El directorio de Vicentin deberá lidiar en los próximos días con varios frentes de tormenta. Los principales acreedores pidieron una auditoría forense para determinar los motivos que llevaron a una empresa próspera a la actual situación, mientras que la Justicia Federal avanza en distintas investigaciones que involucran a los accionistas de la empresa y a ex funcionarios del macrismo.
A solo una semana del plazo final para la presentación de los acreedores en el marco del concurso –el 25 de agosto–, la el juez federal Julián Ercolini inhibió los bienes de Algodonera Avellaneda –controlada por Vicentin– y pidió copias de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente Mauricio Macri referidas a los préstamos del Banco Nación. Ercolini también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex presidente de esa entidad, Javier González Fraga.
Los principales acreedores de Vicentin le pidieron a la Justicia provincial que autorice una auditoría forense para determinar los motivos del colapso de la empresa, que a fines de 2019 se declaró en “estrés financiero” y entró en default. El pedido fue presentado ante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien tiene en sus manos el concurso de acreedores de la firma oriunda de Avellaneda.
La auditoría forense es un proceso que involucra conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros y se utiliza generalmente en causas judiciales por fraude o malversación de fondos.
El pedido fue presentado por los principales acreedores de Vincetin: el Banco Nación, los bancos IFC y FMO y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Entre los cuatro reúnen la mitad de la deuda total de Vicentin.
Según el escrito divulgado este martes por el portal Punto Biz, se trata de “un paso indispensable” para el futuro de la convocatoria de acreedores, que vence el próximo 25 de agosto.
“Las conclusiones (…) servirán de apoyo también a una decisión si corresponde o no el desplazamiento íntegro del directorio de Vicentin”, señalaron los acreedores en la presentación ante el juez Lorenzini, quienes reclaman una explicación “seria, técnica y profesional” sobre lo sucedido durante el último año.
La auditoría solicitada deberá incluir un análisis exhaustivo sobre el grupo económico, sus flujos de caja y sus operaciones de exportaciones, entre otros. También pidieron un inventario de mercaderías y que se levante el régimen de confidencialidad para poder acceder a los correos electrónicos de los directores de Vicentin.
Madrugada violenta: trabajadores de Algodonera Avellaneda denuncian “persecución” y “amedrentamiento
Inhibición de bienes
El juez federal Julián Ercolini decretó este martes la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda SA, propiedad del Grupo Vicentin, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a favor de la cerealera.
El magistrado dispuso una serie de medidas a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación en la que se analiza la “posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin”.
De acuerdo con el expediente, esa operación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos”, que actualmente “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos” y a la espera de un concurso preventivo.
Vicentin: la Justicia ordenó inhibir los bienes de la Algodonera Avellaneda
La inhibición de bienes de la Algodonera Avellaneda “tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables” de esa firma y la “prohibición de innovar la composición accionaria” sin ser notificada a las autoridades correspondientes.
El magistrado no dispuso la inhibición general de bienes de la firma Vicentin SAIC porque ya está inhibida por el juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso de acreedores de la empresa, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Al requerir las medidas, el fiscal Pollicita había señalado que “los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.
Para ello, los funcionarios “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó Pollicita en base a documentación probatoria recibida en la causa.
González Fraga, hasta las manos
El juez Ercolini también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga.
El magistrado dispuso la misma medida sobre otras 24 personas, entre las que se encuentran el ex vicepriedente del Banco Nación, Lucas Llach, y los directivos de la empresa oriunda de Avellaneda Máximo Padoan y Sergio Vicentin.
Macri, complicado
Además, el juez Ercolini solicitó al juzgado de Lomas de Zamora que lleva adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente, vinculado a la gestión de préstamos para la empresa Vicentin.
Es otra medida requerida por el fiscal federal Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez Ercolini en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.
Según se informó semanas atrás en la señal de noticias C5N, en el celular de Nieto fue encontrada una anotación en el block digital del 22 de noviembre de 2019, en la que alguien indicaba: “Hablá con Martín Mura (ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires) por préstamo a Sergio Nardelli (por entonces, CEO de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”.
Vicentin, ante los fantasmas del desguace y la extranjerización
Fuentes del gobierno la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Télam que, efectivamente, a fines del año pasado Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación, vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin, pero que finalmente la propia entidad bancaria rechazó esa solicitud tras evaluar la documentación presentada por la empresa.
Al ordenar la medida, el juez Ercolini sostuvo: “Atento a los recaudos que demanda la producción de una diligencia de esta índole, solicítese al titular del juzgado mencionado que, por medio de la misma división que se encuentre efectuando el estudio pericial del teléfono celular secuestrado a Darío Nieto, encomiende la obtención de una copia forense de su contenido para ser elevada a este tribunal, de la que se indique indefectiblemente el correspondiente valor hash”.
A su vez, señaló, que “deberá detallarse cada paso llevado a cabo para realizar dicha copia forense y asegurarse en todo momento la adecuada preservación de la cadena de custodia del elemento secuestrado y de los datos informáticos del celular, como así también de la copia forense, con la indicación de los funcionarios intervinientes, los lugares de traslado y la fecha y hora en la que se produzca cada acto”.
El celular de Nieto fue secuestrado en el expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal luego de que el nombre del secretario privado de Macri –en la actualidad y durante su gobierno– apareciera mencionado en mensajes de Whatsapp intercambiados entre algunos de los espías imputados y la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.
Piden copias de información vinculada a Vicentin hallada en el celular del secretario de Macri
Comentarios