o no de esta norma.
En tanto, continuaron ayer las críticas sobre la ley 26855, que prevé la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y uno de los más enfáticos objetores fue el senador nacional Cimadevilla (UCR-Chubut) quien expresó que “este gobierno quiere que la Constitución y la ley los sirvan a ellos”.
El consejero de la Magistratura también aseguró que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “es la frutilla del postre de la reforma judicial” porque, argumentó, “la funcionaria cree que la Constitución es ella y esto es una locura”.
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó ayer su apoyo a los pedidos de inconstitucionalidad que distintas entidades presentaron ante la Justicia contra la reforma al Consejo de la Magistratura.
La agrupación sostuvo que “el nuevo sistema de elección de la totalidad de los integrantes del Consejo mediante sufragio universal elimina el «equilibrio» que exige el artículo 114 de la Constitución entre quienes representan a órganos políticos y quienes representan a los jueces y abogados de la matrícula federal y las personas provenientes del ámbito académico y científico”.
En medio de las críticas, los abogados del Estado presentaron ante el juzgado de Servini de Cubría un escrito que fija su postura ante al menos cinco presentaciones de varios partidos políticos y asociaciones de jueces y abogados contra la nueva ley del Consejo.
Por su parte, el juez Bibel se declaró incompetente “en razón de la materia y del territorio” para actuar en un planteo del Colegio de Abogados de Necochea, y remitió el caso a la jueza federal.
En cambio, Lavié Pico dio lugar a los amparos, al advertir que hay “indicios serios y graves con relación a la ilegitimidad de la norma”, y además declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma que limita las cautelares contra el Estado.
El Estado cumplió con los tiempos dispuestos por Servini de Cubría y el viernes presentó un escrito en el que pide a la jueza que rechace los amparos contra la elección popular de los magistrados. De esta forma, a partir de hoy Servini estará en condiciones de expresarse sobre la validez de la norma a pesar de que pesan sobre la ley más de diez cautelares en todo el país.
Cuestionan “accionar de la corporación judicial”
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, afirmó que “el país vive una profunda sensación” a raíz del “accionar de la corporación judicial”. El funcionario nacional formuló estas declaraciones este sábado en Tucumán, donde se realizó el primer encuentro federal “La sociedad le habla a la Justicia”, que tiene como fin promover la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada y ya sancionada por el Congreso.
El Ministerio de Justicia informó al respecto que “en los próximos meses” Álvarez y funcionarios de esa cartera, encabezada por Julio Alak, “recorrerán todo el país con el objeto de debatir el presente y el futuro de la reforma judicial”.
El secretario recordó que el Poder Judicial siguió funcionando durante el terrorismo de Estado y que si bien muchos jueces “están dando la pelea desde adentro”, los sectores corporativos de la Justicia “no quieren que se democratice el único poder que no está sometido a la voluntad popular”.
El viceministro cerró el encuentro, realizado en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación “María de los Ángeles” y madre de la joven desaparecida Marita Verón.
“Las reflexiones jurídicas se tienen que dar de cara a la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer abogados, legisladores, ciudadanos y juristas cuando nos reunimos”, planteó Álvarez, y afirmó que el gobierno “no especula” y da “discusiones de fondo”.
A su vez, Trimarco, que a fines del año pasado vivió la absolución de todos los imputados en la causa por la desaparición de su hija, señaló que sufrió “mucho maltrato de parte del Poder Judicial”.
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