El santuario de la Fundación Sëshen estaba en la ciudad cordobesa de Cura Brochero y durante siete años fue explotado por un matrimonio que se hacían llamar sanadores egipcios cuando en realidad era una secta que captaba a personas vulnerables, a quienes les sacaron miles de dólares, de acuerdo a la causa que empezó en 2021 en la Justicia ordinaria de Córdoba tras ser detenido el principal sospechoso –un uruguayo que se presentaba como psicólogo y líder espiritual–, su esposa, el hijo de ambos junto a otros nueve implicados. Entre estos acusados estaba una funcionaria del poder Judicial santafesino. Al año siguiente, el expediente pasó al Juzgado federal N° 3 de dicha provincia que consideró que estos nueve sindicados eran en realidad víctimas y no cómplices por lo que el martes pasado los nueve fueron sobreseídos.
La causa
La Fundación Académica Sëshen funcionó desde 2014 en una estancia de la localidad cordobesa de Cura Brochero, del Valle de Traslasierra. Estaba liderada por el uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, de 63 años, quien se hacía llamar “Sahú Ari Merek o licenciado”, un supuesto maestro de sanación egipcia.
A principios de marzo de 2021, la Justicia de Córdoba comenzó a investigarlo luego de que un ex miembro de la congregación denunciara a su líder por estafa. Desde ese momento, la causa fue bautizada como la “secta de los sanadores egipcios” y acumuló unas 15 presentaciones de víctimas de las ciudades cordobesas como Cura Brochero, Mina Clavero o Huinca Renancó.
El expediente quedó a cargo de la fiscal Analía Gallaratto, de la Secretaria Penal de Control de Cura Brochero y para mayo de 2021 ya había once personas detenidas entre las que se encontraba Aparicio Díaz, su esposa Laura Carolina Cannes y su hijo Máximo Aparicio Díaz.
Este núcleo familiar estaba considerado como los líderes de una asociación ilícita que se dedicada a estafas y el ejercicio ilegal de la profesión, ya que Aparicio Díaz se hacía pasar por psicólogo. Es que el uruguayo dictaba onerosos cursos y terapias junto con sesiones de terapia para cerrar su paquete espiritual con un viaje a Egipto para alcanzar la sanación y la espiritualidad. Los cursos tenían seis niveles, cada uno era mensual y se llegaban a dictar en un día de 9 a 18.
Voceros judiciales indicaron que algunas las víctimas contaron que lo habían hecho en 2019 y les había costado 50 mil pesos por nivel. También describieron que debían pagar por las sesiones de psicología que les daba Aparicio Díaz por Zoom. Para finalizar esta etapas debían viajar a Egipto, sus víctimas pagaban todo y le tenían que abonar al uruguayo 2.500 dólares en efectivo.
Cuando la Justicia provincial de Córdoba allanó la Fundación Seshen —que figuraba en el Afip en el rubro servicios para la salud humana— le secuestraron 4 mil dólares y 400 mil pesos en efectivo, armas de fuego y documentación para la causa.
Para ese momento, ya había 11 detenidos entre los que figuraba Aparicio Díaz, su esposa junto a nueve personas, la mayoría mujeres que habían sido captadas por el matrimonio. El hijo de la pareja seguía el proceso en libertad.
Víctimas, no cómplices
La causa de la secta de los sanadores egipcios tuvo su repercusión en territorio santafesino, ya que una de las apresadas era funcionaria del poder Judicial de Santa Fe. Se trataba de Liliana Patricia Marcial, quien había ingresado en 2006 y se desempeñaba desde mayo de 2019 en la Fiscalía de Atención a la Víctima, ubicada en Urquiza y Tucumán, de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal cordobesa la imputó en abril de 2021 por ser parte de la asociación ilícita que funcionó desde el 1° de enero de 2014 hasta el 17 de marzo de 2021 y que cometió “fraudes, coacciones y ejercicio ilegal de la profesión de psicología” en perjuicio de una serie de personas que practicaron sanaciones egipcias con los cabecillas de la organización: Aparicio Díaz y su pareja Laura Carolina Cannes”.
Puntualmente, la fiscal describió su rol como quien “se encargada de gestionar la parte legal del funcionamiento diario de la organización delictiva, como por ejemplo la redacción de los contratos de confidencialidad que debían firmar las personas que eran coopatadas por la secta”.
Desde ese momento la mujer sostuvo su inocencia y junto a las otras ocho personas que habían sido apresadas se dedicaron a batallar con sus abogados defensores para demostrar su inocencia.
Liliana pasó un año en prisión hasta que la causa pasó en marzo de 2022 al Juzgado federal N° 3 a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja y la Fiscalía de Carlos María Casas Noblega.
En julio del año pasado fueron liberadas seis personas y con el tiempo le llegó el turno a Liliana, quien fue sobreseída este martes 13 de febrero junto a los otros ochos implicados, ya que la Justicia federal consideró que habían sido víctimas de trata de personas.
“Este sobreseimiento significa que estas nueve personas, que estuvieron detenidas por más de un año, fueron absueltas. El juez y el fiscal consideraron que han sido víctimas del delito y que no eran las personas que cometieron un delito”, explicó la abogada defensora Vilma Cech a medios cordobeses.
El líder de la secta, Álvaro Juan Aparicio Díaz; su esposa, Laura Carolina Cannes y su hijo Máximo Aparicio Díaz continuarán imputados por asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la profesión de la psicología y se les sumó el cargo del fuero federal por “trata de personas con fines de explotación laboral y económica, y reducción a la servidumbre o condición análoga agravada por la cantidad de víctimas, por ser ministro de culto y por la consumación de la explotación”.
Jorge Sánchez Del Bianco, abogado de otra de las absueltas, adelantó a Cba24n que pedirán ser querellantes particulares como víctimas de trata personas y un resarcimiento económico por estar más de un año detenidas.
En este tiempo, familiares, amigos y allegados a las nueve personas hicieron una página en la red social Facebook llamada “Víctimas secta Seshen” donde contaron el accionar del matrimonio Aparicio Díaz-Cannes.
Los relatos coinciden en que el “licenciado” elegía en su mayoría a profesionales y los captaba por redes sociales. Se aseguraba de que las víctimas estuvieran pasando por alguna situación traumática o enfermedad, que estuvieran vulnerables. Las manipulaban con sus hijos, las alejaba de sus familiares, también las convencían para que se mudaran de su hogar o dejar a su pareja para así aislarlas.
Uno de los testimonios que se publicaron fue el de Flavia Stefanich, de 44 años y otra de las sobreseídas en la causa como la funcionaria santafesina, quien sumó a estas declaraciones situaciones de violencia, abuso y reducción a la servidumbre cuando en el 2020, con la excusa de la pandemia mundial del Covid 19, Aparicio Díaz reunió a las víctimas en el campo Pozos Azules, predio cercano a Cura Brochero, porque era el “Fin de la Sociedad” y en ese lugar no iba a llegar el coronavirus. Otros relatos dieron cuenta que les hicieron llevar 30 kilos de comida a cada una de personas que captaron.
En el sobreseimiento a Liliana Marcial, el juez federal Vaca Narvaja argumentó que “había sido víctima de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la esclavitud, servidumbre o condición análoga, bajo un escenario de manipulación psicológica y persuasión coercitiva”, fundamentación que coincidió con la presentación del fiscal federal, según explicaron voceros judiciales.
En el fallo ordenó además levantar prohibición de salir del país que pesaba sobre la mujer, y que había sido impuesta por la Justicia provincial de Córdoba. En tanto, dispuso notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que deberá resolver la situación laboral de Liliana Marcial, que en la actualidad se encuentra suspendida del cargo y con la mitad de sus haberes retenidos.
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